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Gobierno invertirá durante este período un tercio de lo previsto en plan de saneamiento
Por Miguel Noguez y Martín Tocar
Parado frente a una sala repleta de empresarios en una cena organizada por el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), el presidente Luis Lacalle Pou repasaba en setiembre de 2021 las grandes inversiones previstas por su gobierno, cuando llegó al capítulo de ambiente y entonces miró al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie.
"Tenemos un desafío grande que es el tema del saneamiento. 'Lito' le está sacando punta al lápiz. Yo sé que todavía no le cierra mucho. Pero hoy quedás comprometido con este reducido grupo de personas a seguir sacándole punta al lápiz, porque creo que es una obra muy buena", dijo Lacalle –medio en broma, medio en serio– a uno de los responsables del manejo de los números económicos de su administración.
"Si podemos llegar a 120 pueblos del país, es algo bueno para el medio ambiente y que le cambia la calidad de vida a mucha gente del país", añadió esa noche el presidente, en referencia al proyecto de iniciativa privada que preveía desembolsar casi US$ 1.000 millones en cuatro años y generar en ese proceso unos 12 mil puestos de trabajo en el interior.
Tras varios meses sacándole punta al lápiz, el Poder Ejecutivo resolvió que el plan de saneamiento para localidades de más de 2.000 habitantes ubicadas en el interior del país finalmente se realizará en distintas etapas. Y para este período de gobierno, el monto autorizado es de entre US$ 250 millones y US$ 300 millones, algo menos de un tercio de lo previsto originalmente.
Por estos días se están ultimando los detalles sobre el diseño de la primera etapa, entre ellos cuáles serán las localidades (entre 20 y 25) que recibirán la inversión.
Según informaron a El Observador fuentes de gobierno, el cambio en el monto se debió a "factores financieros". En otras palabras, a que al equipo económico "le cerraran los números".
A fines de marzo, durante el Noveno Foro Mundial del Agua que se llevó a cabo en la ciudad de Dakar (Senegal), el ministro de Ambiente Adrián Peña ya había anunciado que a fines de 2022 se haría el llamado público para la "primera etapa" del proyecto de universalización del saneamiento. Este jueves, en entrevista con Desayunos Informales, el jerarca dijo que el gobierno está "definiendo, de acuerdo a las prioridades y al número que tenemos de inversión, cuánto se va a avanzar en esa inversión en lo que resta de este período de gobierno".
Peña, que defendía el "sentido estratégico" de la propuesta original y así se lo transmitió a Lacalle en diversas oportunidades, destacó que la división en etapas igual permite hacer "en 10 o 12 años lo que Uruguay tenia planificado en 35 años".
Sobre la disminución de los recursos, señaló: "Es lo que me autorizaron. Es lo que hay valor. Es lo que hay y con eso tenemos que armar la jugada".
El proyecto
La iniciativa privada presentada a comienzos del año pasado por Saceem, Ciemsa, Teyma Uruguay y Fast Industria e Comercio (Brasil), preveía originalmente una inversión de unos US$ 975 millones para desarrollar obras en 124 localidades donde residen unas 560 mil personas. De esa manera la cobertura del servicio de saneamiento se ampliaría de 50% a 88% de la población, algo que ahora en el gobierno estiman que podría hacerse en un lapso de 12 años.
Como parte de los análisis previos se realizó una clasificación de todas las localidades y se estudiaron en profundidad 24 de ellas, que se clasificaron tomando en cuenta distintas características particulares, como costo de la inversión por conexión, densidad, pavimento y distribución de la población dentro de las localidades. Este último punto, por ejemplo, es clave para determinar si son necesarias una o más estaciones de bombeo de las aguas.
En diálogo con El Observador, el presidente de OSE, Raúl Montero, explicó “que hay infinitas formas de armar el puzle” para abarcar las 20 localidades iniciales con el monto de dinero que está previsto para empezar.
“Podemos elegir lo que sea más eficiente, o sea con el mismo dinero llegar a más conexiones, o elegir algo con un criterio más equitativo desde el puno de vista territorial por departamento. Hay muchas formas”, apuntó el jerarca.
“Esperamos en los próximos días ponernos de acuerdo en cuáles son los criterios. La idea es buscar eficiencia en el uso del dinero y a la vez tener cierta equidad territorial. Si uno busca mayor eficiencia puede llegar a más de 70 mil viviendas, y si busca algo de más equidad territorial puede andar en unas 60 mil viviendas”, dijo Montero.
Según fuentes del gobierno, la postura de Lacalle y de Peña es contemplar localidades pequeñas con menor cobertura, en vez de ciudades que estén más cerca de las tasas de cobertura deseadas.
"Histórica iniciativa"
¿Cómo se preveía financiar la obra?
Cuando fue presentada, la iniciativa privada no incluyó el financiamiento, pero sí manejó algunas alternativas que podrían considerarse por el Poder Ejecutivo. Entre las fuentes mencionadas se incluyeron préstamos de organismos multilaterales de crédito (BID, CAF, Fonplata) por US$ 655 millones a desembolsar durante el período de construcción y que tendrían como garante al gobierno uruguayo.
Una segunda fuente que se manejó fueron créditos de bancos locales para financiar las tarifas de nuevas conexiones (US$ 127 millones) que se cobraría a los nuevos usuarios en cuotas mensuales. En este caso el garante sería la subvención a recibir del Estado (ver aparte). Y también se mencionó un posible programa de emisión de obligaciones negociables de OSE en Unidades Indexadas (UI) por US$ 130 millones a 18 años de plazo. Esto tendría como garante la cesión de cobranza de nuevos ingresos mensuales de alcantarillado.
Consultado sobre la financiación, Montero señaló que en diálogo con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), se han manejado ideas, pero “siempre sobre la base de que son las empresas” las que deben buscar esa financiación y “asumir riesgo” por tratarse de una iniciativa privada.
Además, el proyecto de saneamiento en su globalidad tiene básicamente dos fuentes de ingreso. Uno son los ingresos que provendrían de los usuarios por la tarifa mensual y las nuevas conexiones. El flujo de caja de la iniciativa también prevé aportes externos durante un plazo de 21 años mediante una subvención de OSE por US$ 164 millones en el período de construcción (originalmente de cuatro años), y una subvención del Estado durante 17 años que totaliza US$ 697 millones.
“Estamos peleando eso, que los dos o tres primeros años OSE haga un aporte importante y luego habrá una subvención durante 15 años que dependerá del monto de los primeros años”, dijo Montero.
Cuando se abra el proceso de la licitación, el consorcio proponente correrá con ventaja de entre un 5% y un 20% sobre el resto de los interesados, de acuerdo a lo previsto en la ley de reactivación económica (N° 17.555) de setiembre de 2002.
En la iniciativa original, la ejecución del proyecto se planteaba a través de una entidad fiduciaria, para lo que se proponía crear la Corporación de Agua y Saneamiento del Uruguay, similar a la Corporación Vial del Uruguay. Esta entidad, que funcionaría en el ámbito privado, haría las obras y se encargaría luego de la operación y mantenimiento, por medio de un contrato a 30 años de plazo.
