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Fórmula para resolver el viejo litigio con los judiciales no logró adhesión requerida y el MEF define
El artículo 650 de la vigente ley de Presupuesto, aprobada el año pasado, prevé una partida de $ 570 millones (casi US$ 13 millones) para atender el pago de las sentencias de condena derivadas del viejo litigio salarial en el Poder Judicial originado en 2011.
Con esos fondos se pretendía saldar de una vez el reclamo de 568 actuarios y funcionarios que, con sentencia firme a su favor, se habían negado a acordar anteriormente con el Estado un arreglo de pago.
La fórmula propuesta daba un plazo de 180 días, a partir de la aprobación del Presupuesto, para que el 80% de los implicados aceptara la oferta y suscribiera el convenio, aceptando el pago correspondiente en una cuota y renunciando a cualquier actualización por intereses posterior a junio de 2019.
Vencido el plazo, 351 funcionarios resolvieron adherirse a la propuesta, informó a El Observador el diputado colorado Conrado Rodríguez, a partir de datos aportados este jueves por la Suprema Corte de Justicia, cuyos representantes asistieron este jueves a la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, en el marco de la discusión de la Rendición de Cuentas.
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El porcentaje de adhesión no alcanzó el mínimo que se requería para activar automáticamente el pago, por lo que la decisión ahora está en manos del Ministerio de Economía y Finanzas. La norma presupuestal habilita a la cartera, por “razones fundadas”, a ponerlo en práctica si considera que el número de adheridos es suficiente.
A nivel parlamentario se iniciaron contactos para que el ministerio acceda a proceder en ese sentido.
Como la fórmula no es vinculante, quedará a su vez por encarar además otro desafío: qué pasará con los 217 funcionarios y actuarios que rechazaron sumarse al acuerdo y que insisten en que el Estado les pague la sentencia completa más los intereses, que se siguen generando día a día.
Fuentes parlamentarias señalaron que comenzaron a analizarse varias alternativas. Entre ellas, una nueva propuesta de acuerdo.
El problema tuvo su origen en un artículo del Presupuesto 2010-2015, elaborado por el gobierno de José Mujica que intentó desenganchar a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia –equiparados constitucionalmente a los ministros del gobierno– de un incremento dado por esa ley.
La escala salarial de todos los trabajadores del Poder Judicial está fijada en función de lo que ganan los titulares de la corporación. Por lo tanto, el aumento dispuesto disparó una bola de nieve en la que toda la estructura de ese poder reclamó su incremento.
La situación implicó a unas 3.300 personas. La mayoría, a través de sentencias favorables, logró obtener su reclamo, que tuvo que ser contemplado en sucesivas Rendiciones de Cuentas.
Los $ 330 millones otorgados en el presupuesto de este período son para uniformizar a partir de 2022 la escala salarial en el Poder Judicial y que, para el final del período, toda la estructura haya percibido el 26,03% de incremento, la base de un problema que lleva una década.
Fuentes parlamentarias estimaron que la polémica norma elaborada por el gobierno de Mujica terminará costando al Estado unos US$ 60 millones.
