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Gobierno entrante analiza crear un consorcio con las AFAP para financiamiento de vivienda
Al ser designada ministra de Vivienda, Irene Moreira aseguró que la erradicación de los asentamientos sería una de sus prioridades al frente de la cartera. A 10 días de que asuman el presidente electo Luis Lacalle Pou y su gabinete, la senadora electa de Cabildo Abierto ha estudiado varias propuestas que le permitan cumplir con este propósito, complementarias al proyecto de ley de urgente consideración que será discutido en el Parlamento.
La creación de un fideicomiso para que las AFAP financien la construcción de viviendas sociales es una de las posibilidades que los futuros jerarcas de Vivienda contemplan. Quienes asumirán como subsecretario y director general de la secretaría de esta cartera, Tabaré Hackenbruch y Gabriel Albornoz, dieron el primer paso en este sentido y el lunes 17 se reunieron con Martín Larzábal, el gerente de inversiones de República AFAP.
"Se trata de armar una ingeniería financiera. La idea es hacer un fideicomiso similar al del consorcio vial (Corporación Vial del Uruguay) pero para la construcción de viviendas sociales", explicó Hackenbruch a El Observador.
Si los estudios que el gobierno entrante se propone hacer demuestran que esta es una propuesta viable, está en sus planes que empiece a funcionar antes de que transcurran los primeros tres años de la administración que asumirá el 1° de marzo.
El dirigente colorado aseguró que las personas que cobran entre $ 15.000 y $ 20.000 al mes no pueden pagar la cuota que les exigen el Banco Hipotecario del Uruguay o la Agencia Nacional de Vivienda.
Si bien la Ley de Vivienda Promovida –antes de Interés Social– prevé exoneraciones tributarias para proyectos del estilo, el costo del metro cuadrado ronda los US$ 1.300, según los datos la Asociación de Promotores Privados de la Construcción.
“La idea es bajar el valor final (del metro cuadrado), para lo que tiene que haber disponibilidad de recursos”, sostuvo Hackenbruch. Y además dijo que la ”muy complicada situación financiera” del Estado, a lo que se suma la intención de ahorrar US$ 900 millones al año, hizo que los jerarcas del gobierno entrante se plantearan recurrir a las AFAP para cumplir con este propósito.
No obstante, el futuro viceministro aclaró que la concreción de la idea está sujeta a que sea rentable para las AFAP, una tarea a la que se abocará el gobierno entrante.
Cómo funciona el consorcio vial
La Corporación Vial del Uruguay es una empresa privada de la Corporación Nacional del Desarrollo. Fue creada para ejercer los derechos y cumplir con las obligaciones estipuladas en el Contrato de Concesión de Obra Pública, que entre otros cometidos establece que la CVU debe encargarse de la gestión administrativa y financiera de la concesión vial, así como de la contratación de la construcción, rehabilitación y mantenimiento de obras y servicios.
Para que esto funcione se creó un fideicomiso financiero, que se nutre de la recaudación de los peajes provista por la CVU y de las indemnizaciones del Estado.
El fideicomiso emite Títulos de Deuda por hasta US$ 450.000.000 contra el flujo de peajes, cuyo valor estimado durante el período de la concesión (vigente hasta 2036) asciende a US$ 2.700.000.000.
Luego, el fiduciario “vierte los fondos a las cuentas de pago del servicio de deuda, de reserva de servicio de deuda (la cual contiene las próximas dos cuotas a vencer) y a la cuenta de gastos”, según el documento en que se detalla el funcionamiento del fideicomiso, disponible en el sitio web de la Corporación Nacional Financiera Administradora de Fondos de Inversión SA (CONAFIN AFISA).
El sobrante de lo recaudado es destinado a la CVU para que gestione las obras necesarias, después de haberle pagado a los titulares de los Títulos de Deuda y de haber vertido los fondos a las cuentas antes mencionadas.
Reunión con vecinos preocupados por tren de carga
Moreira, Hackenbruch y Albornoz se reunieron este martes con vecinos de Pueblo Centenario y de la capital departamental de Durazno que están preocupados por el pasaje del tren de carga que se pondrá en marcha para trasladar desde Montevideo a Tacuarembó la materia prima de la segunda planta de celulosa de la empresa UPM, porque entienden que impactará en su calidad de vida.
El subsecretario designado dijo que él y sus pares escucharon lo que tenían para decir, pero no se comprometieron a nada en concreto.
A partir del 28 de febrero y durante los primeros días de marzo, el diputado por Cabildo Abierto y abogado constitucionalista Eduardo Lust presentará las firmas recolectadas para frenar el tren de UPM ante las respectivas juntas departamentales.
Desde antes de ser electo diputado por Cabildo Abierto, Lust asesora a un grupo de vecinos que quiere modificar el trazado del Ferrocarril Central que unirá Montevideo con Paso de los Toros (Tacuarembó). Según denuncian, el recorrido diario del tren por centros poblados impactará en su calidad de vida, debido a la cercanía de sus casas a las vías y por la peligrosidad de las sustancias que va a transportar.
Por lo tanto, desde que el gobierno dio a conocer por dónde pasará el tren, el abogado los asesora sobre las posibles formas de frenar el proyecto y modificar el trazado. En estos grupos hay personas de ocho localidades: Santa Bernardina (Durazno), la ciudad de Durazno, Sarandí Grande (Florida), 25 de Mayo (Florida), la ciudad de Florida, Juanicó (Canelones), La Paz (Canelones) y la ciudad de Canelones. Según dijo Lust a El Observador, el único requisito para considerar a un lugar como "localidad" es que sean centros poblados.
La ley 9.515 es la que regula la posibilidad de un referéndum departamental y establece que el 15% de los inscriptos residentes en una localidad tendrá derecho de “iniciativa ante su respectiva junta en asuntos de dicha jurisdicción”. Es decir, el 15% puede presentar una iniciativa, en este caso para cambiar el trazado del tren, para que se convierta en decreto ley.
En caso de que la Junta lo apruebe, se transforma inmediatamente en decreto ley y, según Lust, tiene mayor peso que una ley nacional por lo que sería obligatorio cambiar el trazado del tren. Si la Junta no se pronuncia dentro de los 60 días o vota negativamente, se deberá convocar un referéndum.
