El Frente Amplio (FA) evalúa "acciones parlamentarias" contra el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, luego de que Búsqueda divulgara este jueves el contenido del informe que el contador elaboró en el marco del juicio internacional que presentó Aratirí contra el Estado uruguayo.
Las bancadas de diputados y senadores de la coalición de izquierda emitieron una declaración en la que sostienen que el jerarca "faltó a la verdad" sobre su "rol en el arbitraje multimillonario que accionó la minera".
Además, señalaron que les resulta "llamativo" que el director de la OPP le pida al "pueblo uruguayo hacer sacrificios fiscales cuando él ha puesto todo su esfuerzo" para hacer "perder miles de millones de dólares en un arbitraje internacional".
El contador dijo en enero de este año que declaró en Washington "a requerimiento del Estado uruguayo" y argumentó que su participación en el juicio estaba ligada a la elaboración de un informe sobre la ley de promoción de inversiones y su aplicación en el país.
Además, sostuvo que había sido contratado "en carácter de experto" para redactar un "informe técnico".
No obstante, la información a la que accedió el semanario señaló que el contador consideró que la minera Aratirí podía haberse acogido al régimen de promoción de inversiones, por lo que fijó una postura sobre el tema, además de hacer un análisis de la normativa.
"No encuentro motivos económicos y financieros para denegar la declaratoria de promoción de inversiones a Aratirí como tal", indicó Alfie en un pasaje de su informe. Y en otro dijo que desconocía "casos donde se haya denegado el beneficio de un proyecto particular, al menos desde el punto de vista de la reglamentación en sí misma si cumple con los requisitos legales y reglamentarios para recibirlo".
En agosto de este año la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya falló a favor del Estado uruguayo en el juicio iniciado por Aratirí, aunque el tribunal no se pronunció sobre el fondo de la controversia y exigió a la empresa que pagara US$ 4 millones a Uruguay por los gastos ocasionados.
De esta manera, el tribunal hizo lugar a la "objeción de jurisdicción" presentada por Uruguay, entendiendo que los demandantes (Ritika Mehta, Vinita Agarwal y Prenay Agarwal, los últimos dos hijos del fundador de la compañía, Pramod Agarwal), en calidad de beneficiarios discrecionales del fideicomiso que "indirectamente tenía cierta titularidad sobre el proyecto minero, no eran titulares al momento de los hechos de un bien protegido por el Convenio y por tanto carecían de legitimación para plantear una pretensión con respecto a una inversión".
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