El comprador era un recluso, dueño de un comercio que podía administrar gracias a que gozaba de salidas transitorias que la mujer procesada había habilitado, sin el amparo de la Justicia. Este recluso fue procesado también, pero por un delito de abigeato, luego de que aprovechara esas salidas para robar 21 lechones de un emprendimiento productivo del INR, con el objetivo de vendérselo a un productor que los faenó y los vendió, y que también resultó procesado.
Algunos de esos lechones faenados fueron vendidos a otros presos, a personal policial y a funcionarios del INR.
Según explicaron fuentes de la investigación a El Observador, este recluso estuvo a cargo de la producción ganadera del centro –que incluía vacas para lechería y cerdos para su faena- a pedido de la ex directora procesada. Antes, el hombre le había comprado al INR seis terneros por US$ 1.500, y más de 40 lechones por una cifra no revelada, aunque la venta se hizo sin la documentación que corresponde para este tipo de transacciones, y el dinero nunca fue depositado en la cuenta bancaria del instituto como lo dispone el reglamento.
Aunque la ahora procesada dijo que esos fondos fueron destinados para pagar el mantenimiento y las cuentas de la cárcel, no fue presentada ninguna documentación que pruebe dichos gastos. En lo que refiere a donaciones, por decisión de la ex directora del centro se vendía parte de los 100 kilos de yerba que la cárcel recibía por concepto de donación, y que estaba prevista para consumo de los internos y el personal.
El recluso con el que la ahora procesada hacía negocios no es el único que gozaba de privilegios, según contó una fuente a El Observador. Por el contrario, eran varios a los que se le permitía salir de la cárcel pese a que no existía una orden judicial que lo habilitara.
La investigación que terminó con el procesamiento con prisión de la exdirectora de la cárcel de Paysandú comenzó hace un año, cuando una funcionaria judicial denunció irregularidades ante el INR. El Departamento de Vigilancia de esta institución investigó el accionar de la funcionaria, lo que culminó con su destitución en diciembre de 2016 e inició una denuncia penal por corrupción.
