De la mano de una extendida vacunación, la epidemia de covid-19 cede de forma sostenida y abre la puerta a una mayor normalidad.
Los niños y adolescentes vuelven a las aulas. Los comercios y restaurantes retoman un mayor nivel de actividad. Los telones se corren. Y las oficinas públicas, en su mayoría cerradas o con guardias mínimas desde marzo –cuando asomaba lo peor de la ola de casos en Uruguay– empiezan a recibir, poco a poco, a miles de funcionarios que habían sido enviados a sus casas para evitar la propagación del virus.
El puntapié del retorno, más allá de los servicios esenciales, fue el decreto del pasado 9 de julio, que extendió hasta este domingo 18 el cierre de las oficinas públicas, pero también habilitó a las oficinas públicas a coordinar junto con el Ministerio de Salud Pública y la Oficina Nacional de Servicio Civil un retorno a la presencialidad de sus trabajadores.
Este viernes, a días de que expire ese plazo, en Presidencia ultimaban la redacción de un nuevo decreto por el cual se extiende una semana más el régimen vigente hasta la fecha, pero con el mandato de que cada organismo ya prevea la forma de volver al trabajo presencial a partir del lunes 26 de julio.
De todas formas, ya amparados por el decreto del 9 de julio, varios ministerios, entes y gobiernos departamentales tomaron en las últimas horas la decisión de convocar a sus funcionarios a que asistan a sus oficinas a partir de este lunes 19.
Según las consultas realizadas por El Observador a autoridades y trabajadores, los criterios de ese retorno varían no solo según cada dependencia, sino también entre unidades ejecutoras de un mismo organismo.
El mapa es variopinto: algunas oficinas retornarán con grupos reducidos, otras pasarán del teletrabajo total a un régimen mixto con rotación de asistencia presencial, mientras que en otras dependencias el regreso a partir del lunes será de entre el 50% al 100% de la plantilla.
En el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), por ejemplo, los funcionarios recibieron este viernes un mail de la dirección de Salud Ocupacional, en el que se informaban las pautas a tener en cuenta para el “retorno al trabajo presencial a partir del lunes 19 de julio”. Las autoridades del Mides entendieron que había lugares en los que no se podía seguir postergando el trabajo presencial, y cada director fue mandatado a definir el retorno gradual de acuerdo a las condiciones y necesidades de su oficina.
En el Ministerio de Industria, por su parte, el lunes está previsto que regrese a las oficinas alrededor del 50% de los funcionarios, con la excepción de los mayores de 65 años y embarazadas. En la Administración Nacional de Educación Pública, el Consejo Directivo Central resolvió disponer a partir de este lunes “el reintegro al trabajo presencial de los funcionarios de gestión a las dependencias en donde desempeñan sus cargos o funciones”.
La resolución, firmada este miércoles, establece que “en aquellos casos en los que no sea posible dar cumplimiento al protocolo sanitario vigente, el jefe de sección deberá elevar una propuesta a su dirección que contemple un régimen de trabajo en burbuja con rotaciones, siempre y cuando la naturaleza de la tarea lo permita”.
En Ancap también se resolvió que cada gerente empiece a organizar el retorno a una presencialidad parcial y limitada, según dijo su presidente, Alejandro Stipanicic. “Quienes puedan, en acuerdo voluntario de jefe y supervisado, pasan al régimen de teletrabajo que requiere dos jornadas presenciales mínimas por semana”, afirmó.
La Intendencia de Rocha fue más allá y definió que a partir del lunes “se retoma la atención presencial al público en todas las dependencias municipales, en los días y horarios habituales”. A través de una circular firmada por el director general de Administración, Eduardo Píriz Vivas, el gobierno departamental encabezado por el nacionalista Alejo Umpiérrez dispuso “que quede sin efecto el uso de la licencia Covid prevista para esta instancia”, así como “la exoneración de asistencia de los funcionarios mayores de 65 años”.
Varios directores estaban este viernes a la espera de la confirmación de Presidencia para avanzar en mayores retornos a partir de la semana próxima.
En la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), que nuclea a los sindicatos de la administración central, también había hasta este viernes por la noche expectativa por conocer la decisión de las autoridades.
José Lorenzo López, secretario general de COFE, dijo a El Observador que el seguimiento de los criterios de regreso gradual estaba en manos de cada “sindicato de base” –es decir, entre los trabajadores de cada dependencia–, aunque adelantó que la exigencia de los funcionarios es que la vuelta a la presencialidad sea “de forma ordenada” y respetando los protocolos y el distanciamiento físico”.