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Persecución policial terminó con un hombre muerto

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Fiscal sobre policías imputados por homicidio: después de 200 metros de "manotazos y gritos" le pidieron que se detuviera

El Ministerio del Interior y el abogado de los policías rechazaron la imputación de efectivos por homicidio doloso y abuso de funciones 

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15 de julio de 2021 a las 05:02

El juez penal de primer turno de Durazno, Jorge Tabares, hizo lugar al pedido de la Fiscalía de formalizar por homicidio con dolo eventual en reiteración real y abuso innominado de funciones a los dos policías que persiguieron a Santiago Cor (20) hasta que se estrelló contra un árbol el 9 de agosto del 2020. Fue hospitalizado y murió días después. Los policías argumentaron que Cor –que iba en moto– estaba cometiendo una infracción de tránsito y no se había detenido ante el pedido de los efectivos. El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, manifestó que no puede "entender" la imputación. 

El joven iba adelante y logró escaparse de los "manotazos" de los policías, dijo la fiscal del caso Bárbara Zapatero a El Observador. Después de 200 metros de "manotazos y gritos" los efectivos le pidieron que detuviera la marcha. Cor, según la fiscal estaba asustado, y aumentó la velocidad para librarse de ellos. A partir de eso, perdió control de la moto y se estrelló contra el árbol. Iba con un amigo y en otra moto viajaba su novia. Ambos son testigos de lo ocurrido. 

La infracción que presuntamente había cometido era llevar un caño tronador. Zapatero entiende que la decisión de los policías de perseguirlo desde el Campamento Artiguista por avenida Churchill es arbitraria e inmotivada. El rol de los efectivos era circular por la ciudad y ver si existía algún delito "flagrante", pero no había ningún procedimiento ni operativo de control estipulado previamente. "Se le indica a la persona que detenga la marcha... Pero vienen desde atrás a exigirle la detención", relata. 

Además, señala que si los policías entendían que el tipo de delito era flagrante, deberían haber alertado por radio para que otros colaboraran en su detención. La fiscal explicó que en esos casos lo común no es la persecución sino tomar una fotografía de la matrícula de la moto y avisar de oficio a la intendencia que hay un vehículo circulando con un caño tronador para que, en otra oportunidad, se lo detenga para aplicarle la multa. 

Zapatero expuso que la actuación de los policías no se ajusta a lo establecido en la ley del procedimiento policial (Ley 18.315). "Los actos que ellos realizaron fueron arbitrarios y estaban reñidos con las potestades que establecen la Constitución y la ley a los funcionarios policiales. En el ejercicio de esos actos, ocasionaron un perjuicio a una persona que la llevó a la muerte y también un perjuicio al buen funcionamiento de la actividad profesional y policial", justificó. 

La reacción de la defensa y el Ministerio del Interior

El ministro Heber respaldó la actuación de la policía y criticó que “una fiscal tome esta actitud que ata de pies y manos a la Policía". “La gente que suda la camiseta, que se levanta de mañana, que son trabajadores del Uruguay, no tiene inconveniente en mostrar sus documentos; cuando salen y se escapan de los controles es lógico que la Policía los persiga”, subrayó. En esa línea, llamó a respaldar la ley de urgente consideración para evitar la vuelta de "una Policía estática". 

El abogado de los policías, Andrés Ojeda, sostuvo en diálogo con El Observador que la imputación no tiene, a su juicio, "ningún amparo jurídico" y cuestionó que se repare tanto en el abuso de funciones y no en la imputación por homicidio. El argumento de la Fiscalía es que, ante una supuesta detención arbitraria, la víctima se asustó con justificación porque la policía lo persiguió en forma violenta, lo que resultó en el choque y de eso se deduce que los policías lo mataron, contó el abogado. 

También cuestionó la imputación por dolo, puesto que para que ello exista "tiene que haber una actitud egoísta de la policía y lo pone en el lugar de la intención" y entiende que no lo hubo. 

De todas formas, dijo que "es un problema jurídico" porque no hay "tantas discrepancias en lo que ocurrió", es decir en los hechos, sino en la interpretación. 

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