Gobierno prometió liquidez, pero tiene frenada garantía crediticia a grandes empresas

Una de las primeras acciones que instrumentó el gobierno fue crear un Sistema de Garantías (SIGA) de Emergencia para apuntalar el crédito de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) del país con condiciones ventajosas, en un contexto donde la banca podía naturalmente replegarse a la hora de financiar a las empresas.

El MEF anunció que elevaría en US$ 500 millones el fondo del SIGA procurando que el apalancamiento pueda ubicarse hasta en los US$ 2.500 millones para préstamos, basado en el supuesto de que la mayoría de los negocios van a poder honrar sus deudas una vez que pase la tormenta. Además, redujo en 70% la comisión que se cobra por la gestión y canalización de esos fondos.

El SIGA es una garantía destinada a todas las mipymes que encuentran ciertos obstáculos para poder respaldar su crédito ante una institución financiera. El instrumento tiene un costo por comisión de uso para las empresas de 2% anual sobre el capital remanente que se garantiza (en pesos y UI) y de 2,6% en dólares. El porcentaje máximo de cobertura puede llegar hasta el 70% del préstamo solicitado pero luego, para el SIGA Emergencia, el Banco Central (BCU) permitió en abril elevar esa cobertura hasta el 80%.

Previamente, en marzo, el BCU también había autorizado a las instituciones de intermediación financiera, empresas de servicios financieros y administradoras de crédito a extender los plazos de vencimientos de los créditos al sector no financiero (familias y empresas) en acuerdo con sus clientes por un plazo de hasta 180 días, sin que ello implicara una recalificación ante la Central de Riesgos Crediticios.

El SIGA Emergencia cubre un monto mínimo de 16 mil UI (unos $ 76 mil) y un máximo de 1,2 millones de UI ($ 5,7 millones). Si se trata de un nuevo crédito, asumiendo un 80% de cobertura de la garantía, el rango de préstamos es de US$ 2 mil hasta US$ 153 mil, aproximadamente. La asistencia crediticia puede ir desde mínimo tres meses hasta máximo 96 meses, incluyéndose como máximo 12 meses de plazo de gracia dependiendo del destino. Esta línea estará vigente hasta el 31 de diciembre de este año.

De acuerdo al último informe del SIGA Emergencia de setiembre, hasta el momento se han liberado 13.445 créditos para mipymes por US$ 493 millones. El monto garantizado por el SIGA fue de US$ 373 millones. La garantía promedio se ubica en US$ 27.723, con un promedio de cobertura del 76% por los préstamos liberados, cuatro puntos por debajo del máximo que habilita el sistema (ver cuadro). El pico se dio en julio con US$ 113,5 millones de créditos otorgados por el Siga Emergencia; en setiembre fueron US$ 73,2 millones.

SIGA Plus en stand by

A medida que transcurrían los meses de la pandemia surgió otra demanda: las empresas de mayor porte (que muchas veces son las que terminan financiando a otras más pequeñas que no acceden a los bancos) también podían tener la necesidad de recurrir a condiciones de créditos que los bancos quizás no estaban en condiciones de darles. “Estamos observando que falta un nicho de atención a estas empresas de mayor porte”, dijo Arbeleche en junio.

Fue así que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley a fines de junio para habilitar el SIGA Emergencia para grandes empresas (SIGA Plus). La discusión parlamentaria fue relativamente breve e incluso el gobierno recogió algunas sugerencias de la oposición como que la herramienta quedará acotada mientras durara la emergencia sanitaria, y así quedó de manifiesto en el artículo 3 de la ley que fue promulgada el pasado 21 de agosto.

El Poder Ejecutivo quedó de reglamentar esa norma, pero pasaron dos meses y ello no ocurrió y ese sistema de garantía para grandes empresas no salió a la cancha. ¿Qué pasó? Una fuente oficial explicó a El Observador que en el gobierno existe cierto temor a que esa política comercial que aplican los bancos en el Siga Emergencia para las mipymes se replique para las grandes empresas, donde los montos de los créditos son mayores. Eso de alguna manera dejaría más expuesto al MEF por asumir una potencial cartera en dificultades en exceso.

Una de las debilidades que tiene el Poder Ejecutivo para controlar el funcionamiento de esta herramienta es la “asimetría de información”, indicaron. Es decir, los bancos son los que tienen los datos de primera mano de cómo es la realidad de cada cliente. Por tanto, ante la eventualidad de ver dificultades para el repago de las líneas de créditos a futuro las instituciones financieras podrían verse tentados (como ocurrió con algunos créditos para las mipymes en el SIGA Emergencia) a cancelar los vales vigentes y otorgar nuevos préstamos a las grandes empresas bajo el SIGA Plus, donde la garantía podría estar cubierta hasta en un 80% por el Estado si se mantiene el mismo criterio que rige para las firmas más pequeñas.

Fuentes del sistema bancario admitieron a El Observador que el SIGA Emergencia "abrió una ventana" para que los bancos cancelaran vales vigentes que no tenía problemas de calificación crediticia y los trasladarán con nuevas líneas al SIGA para pasar el riesgo de un posible incumplimiento hacia el Estado y así evitar un (potencial) impacto menor sobre sus resultados operativos futuros. Por ejemplo, con un préstamo de US$ 150 mil, el SIGA cubre hasta el 80% de ese monto, por lo que el banco apela a esa herramienta solo asume un riesgo por el restante 20% (US$ 30 mil).

Otra modalidad que también se instrumentó en los últimos meses fue la de partir los préstamos. Es decir, como el SIGA Emergencia tiene un tope (unos US$ 153 mil), los bancos cancelaron créditos vigentes y renovaban con dos formatos: uno con el máximo que permitía el SIGA y la diferencia por el sistema tradicional. Las instituciones acá también buscaban reducir su exposición ante un incremento factible de la morosidad en los próximos meses si la coyuntura económica no repunta.

No obstante, otra fuente del gobierno relativizó la demora del SIGA Plus. “Esto viene un poco más lento de lo que se esperaba. Se está evaluando un poco la situación por algún mal uso que pudo darse, pero no creo que esté en los planes su suspensión (por el SIGA Plus)”, indicó. Ese resorte le compete al Ministerio de Economía y Finanzas.

El informante indicó que el SIGA Emergencia ha sido una “muy buena solución” para muchas empresas y que eso se vio reflejado en los volúmenes de crédito que se otorgaron desde marzo hasta la fecha.

Por otro lado, la fuente consideró que para las grandes empresas el SIGA Plus tampoco es una “herramienta tan necesaria” porque, en general, este tipo de negocios ya cuentan con sus esquemas de garantías.

Meses clave para la morosidad

Los niveles de morosidad del sistema financiero uruguayo pueden ser algo engañosos hoy, tras la opción que le dio el BCU a los bancos para que sus clientes puedan postergar sus amortizaciones por un plazo de seis meses desde marzo.

La fuente oficial indicó que en virtud de cómo se comporte la economía durante el último trimestre del año se verá si el Banco Central (BCU) toma la definición de otorgar una nueva prórroga a los bancos para no modificar la calificación crediticia de sus deudores.

En una reciente entrevista con El Observador el presidente del BROU, Salvador Ferrer, dijo que seguramente a “partir de octubre y noviembre –cuando comiencen a vencerse esos seis meses de plazo– pueda verse algún deterioro en el portafolio de la institución”. Anunció que el banco tiene la intención de dar prórrogas pero se analizará caso a caso. “No hay intención de generar un apriete crediticio sino todo lo contrario, para que las empresas puedan salir adelante en esta situación. Hay algunos indicadores que nos permiten ser moderadamente optimistas con la recuperación”, comentó el jerarca.

Quiénes acceden al SIGA