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Nacional > Fue procesado

Alberto Fernández, el dueño de Fripur, se entregará a la Justicia este lunes

Sus hijos criticaron el accionar judicial y aseguraron que “todos” deberán responder por los “terribles perjuicios causados”

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21 de diciembre de 2019 a las 20:22

El dueño de Fripur, Alberto Fernández, se entregará ante la Justicia este lunes por la mañana, indicaron a El Observador fuentes vinculadas al caso. Fernández fue procesado con prisión por ofrecer garantías al Banco República (BROU) y al BPS por US$ 10,3 millones sin tener luego la mercancía para ejecutarla. El imputado no fue detenido porque cuando la policía lo fue a buscar a la casa, no lo encontraron.

El juez Nelson dos Santos decidió procesarlo este viernes, cuando estaba prevista una audiencia ratificatoria en la cual el imputado iba a tener que confirmar sus declaraciones en presencia de un abogado, sostuvo en diálogo con El Observador. Sin embargo, puesto que volvió a faltar a la cita alegando motivos de salud, el magistrado interpretó que no era obligatoria esa instancia, y lo procesó por los delitos previstos en la ley de prendas en el grado de muy especialmente agravado "por el monto del perjuicio económico" en reiteración real, dijo el juez. Finalmente, Fernández se presentará este lunes. 

Un día después que el juez Dos Santos lo procesara con prisión sus hijos divulgaron un comunicado titulado “La historia no contada sobre las ilicitudes cometidas en Fripur” en el que defienden a su padre, critican el procedimiento judicial por "irracional" y "direccionado", y señalan como responsables a la gerencia de la empresa y el síndico que se hizo cargo.

El comunicado señala que el pescado prendado "tenía un valor muy inferior” al monto que adeudaba porque era parte de otras garantías de “muchísimo mayor valor”, por lo que la mercadería era “casi simbólica con relación al valor de los otros bienes dados en garantía”.

Los hijos del procesado también manifiestan que el directorio formal la empresa estaba integrado por Máximo Fernández (presidente), Alberto Fernández (vicepresidente) y Magdalena Rodríguez -esposa de Máximo- (secretaria). “La empresa era gestionada, desde el año 2013 al menos, por una gerencia, que no integraba Alberto Fernández”, agregó el texto. Los integrantes de la gerencia eran Máximo Fernández, Adriana Fernández Rodríguez, Laura Fernández Rodríguez y Ricardo Fernández -hijos de Máximo Fernández y Magdalena Rodríguez-, y el contador Marcelo Molina.

“Alberto Fernández nunca pudo haber enajenado las 1.300 toneladas de pescado prendado faltante porque no era el dueño de ese pescado vendido y entonces el comprador nunca hubiera realizado la operación”, subrayan los hijos del empresario. A su juicio, eso solo lo podía hacer el directorio o la asamblea de accionistas, algo que “nunca” ocurrió.

Para los hijos, quien pudo haber adoptado la decisión y ejecutado la enajenación en nombre de Fripur fue la gerencia, siempre que dicha venta se haya hecho antes del 1° de agosto de 2014, fecha en que se decretó el concurso de la empresa. Si la venta fue después se debió hacer con el conocimiento al menos del interventor, y si fue después de agosto del 2015 la venta "la hizo el síndico dado que las autoridades ya no estaban en funciones".

El juez Dos Santos dijo en su sentencia que en “calidad de vicepresidente del directorio de Fripur SA”, Fernández tenía una activa participación “en la gestión de la empresa y consiguientemente tenía bajo su control la totalidad de la mercadería”. El presidente era su hermano Máximo, quien falleció.

Según consignó el juez en su fallo, Fernández declaró “que era vendedor, que solamente firmaba lo que se le indicaba, siendo su hermano, sobrina y su familia quienes tomaban las decisiones empresariales”, anotó Dos Santos. “Si bien admitió su calidad de vicepresidente del Directorio, expresó desconocer sobre las prendas en ejecución así como el destino del dinero obtenido en los préstamos respectivos”, agregó el juez.

En tanto, los familiares citan declaraciones de la integrante de la gerencia Adriana Fernández Rodríguez y el contador Marcelo Molina, las cuales consideran que no fueron tomadas en cuenta ni por la fiscal ni el juez.

“La sindicatura nunca fue citada a declarar en el expediente penal. Su testimonio acerca de quién era que administraba y gerenciaba Fripur por aquel entonces y con respecto a los stocks y venta de pescado hubieran sido por demás interesantes. Llama poderosamente la atención que nunca se le hubiere preguntado al respecto. Tampoco se interrogó a ninguna de las personas que integraban la gerencia de Fripur en aquél entonces, los que seguramente habrían tenido información acerca de estos hechos”, escribieron.

Para los hijos, también llama "poderosamente la atención" que nunca se haya citado a declarar en el expediente penal al “comprador de la mercadería prendada”.

Respecto a los vales firmados por Fernández a favor del BROU como garantía de los adeudos pendientes, el comunicado señala que demostró que eran falsificados, presentó una pericia caligráfica pero “tampoco le pareció relevante a la investigación penal”. “Parecería que ya estaba direccionada hacia Alberto Fernández, sin importar lo que ocurriera”, sostuvo el escrito.

De acuerdo con el relato de los hijos, el “nivel de absurdo” de todo el proceso llegó a su pico más alto cuando su defensa presentó una nota enviada a UTE en la que surgía que Laura Fernández Rodríguez “daba instrucciones al comprador del pescado vendido que la mitad del dinero de dicha operación se transfiriera a la cuenta de Fripur y la otra mitad a una cuenta personal de su padre, Máximo Fernández, en un banco de los Estados Unidos”.

“Los prejuicios generados y la notoriedad pública de Alberto Fernández en los últimos años tuvo como consecuencia un proceso penal sumamente irracional e irregular. Basta ver cómo se llegó a su procesamiento. Al día de hoy, Alberto Fernández no ha sido notificado personalmente del mismo, sino que se enteró por la prensa, en clara violación a las normas procesales que rigen esta materia”, concluyó el documento que afirma que el tiempo “pondrá las cosas en su lugar” y anuncia que los abogados apelarán esta “absurda decisión” y denunciarán a los “verdaderos responsables” de este y otros hechos.

“Confiamos en que primará la verdad y que será revocada. Sin embargo, el daño a la salud y reputación de Alberto Fernández ya está hecho y es difícil que el mismo se enmiende. Llegado el momento, todos deberán responder en el marco de la ley por los terribles perjuicios causados”, finalizó el escrito.

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