Gobierno anunció paquete de incentivos fiscales para servicios

El ministro interino de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri, anunció ayer al término del Consejo de Ministros que en los próximos días saldrá un decreto que contiene una serie de "estímulos" para algunas actividades. Se trata, en concreto, de cinco "iniciativas", comentó el jerarca.

Por un lado, se ampliará el régimen de centros de servicios compartidos (CSC). La normativa uruguaya define al CSC como una "filial de un grupo multinacional que presta a sus partes vinculadas" servicios de asesoramiento y de procesamiento de datos de manera exclusiva. Ahora, se sumarán más actividades que se podrán realizar bajo esta figura.

Se busca, dijo Ferreri, "volver más atractivo al régimen para lograr la radicación" de más CSC.

Hasta ahora se exigía que el CSC generara como mínimo 150 nuevos puestos de trabajo al finalizar los tres primeros ejercicios, para así obtener una exoneración de 90% del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE). El nuevo decreto contemplará una exoneración de 75% cuando se hayan creado 100 puestos.

Ferreri también mencionó como otra de las iniciativas el hecho de que se permitirá "brindar servicios de manera muy acotada" desde una zona franca al territorio nacional cuando se trata de "servicios de gestión, administración, contabilidad y similares", brindados a entidades vinculadas. Esas prestaciones no podrán superar el 5% del total de los ingresos del ejercicio, añadió.

El gerente general de Zonamerica, Jaime Miller, dijo en diálogo con El Observador que le parece una"iniciativa muy lógica" que busca promocionar los CSC. La ley de zonas francas "le da al Poder Ejecutivo la posibilidad de permitir actividades de los usuarios en el territorio doméstico con ciertas condiciones", dijo, y recordó que la industria de los call centers es una de las excepciones.

"No tenía sentido" que un CSC, apuntó Miller, "se instale en una zona franca y tuviera que abrir otra empresa en Uruguay, o no pudiera darle el servicio a la filial uruguaya". Esta modificación resolverá esa situación, que resultaba una "traba" para su instalación en el país, comentó. "Me parece que es una buena cosa, que nos va a facilitar la atracción de estos centros al Uruguay", indicó el ejecutivo, quien agregó que se trata de una de las industrias donde Zonamerica ha tenido más crecimiento en los últimos años.

Asimismo, Ferreri anunció que se generará un "nuevo criterio" para determinar la residencia fiscal en Uruguay. "Salvo que el contribuyente acredite su residencia fiscal en otro país, se considerará que una persona radica la base de sus intereses económicos cuando detente en territorio nacional una inversión que puede ser de dos características", dijo. Así, cuando un extranjero tenga inmuebles en Uruguay por más de US$ 1,8 millones o inversiones en una empresa por más de US$ 5 millones, podrá ser considerado –salvo que diga lo contrario– como residente fiscal uruguayo.

La tributarista de la consultora PwC Eliana Sartori dijo que "mirando el contexto actual, de lo difícil o complejo por la cantidad de requisitos que se piden para que una persona pueda probar que en Uruguay tiene un centro de interés económico, esto viene a simplificar y dar un parámetro objetivo".

"Me parece que más apunta como garantista o transparente para los inversores actuales, para que les sea más cómodo poder probar la residencia fiscal en Uruguay con un criterio objetivo como este, que porque necesariamente traiga más inversores", añadió la experta.

El gobierno también tratará de estimular la realización en el país de congresos internacionales, comentó Ferreri. Con eso en mente, el decreto establecerá que se considerarán exportaciones de servicios –por lo que estarán exonerados de IVA– los arrendamientos de salas de convenciones, los servicios de organización de eventos internacionales en esas salas, y las matrículas de inscripción a ellos. El objetivo es "volver mucho más competitiva la oferta de servicios" local para este tipo de eventos, manifestó.

Por último, Ferreri mencionó que se brindarán incentivos para el financiamiento de emprendimientos "innovadores" desde el punto de vista tecnológico y científico (y que cuenten con el aval de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación en este sentido). En este caso, se los exonerará del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y del Impuesto a las Rentas de los No Residentes (IRNR) a la distribución de utilidades que se tengan durante los primeros cinco años.