16 de julio de 2013 19:25 hs

El Frente Amplio (FA) ratificó este martes en el Parlamento el proyecto de ley que imputa responsabilidad penal a los empresarios en casos de accidentes laborales. Los legisladores del partido de gobierno aseguraron que continúan en busca de la redacción del articulado para aprobarlo antes de fin de año.

La iniciativa fue respaldada durante la visita del ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, a la comisión de Legislación del Trabajo de Diputados. Pese al pedido del gobierno de moderar el proyecto que legislaba en base al delito de peligro, en el Frente Amplio hay sectores que insisten con esa figura delictiva.

“El texto original ya falleció y estamos trabajando sobre el criterio de la instalación de la penalidad a partir del delito de peligro. La bancada del Frente entendió que el texto que hizo ingreso el año pasado a la comisión no era conveniente mantenerlo a partir de algunos observaciones racionales de algunos puntos de inconsistencia que tenía, y a partir de ahí transitamos hacia la definición del delito de prevención. En eso estamos trabajando”, dijo a El Observador el diputado del PVP, Carlos Coitiño, uno de los impulsores de la normativa.

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Aunque el Ejecutivo también manifestó ayer su respaldo al objetivo de la ley en el sentido de prevenir las muertes por accidentes laborales, todavía restan definir los detalles del articulado. En la primera reunión de Brenta y legisladores se acordó que una comisión determine las características del texto definitivo.

En diciembre del año pasado el FA presentó un primer proyecto que establecía la responsabilidad penal en caso de muerte o lesión grave, pero no determinaba responsables específicos. Ese texto fue dejado a un lado y sustituido por uno nuevo de artículo único redactado en base al delito de peligro. Sin embargo, hay sectores que presentan reparos sobre esa figura delictiva.

Hace un mes el Ministerio de Trabajo solicitó a la bancada oficialista que realice modificaciones a un texto presentado por el FA donde se establecía legislar en base al delito de peligro, el cuál supone que un empresario puede ir preso por no contar con los elementos de seguridad necesarios. Además Brenta pidió delimitar las con exactitud las responsabilidades. Desde ese momento comenzó el debate en la izquierda.

“Es un proceso complejo con puntos de vistas distintos”, reconoció Coitiño. “Lo que quedó claro es que el tema sigue, no está archivado y la bancada está comprometida en dar una respuesta a la brevedad y que después se expondrá a la mayoría del plenario”, culminó.

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