Economía y Empresas > Insolvencia patronal

Gobierno busca reimpulsar fondo para garantizar créditos laborales

Un nuevo proyecto impulsado por el ministro de Trabajo Ernesto Murro propondrá financiarlo sin aumentar aportes patronales

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07 de mayo de 2018 a las 05:00

La creación de un fondo de garantía de los créditos laborales que se active en casos de insolvencia patronal es una vieja bandera del PIT-CNT. La idea se reflotó durante la presidencia de José Mujica y tomó forma a fines de 2015 a través de un proyecto de ley presentado por legisladores del oficialismo.

Cómo financiar el fondo es hoy uno de los puntos centrales de la discusión. La iniciativa de ley actualmente a estudio de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados propone que una de sus fuentes de financiamiento sea una "contribución especial" realizada por los empleadores.

Este aporte sería "de hasta 0,5% de todos los rubros que constituyan materia gravada de cada uno de sus trabajadores", y se pagaría en simultáneo al resto de los aportes a la seguridad social que se efectúen en el BPS.

Ese mecanismo de financiamiento ha despertado críticas desde los partidos de oposición e incluso del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Tampoco tiene el apoyo de toda la bancada oficialista, lo que hace que la iniciativa esté trancada en el Parlamento.

Nueva propuesta

En ese contexto, el pasado 1° de mayo el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, anunció que próximamente enviará una nueva propuesta para que sea estudiada por las cámaras empresariales y el PIT-CNT.

"En el mundo existen estos fondos. En los países desarrollados y son financiados con aportes patronales. Estamos buscando obtener el financiamiento sin aumentar los aportes patronales", señaló Murro en entrevista con Radio Sarandí.

El jerarca adelantó que el fondo tendría un tope y cubriría "una parte importante" de las deudas salariales que se pudieran presentar en caso de insolvencia patronal. Además, sería administrado por el Banco de Previsión Social (BPS).

También dijo que deberá "tener los controles necesarios para que no haya abuso y aparezca algún empresario supuestamente fundido para que el fondo le pague las deudas a los trabajadores cuando realmente tenga con qué pagarles".

Observaciones del MEF

La idea de subir los aportes patronales para financiar el fondo, como propone el proyecto de los diputados del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) Luis Puig y Carlos Reutor (MPP) fue rechazada por el MEF en setiembre de 2016

Por aquel entonces, el asesor de ese ministerio, Alejandro Zavala, sostuvo que la cartera compartía la preocupación sobre la insolvencia patronal en el momento de resarcir los créditos laborales, pero consideró inoportuno un aumento de los aportes, según la versión taquigráfica.

"El ministerio considera que no es un buen momento para aumentar los aportes patronales. Esto no quiere decir que estemos en contra de la propuesta ni de la existencia de un fondo. Entendemos que un aumento generalizado de los aportes patronales a las empresas significaría mayores dificultades donde ya las tenemos", había dicho Zavala.

El funcionario había propuesto simular la eventual demanda que podría tener el fondo y los tiempos que se necesitarían para que la recaudación de los aportes patronales permitiera tener un capital para poder cubrirla. "Habría que estudiar el stock, el flujo, y simular un comportamiento empresarial", señaló en esa oportunidad.

Cómo administrarlo

La iniciativa que hoy está a estudio del Parlamento está inspirada en texto redactado por los abogados del PIT-CNT en 2011. En él se especifica que los créditos laborales se garantizarán por un monto máximo de hasta 105 mil unidades indexadas (alrededor de $ 405 mil a valores actuales).

Además, sería una Comisión Tripartita –que funcionaría en la órbita del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), y que estaría integrada por dos delegados del sector empleador, dos del sector trabajador y dos del Poder Ejecutivo– la encargada de verificar la existencia de las situaciones de insolvencia, así como la deuda de estos créditos laborales.

Una vez confirmado esto, la comisión daría luz verde al órgano administrador del fondo (el BPS) para que efectúe el pago de la suma garantizada.

En diálogo con El Observador, el diputado del Partido Nacional, Gerardo Amarilla, dijo que el proyecto original incluye aspectos interesantes, pero tiene una traba importante. "Hay un tema de financiación que es un cuello de botella. Plantea un aporte adicional que el Poder Ejecutivo no está dispuesto a llevar y yo también mostré mi postura en contra".

Ahora, el legislador espera la nueva propuesta del MTSS para evaluarla. Amarilla mostró su disposición a acompañar la iniciativa "siempre y cuando se busque otra fuente de financiamiento".

Además, un elemento importante para el legislador es la definición de quién administrará el fondo.

"Se había propuesto que fuera una comisión dentro de la órbita del Ministerio de Trabajo. Desde nuestro punto de vista debe pasar por la justicia laboral", sostuvo.

El mal recuerdo de Fripur

El último día de trabajo de Fripur fue el 18 de agosto de 2015. Hasta ese momento cumplían funciones en la pesquera alrededor de 1.000 trabajadores. La empresa había solicitado un concurso de acreedores en julio de 2014. Fripur, un peso pesado de la industria pesquera, cesó su actividad a 39 años de su fundación y una variedad de abusos laborales denunciados por los trabajadores.

Pero desde ese momento comenzó otro periplo para los trabajadores: hacerse de sus créditos laborales. En diciembre de 2015 la justicia concursal adjudicó la venta en bloque de Fripur a la compañía canadiense Cooke Aquaculture. El 16 de noviembre de 2016, casi un año después, esa empresa depositó US$ 13,5 millones y culminó así de abonar los US$ 17 millones que había prometido por Fripur. Pero el turno de los trabajadores demoró un poco más. En mayo de 2017, unos 600 ex trabajadores cobraron el 56% de los créditos que tenían pendientes.

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