La fiscal de crimen organizado, Mónica Ferrero, pidió el archivo de la denuncia tramitada contra el ex secretario de la Presidencia y excanciller, Gonzalo Fernández, según informó el jueves el semanario Búsqueda. El argumento de la fiscal es que a su juicio no existió una “conspiración” orquestada para derogar la ley por la que habían sido procesados los hermanos Peirano Basso para favorecer a su cliente, el exdirector de Banco Montevideo, Juan Ratti. Lo que se probó fue que “sugirió” aprobar la nueva ley de concurso.
En su dictamen, al que accedió El Observador, la fiscal Ferrero señaló que si el accionar de Fernández estaba dirigido a que se derogara el artículo 76 de la ley 2.230 para favorecer a su cliente, “debía lograr no sólo que se aprobara la ley por los parlamentarios actuantes, sino también que el Tribunal de Apelaciones en lo penal de 3 turno clausurara la causa en aplicación de dicha ley”.
A juicio de la fiscal, no hubo conspiración ni co participación de legisladores. Tampoco cometieron el delito los miembros del tribunal de apelaciones ni Fernández “quedando su actuación reducida a una sugerencia o advertencia de la cual da cuenta la investigación criminal”.
La fiscal aseguró que para que se cometa el delito de conjunción del interés personal con el del público (artículo 161 del Código Penal) el funcionario debe actuar “en función de su cargo”, cosa que no ocurrió en este caso porque Fernández no es legislador.
Concluyó que no se probó que Fernández “se interesara” por la aprobación de la ley 18.411 –que derogó el artículo 76 de la ley 2.230– sino más bien surge una consulta por parte del diputado Álvaro Lorenzo en un tema específico sobre la ley. La fiscal consideró también que el abogado no estaba obligado a informar que defendía a Ratti porque no cumplía funciones legislativas. Además, señaló que le había avisado al senador Danilo Astori que no se debía derogar el artículo por la existencia de la causa de los hermanos Peirano.
También se indagó a Fernández por el decreto que permitió crear un seguro de salud para los médicos, ya que el profesional es abogado del Sindicato Médico. La denuncia señalaba la utilización de su cargo como secretario de la Presidencia para obtener beneficios para sus clientes, y abarcaba al expresidente Tabaré Vázquez por “tolerar toda esa actuacíón público-privada de apariencia delictiva”. Ferrero entendió que ahí tampoco se probó su injerencia. Sobre esa denuncia, Ferrero señaló que el anterior fiscal del caso, Ricardo Perciballe, citó a declarar a Vázquez y dejó a criterio del juez si lo citaba en calidad de testigo o indagado. Pero puntualizó que es el fiscal quién debe decidir a quién se indaga y a quién no en cada denuncia
