Nacional > Organizaciones siguen reclamando su omisión

Familiares y asociaciones señalan la falta de voluntad política del gobierno en búsqueda de justicia y verdad

Catalogaron al grupo creado por el presidente Vázquez de"inoperante" y dicen que los militares se siguen aprovechando de error legislativo
Tiempo de lectura: -'
22 de mayo de 2018 a las 05:00

La "gota que derramó el vaso" y que llevó a que este colectivo finalmente se apartara del grupo de trabajo en marzo de este año, agregó, fue la información falsa que proporcionó el comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, sobre la posibilidad de encontrar restos de desaparecidos en una chacra de Pajas Blancas. Pero allí no había nada y Familiares Desaparecidos exigió su renuncia, pedido que no tuvo eco en el gobierno.

"Un silencio que grita", "Un silencio ensordecedor", fueron algunas de las frases que encabezaron las fotografías de los rostros que cada 20 de mayo circulan por 18 de Julio en una nueva Marcha del Silencio en reclamo de justicia y verdad. Pero la fotografía real de esa búsqueda por los crímenes perpetrados durante la dictadura militar no grita, sino que se mantiene en un relativo silencio. Así lo advierten las víctimas y las organizaciones civiles que reclaman más resultados y le exigen al gobierno mayor decisión.

El presidente Tabaré Vázquez aún no recibió a los representantes de la Organización de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, que en febrero de 2017 reiteraron un pedido de entrevista para comunicarle que el grupo de trabajo por Verdad y Justicia –por él conformado al comienzo de su mandato en 2015– "era bastante inoperante".

Ignacio Errandonea, integrante del colectivo, dijo a El Observador que "desde el Estado no hay una decisión clara de que haya que investigar, y para tapar el ojo se crean organismos, secretarías y no se coordina nada, porque son pequeñas parcelas de poder, en las que sus integrantes se olvidan del fin para las que fueron creadas".

Pero sus discrepancias con el equipo de Verdad y Justicia –conformado por representantes de las comunidades judía y afrodescendiente, y los hijos de desaparecidos Felipe Michellini y Macarena Gelman– son en verdad más elementales: "Desde el punto de vista institucional no tiene potestades para trabajar, y se procede apelando a la buena voluntad o al arrepentimiento de alguien para que aporte información", dijo Errandonea, aludiendo al viejo problema de que escasean los militares que, teniendo datos, los compartan.

Falta de voluntad política

Desde el Observatorio Luz Ibarburu, una entidad civil creada en 2012 con el cometido de velar por que el Estado cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, se tiene una visión similar. Su coordinador ejecutivo, Raúl Olivera, cree que es sintomática la "enorme institucionalidad" creada por el Estado "que muchas veces es confusa y no permite articular la tarea" de investigar.

Durante el último gobierno colorado de Jorge Batlle se creó la Comisión para la Paz con el propósito de comenzar a estudiar las denuncias sobre la violación de los derechos humanos en la dictadura, y luego se creó la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Años después –ya con el Frente Amplio en el gobierno–, fue creada la Secretaría de Derechos Humanos, que funcionó en el Ministerio de Educación y Cultura, y que luego derivó en la Secretaría de Derechos Humanos que funciona en la órbita de Presidencia. También se creó una comisión interministerial encargada de cumplir la sentencia Gelman –un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obligó al Estado a encontrar los restos de María Claudia García y a reparar a su familia mediante una compensación económica de US$ 185 mil.

También funciona en el Ministerio del Interior una unidad encargada de auxiliar a la Fiscalía y la Justicia; en la Fiscalía General de la Nación hay una Unidad Especializada en Derechos Humanos y una Fiscalía de Derechos Humanos, creadas a fines de 2017 –aunque anunciada en 2009– y puesta en funcionamiento a comienzos de este año.

En suma, dijo Olivera, se trata de un exceso de instituciones que "a la luz de los pocos resultados obtenidos cabe preguntarse, ¿en dónde radica el problema?". La pregunta es retórica, porque para Olivera la respuesta es simple: "Falta voluntad política".

Además mencionó que entre 2011 – cuando se promulgó la ley interpretativa de la caducidad y volvió imprescriptibles los delitos de lesa humanidad cometidos en la dictadura– y 2013 –cuando la Suprema Corte de Justicia (SCJ) declaró que dos de los artículos de esa ley eran inconstitucionales– no hubo un incremento sensible en los inicios de las investigaciones penales.

Según Olivera no se aprovechó la ausencia de obstáculos, como los que hay hoy cuando una gran mayoría de militares citados a los juzgados interponen el recurso de inconstitucionalidad amparados por el fallo de la SCJ. "Esa ley, más que ayudar, le dio motivos a los militares" para zafar de la Justicia, sostuvo Olivera, y criticó que el sistema político "no haga nada" para enmendar el problema legislativo.

Por su parte, Errandonea opinó que el grupo de trabajo por Verdad y Justicia, formado con el fin de superar todos estos escollos, ha avanzado "muy poco", y en concreto no ha aportado más allá de lo logrado hasta ahora. De los 200 desaparecidos, solo cinco fueron encontrados hasta el momento: Roberto Gomensoro Hoffman –hallado en 2002–, Fernando Miranda –aparecido en 2005–, Ubagesner Cháves Sosa –encontrado en 2010–, Julio Castro –en 2010– y Ricardo Blanco Valiente –en 2012–. De las 308 causas iniciadas desde 1985 a la fecha, en solo 13 casos hubo sentencias con condena.

Sin embargo, Felipe Michellini, que integra el grupo, dijo que su trabajo no está "para nada" estancado, y que simplemente se atraviesan "circunstancias distintas" que cuando empezó a funcionar en 2015, entre ellas citó la creación de la Fiscalía especializada en Derechos Humanos y la ausencia del delegado de Familiares Desaparecidos en el equipo.

Portal de Presidencia cubrió la marcha

El portal de la Secretaría Institucional de la Presidencia de la República, publicó una nota sobre la Marcha, en la que recuerda que ya lleva 23 ediciones reclamándose por Verdad y Justicia por los más de 200 desaparecidos, acompañada de una galería con más de 20 fotos.

Bajo el título: "Miles de uruguayos acompañaron la 23ª Marcha del Silencio en Uruguay y fuera de fronteras", se informó del mensaje de los organizadores que apuntaba a que “es necesario luchar por una vida que valga la pena para todos". "Queremos que esas luchas tengan su espacio legítimo, sin desaparecidos ni muertos, sin espionaje, sin impunidad”.

Comentarios

Registrate gratis y seguí navegando.

¿Ya estás registrado? iniciá sesión aquí.

Pasá de informarte a formar tu opinión.

Suscribite desde US$ 345 / mes

Elegí tu plan

Estás por alcanzar el límite de notas.

Suscribite ahora a

Te quedan 3 notas gratuitas.

Accedé ilimitado desde US$ 345 / mes

Esta es tu última nota gratuita.

Se parte de desde US$ 345 / mes

Alcanzaste el límite de notas gratuitas.

Elegí tu plan y accedé sin límites.

Ver planes

Contenido exclusivo de

Sé parte, pasá de informarte a formar tu opinión.

Si ya sos suscriptor Member, iniciá sesión acá

Cargando...