El detrás de la concesión de los aeropuertos: la comunicación con los socios y las razones del gobierno para no llamar a licitación

Delgado, que participó de las negociaciones con la empresa junto al Ministerio de Defensa y señaló públicamente que “el tema se venía trabajando hace tiempo”, adjuntó en su mensaje del lunes un documento con el detalle de lo que se iba a firmar ese mismo día, según confirmaron a El Observador diversas fuentes del oficialismo. El secretario de Presidencia se comunicó entre otros con el cabildante Guido Manini Ríos, los colorados Julio María Sanguinetti y Adrián Peña, y el líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, a quienes puso al corriente del inminente paso. 

Un día después, la empresa comunicó al Banco Central que había suscripto un "acuerdo de ampliación y modificación del contrato de gestión integral del aeropuerto de Carrasco con el Estado". Y este miércoles, luego de que El País difundiera la noticia, la resolución del Poder Ejecutivo se apoderó de la agenda política, con algunos condimentos que parecían repetirse de recientes diferendos en la interna de la coalición de gobierno, como el caso de la extensión de la concesión portuaria a Terminal Cuenca del Plata, y otros elementos que la distinguían de aquella discusión. 

Cabildo Abierto, que en su momento se opuso a la ley que ahora amparó el acuerdo, no tardó en recordar sus advertencias y en desmarcarse de la decisión del gobierno que integra. Sus cuestionamientos apuntaron a la ausencia de un mecanismo competitivo –como una licitación–, a lo que entienden como una "privatización"  de los aeropuertos, y a lo que aducen como una "falta de participación" en la negociación y la toma de este tipo de decisiones.

Tanto desde el Partido Colorado –aunque con algunos matices dentro del sector Ciudadanos– como desde la oposición frenteamplista, que sí respaldaron la ley en la que se basó el acuerdo, no se alzaron voces en contra de lo resuelto esta semana. 

La "contrapartida" y el no llamado a licitación

Integrantes del Poder Ejecutivo, de los partidos del oficialismo y de la propia empresa adjudicataria consultados por El Observador coincidieron todos en que la extensión de la concesión en Carrasco es la "contrapartida" de la inversión en los aeropuertos del interior, hoy en manos del Estado y con problemas de infraestructura y rentabilidad.

Ante los cuestionamientos a la decisión de no haber optado por el camino de una licitación, este miércoles algunos referentes del oficialismo mencionaron que ya se asumía que iba a haber solo un interesado. ¿Por qué no hacer el llamado igual y que en todo caso se constatara que había un único interesado? Fuentes del Ejecutivo apuntaron a dos razones como justificativo: por un lado, que tomar ese camino insumiría al menos dos años entre el armado de los pliegos, la presentación de las ofertas, su evaluación y las eventuales impugnaciones; por otra parte, y no menos importante, que la licitación no podía contemplar al Aeropuerto de Carrasco, ya que está en medio de una concesión que fue renovada en el gobierno anterior y que se extendía hasta 2033.

Dado que esa concesión era la "contrapartida" para abrochar la inversión en los restantes aeropuertos –o visto de otro modo, la forma de que el privado la subsidiara–, se optó por la vía directa, al amparo de la ley 19.925 que creó el Sistema Nacional de Aeropuertos Internacionales.

Esa norma facultó al Poder Ejecutivo a “otorgar mediante procedimiento competitivo y a renovar, modificar, ampliar el objeto o prorrogar concesiones o contratos de concesión para la construcción, conservación y explotación, conjunta o separadamente de los aeropuertos ubicados en el territorio nacional, a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, por un plazo máximo de hasta 50 años”.

La ley tuvo como origen un proyecto enviado por la segunda administración de Tabaré Vázquez, y se aprobó en 2020 con votos del Partido Nacional, el Partido Colorado y el Frente Amplio.

Cabildo Abierto votó en contra en esa oportunidad, por advertir que suponía una "privatización" de los aeropuertos en favor de la empresa Puertas del Sur. 

Durante el debate en el Senado, Manini Ríos dijo que esa compañía, concesionaria además del aeropuertos de Laguna del Sauce, quedaba “en una posición de privilegio” e iba a "ser favorecida” en tanto no se establecía "claramente" cuál era la "contraprestación".

Además de Cabildo Abierto, el proyecto despertó cuestionamientos por parte de diputados de Ciudadanos –Ope Pasquet dijo en su momento que se allanaba el camino para una extensión de la concesión de Carrasco sin competencia– y del senador blanco Juan Sartori, que este miércoles ratificó su discrepancia y cuestionó el acuerdo alcanzado.

"Hace muchos años no había inversión"

El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, defendió la decisión del gobierno de extender la concesión hasta 2053 del Aeropuerto de Carrasco y otorgarle seis aeropuertos del interior a Puerta del Sur. SA, propiedad del empresario argentino Eduardo Eurnekian. "Hace muchos años que no había inversión en aeropuertos del interior. En realidad hoy tienen capacidad operativa muy limitada y se generó esa posibilidad con una inversión rápida", aseguró este miércoles en rueda de prensa

Delgado sostuvo que la extensión se hizo en el marco de la ley que se promovió en el anterior gobierno y que creó el Sistema Nacional de Aeropuertos Internacionales. Según afirmó, la misma ley prevé llamar a licitación o extender las concesiones vigentes. "Se mejoró esa ley y se votó con votos de todos los partidos políticos. Habilita a extender la concesión y como contraparte poder habilitar como aeropuertos internacionales con toda la infraestructura, el balizamiento, la logística y el mantenimiento de seis localidades del interior", aseguró.

Consultado por las declaraciones de integrantes de Cabildo Abierto que manifestaron su disconformidad con la resolución, Delgado señaló que el "tema se venía hace tiempo trabajando". "Es un proyecto de ley donde hubo aporte de todos los partidos, incluso de Cabildo Abierto. Se ha informado a todos los partidos políticos. En esto quiero ser muy claro porque tampoco quiero vestirme con ropas ajenas. Es un proyecto de ley que viene de 2019, que se modificó, se mejoró y el marco legal habilitante pasó por el Tribunal de Cuentas sin observaciones. Ahora lo que se firmó fue el contrato", aseguró.