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Gobierno argentino defiende rol de la nueva agencia de espionaje

La institución podrá investigar delitos económicos para evitar golpes de mercado

9 de julio de 2015 5:00 hs
El Observador | Redacción

Por  Redacción

El gobierno de Cristina Fernández oficializó el martes la nueva normativa para la nueva agencia
El gobierno de Cristina Fernández oficializó el martes la nueva normativa para la nueva agencia AFP

La nueva doctrina de los servicios de inteligencia está dando que hablar en Argentina, ante acusaciones que afirman que se exceden en su cometido al brindar mayor poder de conducción al Ejecutivo, y capacidad para actuar sobre terrorismo, delitos cibernéticos o delitos económicos, como golpes contra los mercados. Los críticos dicen que se abre la puerta a trabajos de inteligencia sobre los ciudadanos argentinos. El gobierno avanzó sobre esta idea luego de las idas y vueltas con el caso de Alberto Nisman, el fiscal muerto a mediados de enero.

"Se tienen que preocupar los que hacen mil cagadas para enriquecerse", dijo el fiscal antilavado Carlos Gonella y titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), según consignó La Nación, respecto a la normativa de la flamante Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que reemplazó desde el martes a la SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado).

"Ningún empresario se tiene que preocupar si cumple con la normativa. La AFI solamente va a poder investigar a una cueva (donde se cambian irregularmente dólares), o lo que hay detrás, si un juez lo pide", añadió. Gonella también dijo que el organismo no investigará a los que compran o venden dólares de forma legal.

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Oscar Parrilli, el designado director de la AFI, aseguró que a la especulación financiera se la combate a través de la recolección de "información, datos, análisis, y en todo caso, si vemos que hay la posible comisión de un delito, lo ponemos en conocimiento de las autoridades para que actúen". El objetivo "es cuidar y no espiar a los argentinos", agregó.

Los empresarios argentinos han manifestado su desacuerdo ante la nueva doctrina de inteligencia y le adjudican componentes peligrosos en el accionar de la AFI.

"Todos los países del mundo tienen sus sistemas de inteligencia destinados a protegerse de ataques externos. Hoy podríamos agregar al narcotráfico como gran amenaza externa. Pero, evidentemente, hacer inteligencia de los propios ciudadanos argentinos va en contra de todo lo que debería ser un país civilizado", dijo Jaime Campos, presidente de la Asociación Empresaria Argentina, de acuerdo a La Nación.

Por su parte, uno de los vicepresidentes de la Unión Industrial Argentina y líder de la cámara alimentaria Copal, Daniel Funes de Rioja, habló sobre la implicancia que esto tiene en la separación de poderes. "En el principio republicano de división de poderes, corresponde al Poder Judicial investigar estas cuestiones o pedir, si correspondiere y en el caso de que fuere necesario, a los organismos del Poder Ejecutivo, pero nunca autónomamente a los órganos del Estado dedicados a eso".

Es oficial

La nueva normativa y organigrama fueron publicadas el martes en el Boletín Oficial, donde se define el funcionamiento de la AFI, cuya creación se anunció en marzo.

La AFI tendrá una conducción institucional definida desde el Ejecutivo y sus principales focos de actuación serán las amenazas de terrorismo, los atentados contra el orden constitucional, los delitos informáticos y la criminalidad organizada, incluyendo delitos económicos y financieros. Además, algunas competencias, como las escuchas telefónicas, pasan a manos del Ministerio Público Fiscal.

Con la oficialización de la nueva doctrina y organigrama se "salda una deuda de la democracia argentina de más de 30 años", afirmó Parrilli el martes en la Casa Rosada. Parrilli destacó que a partir de ahora las operaciones de inteligencia se van a realizar de acuerdo a la conducción institucional, "en función de las necesidades del Estado", y no va a haber acciones impulsadas de forma autónoma por cada agente de inteligencia.

La presidenta argentina, Cristina Fernández, anunció el pasado enero la reforma de los servicios de Inteligencia argentinos tras el escándalo por la muerte, aún por resolver, del fiscal Alberto Nisman, encargado de la investigación sobre el atentado contra la mutualista judía AMIA, que dejó 85 muertos en 1994.

Nisman colaboraba estrechamente con el poderoso exjefe de Operaciones de Inteligencia, Antonio Stiuso, en la investigación del atentado y llegó a denunciar a Cristina Fernández por presunto encubrimiento a los sospechosos iraníes de planificar el ataque, cuatro días antes de morir de un tiro en la sien en su domicilio.

Stiuso, que había sido desplazado de su puesto a finales de año por el gobierno y se encuentra actualmente jubilado, se encuentra en paradero desconocido pese a ser requerido por denuncias judiciales interpuestas desde el oficialismo.

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