4 de marzo 2020 - 5:08hs

El aumento de tarifas fue el primer tema de debate de la transición y ahora volvió a la agenda pública como el primer asunto de tironeo entre el gobierno recién asumido y la flamante oposición frenteamplista.

La discusión tomó temperatura luego de que el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, instara a las empresas públicas –aún con mayoría de directores de izquierda, dado que no se designaron nuevas autoridades– a estudiar “de manera urgente” los “precios de venta (tarifas)”, teniendo en cuenta una larga serie de indicadores económicos. 

En el Frente Amplio se interpretó eso como un intento de trasladar la responsabilidad política del ajuste a sus directores y por eso la coalición de izquierda pidió a los jerarcas de las empresas no proponer ningún ajuste. 

De todos modos, fuentes del gobierno dijeron a El Observador que el Poder Ejecutivo tiene la potestad de definir unilateralmente el aumento tarifario, más allá de la postura política que adopten los directorios. Los informantes agregaron que la información requerida a las empresas es de carácter "técnico". 

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Quién se hace cargo

El Secretariado Ejecutivo del FA recibió este martes a los directores de Ancap, Antel, UTE y OSE. De la reunión participaron Andrés Tolosa (Antel), Gonzalo Casaravilla (UTE) y Milton Machado (OSE). Marta Jara, presidenta de Ancap, no estuvo presente, pero sí el vicepresidente Juan Carlos Herrera junto a los directores Laura Saldanha e Ignacio Berti. 

Al término del encuentro, la fuerza política emitió una declaración señalando que el nuevo gobierno "tiene la potestad y la obligación de tomar las decisiones político-institucionales correspondientes a la gestión de las empresas públicas”. 

Los dirigentes concluyeron que si el gobierno tiene "la definición política" de aumentar las tarifas, no le puede “pasar la responsabilidad” al Frente Amplio, contaron participantes del encuentro. De ahí que la resolución señale que “existen mecanismos normativos que permiten sustituir temporariamente a los directorios actuales antes del nombramiento definitivo con las venias correspondientes, sin perjuicio de señalar que todos los cargos están a disposición del actual Poder Ejecutivo”. 

Según relataron participantes del encuentro, allí se definió responder a Alfie que las mayorías actuales de los entes obedecen al Frente Amplio, cuya definición política es no aumentar las tarifas. En otras palabras, la izquierda intima al nuevo gobierno a designar las nuevas autoridades de las empresas públicas si quiere realizar un ajuste tarifario.  

Diego Battiste

En el partido de oposición hay "preocupación" por "la falta" de nombramientos de los nuevos directorios, así como malestar y sorpresa por el pedido del director de OPP. Sin embargo, fuentes del gobierno dijeron a El Observador que antes de que Alfie les enviara esa nota, la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, ya había llamado a los jerarcas de las cuatro empresas públicas para comunicarles personalmente que se les pediría “información técnica” acerca del estado de situación y las perspectivas para todo el año. El gobierno argumenta que para terminar de calibrar el ajuste requería una actualización de los números de las empresas.

En entrevista con El Observador, el presidente Lacalle Pou había dicho que se iba a "basar en criterios técnicos" que iban "a ser requeridos a los entes autónomos" previo a hacer el ajuste.

"Les vamos a pedir a los entes autónomos y sus directorios actuales que nos digan, según la interpretación de los servicios técnicos. No se olviden que aquí no se trata de un aumento tarifario para tapar el agujero del Estado central. No se trata de un aumento para recaudar por encima del servicio para ayudar a las cuentas públicas nacionales. Se trata de saber cuánto cuesta el servicio, el funcionamiento de la empresa pública. Queremos tener una visión oficial del ente autónomo porque esto es una adecuación de costos. No es que el ministro de Economía pide tanto dinero. Eso no corre más. Vamos a tener un sostén técnico del costo del servicio y cuánto se está por debajo", afirmó.

Formalismos jurídicos

Las potestades del Poder Ejecutivo para decretar un ajuste sin previo informe de los entes involucrados son motivo de discusión jurídica. Desde jerarcas del nuevo gobierno al presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, opinan que “perfectamente” se puede hacer un aumento de forma directa, pero directores de las empresas públicas consultados por El Observador dijeron que los procesos administrativos son más "complejos". 
Fuentes de UTE y Ancap explicaron que sería algo inusual que el Poder Ejecutivo decretara un ajuste sin un informe previo del ente, pese a que legalmente tiene la última palabra en cuanto a qué porcentaje se aplica. La ley orgánica de Ancap, en su artículo 13°, dice que “corresponde” al directorio "fijar los precios de venta de los productos monopolizados con aprobación del Poder Ejecutivo". La ley orgánica de UTE, en tanto, señala que será el directorio de la empresa quien "propondrá al Poder Ejecutivo para su fijación sus tarifas, tasas y contribuciones". "La formulación de las mismas deberá ser realizada sobre la base de la metodología que el Poder Ejecutivo establezca”, dice el artículo 14 de su Ley 15.031. 

“Inconducente”

El exministro de Economía Danilo Astori, que asumió este martes como senador de la República, dijo a la prensa que “las variaciones de tarifas no las toman los directores de las empresas públicas”, sino el Poder Ejecutivo. “Los directores de los entes lo que tienen es que informar, a pedido del director de la OPP, es una evolución de los costos y el Poder Ejecutivo tomará una decisión. La decisión es del Poder Ejecutivo”, insistió.

Horas después, entrevistado por el programa “Más temprano que tarde” de radio El Espectador, Astori calificó el planteo de Alfie como “totalmente desubicado”.

“Lo encuentro desubicado, porque la responsabilidad de la fijación de tarifas, en todo tiempo y lugar, es del Poder Ejecutivo, esto es, del presidente de la República actuando con él o los ministros correspondientes”, dijo el exministro. “De ninguna manera corresponde trasladar esta responsabilidad a los directorios de las empresas. A los directorios de las empresas se les puede pedir información pero no que fijen tarifas”, agregó.

Constitución

El artículo 77 de la Constitución de la República establece que los directores de Entes Autónomos y Servicios Descentralizados "deberán abstenerse" de "formar parte de comisiones o clubes políticos, de suscribir manifiestos de partido, autorizar el uso de su nombre y, en general ejecutar cualquier otro acto público o privado de carácter político salvo el voto". Sin embargo, quedan excluidas de las prohibiciones "la concurrencia de los directores de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados a los organismos de los partidos que tengan como cometido específico el estudio de problemas de gobierno, legislación y administración".
Temas:

Gobierno Frente Amplio Ancap UTE ose Antel Member

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