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Familia de Valeria Sosa "Pedimos un poco de respeto. No nos pidieron ni disculpas"

La madre y los hermanos de la mujer asesinada en 2017 dicen que demandar civilmente al Estado es una manera de intentar "que no haya otra Valeria"

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26 de mayo de 2018 a las 05:00

Beatriz Olivera abre la puerta de su casa y una pared violeta se destaca. Hace un año y medio estaba vacía pero desde febrero de 2017 la foto de su hija, Valeria Sosa, quedó colgada junto a dos cuadros con mosaicos que también pretenden homenajearla.

"Elegí esa pared porque el violeta es el color de la transmutación", dice Beatriz sentada en el comedor, desde done le resulta imposible evitar la foto de su hija, asesinada de un disparo el 30 de enero de 2017 por su expareja.

A partir de aquel día, Valeria pasó a ser la alegría que solía contagiar, la simpatía que la caracterizaba y el compañerismo que nunca faltaba en su familia. Por eso, cuando su madre va al cementerio se convence de que su hija no está ahí, de que ese lugar donde deja flores es solo su "vehículo" pero que ella está en esos recuerdos que intentan sanar un duelo eterno, que está cargado de impotencia.

Ese sentimiento crece cuando Beatriz y dos de los tres hermanos de Valeria, Alexandra y Willy, piensan en las denuncias por violencia doméstica que hizo su hermana en 2015 contra quien en ese entonces ya era su expareja, pero que no tuvieron la consecuencia que la Policía le había prometido.

El hombre que terminó siendo su asesino era policía y en la seccional en la que se presentó le prometieron que le iban a retirar el arma apenas se presentara a trabajar, tal como lo indica un protocolo elaborado por el Ministerio del Interior. "Andá tranquila para tu casa", le dijo la policía que la atendió, según recuerdan. El protocolo ministerial establece que el arma de reglamento de policías denunciados por violencia doméstica debe ser retirada de manera preventiva y es una junta médica la que evalúa el momento en el que se le puede devolver. Pero pasó más de un año desde la última denuncia de Valeria y su muerte y nada de eso se aplicó porque la denuncia nunca llegó a destino.

Luego de aquel 30 de enero, el caso de Valeria sonó con fuerza no solo porque era uno de los primeros femicidios del 2017, sino porque evidenció una falla institucional para proteger a víctimas de violencia de género. La historia terminó con 19 policías sumariados.

Para Beatriz y sus hijos, el sumario a los policías implicó revivir la muerte de Valeria. Mientras el Ministerio del Interior realizaba la investigación administrativa, debieron ir a declarar y testificar a favor de una policía que pertenecía a la seccional donde Valeria radicó una de las denuncias y a quien se la acusaba de no haberla derivado a la Unidad Especializada de Violencia Doméstica de forma debida.

"Nos falta una integrante en la familia. No es fácil. Pasa el tiempo y se la extraña", Alexandra Olivera, hermana de Valeria Sosa.

La familia Olivera afirmó ante autoridades ministeriales que esa policía acusada por sus compañeros no estaba cuando Valeria hizo la denuncia junto a su madre en noviembre de 2015. Frente a ellos estaba también la policía que ese día le tomó la denuncia y le dio tranquilidad a Valeria.

"Tuvimos que verle la cara a esa policía que es la que le dijo que vaya tranquila para la casa que le retiraban el arma...", cuenta su madre, con enojo en su voz.

Con la misma voz, sus hijos reviven el dolor que les causó no haber recibido condolencias por parte del Ministerio del Interior luego de del homicidio de Valeria. Y aún así opinan con tristeza que haberse decidido a presentar una demanda civil contra el Ministerio del Interior fue la única forma que encontraron para que se intente reparar un error que, entienden, le costó la vida a Valeria. El martes 22, casi un año y medio después de la muerte de la mujer de 29 años, el abogado Ignacio Durán presentó un escrito ante la Justicia en el que reclama US$ 700 mil por daño moral y US$ 32 mil por lucro cesante contra el ministerio.

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En la demanda se detallan no solo las dos veces que Valeria denunció a su expareja, sino las que consideran son acciones fallidas y de "responsabilidad expresa" del ministerio.

"Valeria confió en que la seccional policial cumpliera con su función, a pesar de que sabía que estaba denunciando a una colega de los propios funcionarios que le tomaron la denuncia", indica.

"Si los dependientes de la demanda hubieran tomado las medidas correspondientes los hechos en los que se funda la presente pretensión no se hubieran producido, o quizás no hubiese tenido el desenlace fatal correspondiente", agrega.

A los Olivera les costó convencerse de que una demanda civil era un camino posible. A Willy, por ejemplo, lo convencieron las decenas de casos que le siguieron al de su hermana. "Hubo una seguidilla y sigue habiendo y no hacen absolutamente nada. Si no les tocás el bolsillo no hacen nada para reparar", dice.

La familia reclama al Ministerio del Interior US$ 200 mil para Beatriz Olivera por daño moral, US$ 200 mil para cada uno de sus nietos –hijos de la víctima- también por daño moral y US$ 100 mil para cada uno de los hermanos de Sosa por la misma razón.

Su madre siente algo similar. Dice que demanda para intentar "que no haya otra Valeria". "Ojalá esto despierte un poco. Ojalá sea así. Yo al principio no quería saber de nada porque la plata no me va a devolver a mi hija, pero resolvimos que lo íbamos a hacer para que el ministerio se haga cargo y por justicia para Valeria. Pedimos un poco de respeto. No se nos acercó nadie a disculparse", reclama y sus hijos asienten con la cabeza.

Para Alexandra, la hermana mayor, la razón fue un poco distinta. Le dijo a su abogado que ella no quería saber "de nada" con una demanda civil pero que solo aceptaba por acompañar a su madre, que quería denunciar, y con la promesa de que la causa penal se seguiría paso a paso.

El abogado Durán aceptó sin dudarlo, aunque un poco le sorprendió el planteo y felicitó a la familia porque, les dijo, no es tan común que los familiares de la víctima quieran estar al tanto de qué sucede con el culpable en la justicia.

¿Y los hijos?

La familia tuvo que vivir otro calvario mientras lloraba la muerte de Valeria y veía cómo su caso ocupaba primeras planas de diarios y varios minutos en radio y televisión. Cuando la expareja de la mujer le pegó un tiro llevó a los dos hijos de ambos en un taxi a la casa de los abuelos paternos y se entregó a la Policía. A partir de ese momento, la lucha de los Olivera también fue por tener a los hijos con ellos.

Pasó más de un año y los niños viven con sus abuelos paternos de lunes a viernes y entre viernes y domingo están con la familia de su madre. Mientras tanto, Beatriz pelea por la tenencia definitiva de sus nietos. Dice que es un proceso desgastante pero que "lo vale" y se convence de ello cada vez que le piden que los lleve a jugar a una plaza o que el más pequeño –de 8 años- le dice que lo llame "Mercucho" porque así llamaba ella a Valeria.

Su hija sonríe en cada foto que adorna la casa. En algunas está con sus hijos, en otras con toda la familia y en varias sola, posando previo a bailar al ritmo de los tambores de alguna comparsa. Dicen que llenar la casa de imágenes de Valeria es una forma de tenerla cerca.

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