Homicidios a manos de un taxista reeditan debate por filtros de conductores

Más allá de la casuística y este episodio puntual, el tema abre un debate de larga data en el rubro, en especial desde que la Intendencia de Montevideo (IM) dejó de exigir un certificado de buena conducta como requisito para sacar la libreta profesional. El cambio ocurrió en la administración pasada a raíz de la implementación del Permiso Único Nacional de Conducir creado por ley. 

Desde entonces, la validación –conocida también como certificado de antecedentes judiciales– que emite el Ministerio del Interior a través de la Dirección de Identificación Civil ya no es un requisito para la libreta que se pide a los conductores en este servicio. De 2015 en adelante tanto la Gremial Única del Taxi como el Sindicato del Taxi (Suatt) han hecho solicitudes para retomar esa obligación.

Ese año la patronal acudió al Ministerio del Interior para buscar mecanismos que le permitieran conocer si el taximetrista tiene antecedentes judiciales y si está habilitado a tratar con el público. El entonces secretario general de la Gremial, Javier Fardín, había dicho a El Observador que en los últimos años se había intensificado el robo de la recaudación por parte de los conductores e incluso la desaparición de vehículos que luego aparecen "tirados" en alguna estación de servicio o en calles poco transitadas. 

En enero del 2020, el sindicato solicitó a la IM que retomara el requisito del certificado. "No es para excluir a nadie pero para ver si la persona puede tratar con público de manera habitual", había argumentado el dirigente Federico Pereira en diálogo con Subrayado, al tiempo que añadió la necesidad de que "si lamentablemente cometió un error tenga su lugar para recomponerse".

Consultado por El Observador, el dirigente Damián Fernández adelantó que el Suatt sacará un comunicado para desmarcarse "de algo que es aberrante". "Es algo que traspasa lo que pueda suceder en el gremio", aseguró y añadió que en la patronal "no hay ningún tipo de requisito" para el ingreso más allá de la libreta profesional. "La que tiene que tomar cartas en el asunto con un registro único de choferes es la IM", planteó. Fernández sostuvo que el imputado no es afiliado al sindicato. 

El presidente de la Patronal, Francisco Salanova, prefirió no hacer comentarios para la nota. Fuentes de la Gremial indicaron a El Observador que la institución hizo varias gestiones con la administración de Daniel Martínez para que la comuna retomara el requisito de un certificado de buena conducta para expedir la libreta. "Eso quedó en el olvido", indicaron fuentes de la directiva. 

Por su parte, el dirigente de la lista opositora en la Gremial, Gabriel Rodríguez, manifestó que "lo que pasa es que el tipo se tiene que reinsertar en la sociedad, entonces es complicado cortar la libertad de trabajo". "Después de que vos cumplís una pena, estás libre y no te pueden coartar la libertad de trabajo", dijo a El Observador. El dirigente sostuvo que las solicitudes al Ministerio del Interior y la comuna son solo para "tener más garantías, porque 100% de garantía nunca tenés". 

"Es muy complicado, porque se piensa que con eso va a tapar un montón de cosas, y es muy difícil. Usted no sabe. Este tipo era un expolicía, y usted qué va a saber... o un profesor, o un técnico del fútbol. La gente se desespera con el taxi y acá hay un tema general, más bien cultural del país", expresó.

El imputado por dos asesinatos en Santiago Vázquez fue policía nueve años, tiempo atrás se había desempeñado en el servicio del taxímetro y estuvo preso varias veces por delitos de droga y receptación. En los últimos meses trabajaba con el taxi de su hermano, según relató el propio sujeto a El País: “Lo incentivé para que trabajara en el taxi”, explicó de modo que su hermano pudiera reencauzarse. Relató que había trabajado sábado, domingo, lunes, martes y miércoles, por lo que percibió $ 3.500 de promedio diario.

El Observador consultó a la Intendencia para esta nota, pero desde la comuna indicaron que no harían declaraciones. Uno de los detalles a esclarecer en la causa puntual de Santiago Vázquez es qué tipo de vínculo tenía el imputado con el servicio del taxímetro y si cumplía los requisitos formales.  

El debate sobre los límites a establecer de acuerdo a determinados antecedentes atraviesan también otras áreas. Una de las más recientes es el registro de violadores y abusadores sexuales creado por la Ley de Urgente Consideración (LUC). Por decreto del Poder Ejecutivo, algunas instituciones que trabajan con menores de edad deben exigir un certificado de no inscripción en ese registro antes de contratar a un empleado, y el Ministerio del Interior del Interior puede brindar información sobre los individuos incluidos "a toda persona que lo solicite con razones debidamente fundadas". 

Según los datos aportados a comienzos de mes por la directora de Inmujeres, Mónica Bottero, hoy hay 143 personas en ese registro, la mayoría de ellos hombres mayores de edad.