Julio Bango dijo que en el gobierno del FA la prioridad era mejorar las condiciones de los hogares porque si cierran "mucha gente queda a la deriva"
El exsecretario del Sistema Nacional de Cuidados, Julio Bango, dijo que la situación de los residenciales para adultos mayores "no es desconocida" ya que el Frente Amplio "hizo el primer censo a estos lugares" en 2014.
En medio de la pandemia por coronavirus, con más de 30 contagios y dos fallecimientos en hogares de ancianos, el gobierno difundió la última actualización de un informe realizado por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) en colaboración con la Cruz Roja Uruguaya.
A fines de marzo, estaban habilitados 41 de los 1.208 residenciales registrados y diez centros iniciaron los trámites de renovación del permiso ante el Ministerio de Salud Pública (MSP). Unos 15.000 adultos mayores viven en estos residenciales registrados y, además, hay varias casas informales donde residen ancianos. Según datos oficiales, hay 208 residenciales en situación crítica y 110 no cumplen con todas las condiciones de respeto a los derechos humanos.
Bango explicó que en 2016 la nueva regulación sobre los residenciales de larga estadía modificó la forma de habilitar y controlar estos lugares. "La habilitación final le corresponde al MSP pero el Mides a través de Inmayores (Instituto Nacional de las Personas Mayores) tiene que hacer la certificación social del funcionamiento y el MSP hace el control de los aspectos sanitarios y la infraestructura", comentó.
Sobre los mecanismos de control, Bango aseguró que luego de reuniones con "residenciales de todo el país" se cerraron algunos en los cuáles "las personas no podían estar viviendo ahí".
El titular del Mides, Pablo Bartol, dijo que hasta ahora "la experiencia muestra que, en alguna ocasión, cuando el Mides ha cerrado un centro, no se encuentra lugar para reubicar a sus residentes". Por este motivo, la estrategia para mejorar el sector empieza con el desarrollo de nuevos espacios.
Y esa fue la misma situación con la que, según Bango, se encontró el Frente Amplio durante su último gobierno. Al respecto, sostuvo que este problema "lleva tiempo para resolverse".
"Si ves un residencial que funciona mal y no hay dónde llevar a las personas podes ir mejorándolo, pero cerrarlo es la ultima opción. Muchas veces esa gente queda a la deriva", detalló.
Bango explicó que el Mides, durante la gestión del FA, comenzó un "proceso de formación de recursos humanos" ya que fueron certificados cerca de 250 trabajadores de hogares de ancianos y otras 400 personas "estaban listas para comenzar este año".
El decreto aprobado en 2016 indicó que los establecimientos "tienen el plazo de dos años a partir de la aprobación del decreto para contar con al menos un cuidador que cumpla con las capacitaciones correspondientes de acuerdo al Sistema Nacional Integrado de Cuidados".
A esta condición se agregó que en una fecha límite de cuatro años, "la totalidad de los cuidadores deben de tener la formación requerida. De esta forma, también los establecimientos tendrán un plazo máximo de dos años para contar entre su personal con un profesional del área social que participará en la elaboración, evaluación y revisión del proyecto de centro, elaboración de protocolos, además de generar actividades con familiares".
El exsecretario destacó los préstamos para que en los residenciales se comprara equipamiento y realizar pequeñas obras de infraestructura, por el que se les otorgaba $ 550.000 "con tasas muy bajas".
"La estrategia era mejorar los controles de fiscalización y por otro lado dar oportunidades para mejorar la calidad", subrayó.
Sobre los 110 hogares que no cumplen con las mínimas condiciones de respeto a los derechos humanos, Bango dijo que esa cifra "es de hace mucho tiempo, nosotros la dimos".
Según Bango, la pasada administración diseñó un "programa de bonos permanente" -que todavía no está en marcha- para que cuando cierre un residencial, la gente que no pueda pagar otro lugar un poco más costoso, reciba un bono como parte de la cuota para el nuevo hogar,
"Lo estábamos diseñando cuando vino el cambio de gobierno, es una alternativa para ir resolviendo esos casos", apuntó.
Para que un residencial comience a funcionar no es obligatorio que esté habilitado, pero sí debe registrarse para empezar el proceso. Desde la Asociación de Residenciales del Adulto Mayor señalaron que los controles en los centros "se están realizando solo por denuncias concretas, pero no hay cuerpo suficiente para inspeccionar residencia por residencia", según dijo el directivo Juan Sparkov a Radio Universal.
En el decreto actual se establece que el control y la fiscalización estará a cargo de MSP y del Mides, con sanciones que van desde una observación hasta la clausura.
Sobre la habilitación, Bango destacó que si bien hay "procesos engorrosos", es "necesario pedir ciertas condiciones" antes de comenzar, aunque no detalló cómo se realizaban los controles una vez que comenzaban a funcionar.
La habilitación de Bomberos era uno de los trámites que llevaba más tiempo, según el esxecretario. "Ahora los residenciales pueden presentar la firma de un arquitecto que se hace responsable que el hogar está en condiciones de funcionamiento y se presenta como que ese trámite ya está cumplido", finalizó.