El fiscal de Corte, Jorge Díaz, defendió otra vez la eficacia del nuevo Código del Proceso Penal, reflejada a su juicio en la cantidad de imputaciones que han logrado los fiscales en los últimos meses y en el número de presos que hay actualmente, ambas cifras récord alcanzadas este año.
"Entonces, digo, ¿dónde está el sistema ineficaz e ineficiente? Si ustedes me permiten la expresión poco académica, tengo que salir a pizarrear, porque fue lo que dijimos siempre", dijo Díaz este martes, entrevistado por el programa Las cosas en su sitio, de radio Sarandí.
Los números estadísticos a los que se refirió el jerarca –y que fueron presentados semanas atrás– dan cuenta de que, por ejemplo, los fiscales alcanzaron en junio el récord absoluto de denuncias penales aclaradas –1.863– y, por ende, de personas imputadas por delitos, lo que confirma una tendencia al alza en la cantidad de enjuiciados desde que se puso en marcha el nuevo sistema penal en noviembre de 2017. No obstante, en el primer semestre de este año, con la pandemia como factor influyente en la baja de los delitos, las imputaciones tuvieron un descenso en comparación con igual período del año anterior, pero mínimo: de 1.401 imputaciones mensuales en 2019, se pasó a 1.357 este año.
Pero además, "se consiguió el objetivo buscado de disminuir la cantidad de privados de libertad en prisión preventiva", señaló Díaz. El porcentaje de presos que no tenían sentencia de condena antes de la implementación del CPP era cerca del 70%, y ahora se sitúa en el entorno del 17%. "Y hoy tenemos 12.620 personas privadas de libertad, 1.620 más que el primero de noviembre de 2017", aseguró el jerarca.
Las voces que se habían alzado en contra de la reforma penal para responsabilizarla por el aumento de los delitos fueron las del expresidente Tabaré Vázquez, el exministro Eduardo Bonomi y el exdirector nacional de la Policía, Mario Layera, entre otros.
A propuesta del Ministerio del Interior, el Consejo Honorario de Instrucciones Generales analiza la posibilidad de dar prioridad a cinco delitos en particular: el abigeato, el narcomenudeo o microtráfico de drogas, receptación, delitos de violencia sexual y lesiones graves y gravísimas.
Díaz dijo que estaba dispuesto a votar en la próximo sesión del órgano –en donde hay representantes de la cartera de seguridad, el gremio de fiscales, el Colegio de Abogados y la Facultad de Derecho– la priorización del abigeato, y que entonces los fiscales deberán "buscar la obtención de una sentencia de condena, y que esa condena en forma total o parcial deba ser (de) privación de libertad, es decir, de pena efectiva".
"Lo estamos discutiendo en el consejo. Yo personalmente voy a votar a favor porque como buen paisano entiendo el problema que significa el abigeato: impacta no solamente en el derecho de propiedad, sino en los aspectos sanitarios, en la sanidad animal y en la de los seres humanos", dijo, y añadió que el ilícito ya no es cometido por personas necesitadas de comida. "No pasa por ahí en la mayoría de los casos, y por ende hay que dar un mandato general a los fiscales de que estos delitos deben ser priorizados y debe tener interés público su persecución", afirmó.
El énfasis en el combate a este delito es un signo del actual gobierno, que creó la Dirección de Seguridad Rural en la ley de urgente consideración.
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