28 de noviembre 2013 - 16:30hs

La Policía o el Estado ejecutaron sin juicio previo a 24 reclusos en los últimos seis años, informó el comisionado parlamentario para cárceles, Álvaro Garcé, quien ayer presentó en la Comisión especial de seguimiento carcelario un proyecto de ley para crear el delito de “ejecución extrajudicial” como crimen de lesa humanidad.

En la noche del 22 de octubre, escopeteros de la Brigada de Traslados dispararon con munición letal a un centenar de reclusos amotinados en las azoteas del módulo 1 del Comcar. Dos reclusos fallecieron producto de los disparos. Garcé informó una semana más tarde en el Parlamento que existió “riesgo de masacre” y que se trató de “ejecuciones extrajudiciales”, una figura jurídica que no existe en la legislación uruguaya y que Naciones Unidas recomienda crear.

En el informe presentado ayer, Garcé destaca que la ejecución de los dos presos del Comcar (que, al igual que los demás amotinados, no portaban armas de fuego) es equiparable a otras muertes recientes. Desde 2007 hasta octubre, hubo 24 ejecuciones en las cárceles uruguayas y, en algunos casos, la causa se archivó y el fallo judicial fue “absurdo”, según el comisionado. “La cultura de la impunidad es incompatible con el Estado de Derecho: si matar es lícito, entonces de allí para abajo todo vale”, había advertido Garcé en su anterior informe.

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El comisionado considera que hay varias modalidades de ejecución extrajudicial. Cinco reclusos fallecieron “como consecuencia del uso de la fuerza por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley” que excedieron “los criterios de necesidad, racionalidad y proporcionalidad” de la fuerza.

Las restantes 19 ejecuciones fueron productos de incendios, “como resultado de condiciones inadecuadas de la privación de libertad”, lo que pone “en tela de juicio el deber de garantía del Estado con respecto a las personas privadas de libertad” (ver cronología).

El delito propuesto por Garcé expresa: “El que, de cualquier manera y por cualquier motivo, siendo agente del Estado o sin serlo contando con la autorización, apoyo o aquiescencia de uno o más agentes del Estado, en ejercicio de su cargo privare arbitrariamente de la vida a una persona, aun cuando no medie móvil político, será castigado con 10 a 25 años de penitenciería”. Hoy, estas muertes son consideradas, como mucho, homicidios agravados.

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