El ministro de Defensa, Javier García, informó este viernes que van a remitir el tribunal de honor de setiembre de 2006 al excomandante en jefe del Ejército, Ángel Bertolotti, en el que se dan detalles de una crisis militar vivida en el Ejército en el comienzo del primero gobierno de Tabaré Vázquez.
El tribunal propuso sancionar a Bertolotti por “falta grave, pero sin prohibición de usar el uniforme” pero la ministra de Defensa de entonces, Azucena Berrutti, resolvió no homologar el fallo y defendió la actuación del general, además de cuestionar la actitud de Fernán Amado, Juan Geymonat y Carlos Daners, los ministros de ese tribunal, por intentar convertir esa instancia en una plataforma de cuestionamiento político, según informó Brecha este viernes.
El tribunal fue instalado por un episodio ocurrido en julio de 2006, cuando el presidente del Círculo Militar Ricardo Galarzo, destrató públicamente a Bertolotti al negarle el saludo en un evento. Galarza después explicó que su comportamiento estaba dictado por la convicción de que el teniente general Bertolotti era “un traidor, un mentiroso y un comunista”, recordó el semanario.
Sin embargo, la crisis militar era bastante más profunda y estaba vinculado al rol que Bertolotti jugó en la interna del Ejército una vez que el Frente Amplio llegó al poder. El comandante en jefe se reunió en febrero de 2005 con el presidente electo Tabaré Vázquez en su clínica privada para intercambiar sobre derechos humanos y transmitirle cuál era su idea respecto a este tema una vez que asumiera el gobierno.
De acuerdo a lo que relató a los miembros del tribunal de honor y publicó Brecha, Bertolotti informó a la Junta de Oficiales Generales que el mando superior (Tabaré Vázquez) no quería que ningún oficial fuera preso.
«Si se aclaran los casos Michelini, Gutiérrez Ruiz y Gelman, está todo arreglado, nadie irá preso», dijo.
En su testimonio ante el tribunal, Bertolotti explicó que su intención consistía en negociar con el Poder Ejecutivo para dilatar las definiciones y que en muchos casos tuvo que ir en contra de su propio criterio.
Sin embargo, la situación cambió radicalmente cuando Interpol pretendió detener a los coroneles Ernesto Ramas, Gilberto Vázquez y Jorge Silveira para ejecutar un pedido de extradición de la Justicia argentina. Gonzalo Fernández explicó al general Juan Córdoba, que compareció como testigo en el tribunal de honor, que se trataba de una decisión judicial.
Córdoba le dijo a Fernández: «Nosotros no queríamos, y yo personalmente no quería, un golpe de Estado»
En el tribunal, Bertolotti explicó que hizo gestiones para evitar la detención y logró que los requeridos fueran alojados en la sede de la División de Ejército 1. Pero sus explicaciones ante la Junta de Oficiales Generales fueron recibidas como una «traición a la doctrina». «No hay opción, serán citados por la Justicia», comunicó Bertolotti a los directamente interesados, reporta Brecha.
Eso generó un fuerte cruce entre Córdoba y Bertolotti, según el primero que, además, puso el cargo a disposición si se mantenía la postura del comandante en jefe.
En ese tribunal también se hace referencia una denuncia de un exsoldado sobre que existía un plan para un posible atentado contra el presidente. Eso desencadenó un operativo que generó malestar en el Ejército. El exsoldado afirmaba que, en esa chacra, su dueño «hacía reuniones, tenía un campo de entrenamiento, se juntaba con militares e iba a atentar contra el Presidente, con una moto cargada de explosivos, y, por si fallaba, tendrían un avión con explosivos». Esa denuncia llevó a que se instalara una vigilancia sobre el predio que era propiedad del general Raúl Villar.
