Homicidios en México: el rol de la economía, la geografía y la educación

Un nuevo estudio de un profesor de ciencias políticas examina las causas y los impactos de los homicidios en México, llegando a un puñado de nuevas fórmulas políticas.

El estudio “The Local Educational and Regional Economic Foundations of Violence: A Subnational, Spatial Analysis of Homicide Rates across Mexico’s Municipalities” (pdf) fue escrito por el profesor Matthew C. Ingram, de la Universidad Estatal de Nueva York (SUNY), para el Centro Woodrow Wilson. En el documento, Ingram examina todos los homicidios que ocurrieron en 2010 en México, un año particularmente violento, clasificados por municipio.

Según el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, México fue testigo de 24.374 asesinatos en 2010, el segundo total anual más alto de la presidencia de Felipe Calderón. Esta cifra representó un aumento del 23 por ciento con respecto al año anterior, el cual registró el segundo mayor incremento en los homicidios de la administración Calderón.

Como señala Ingram, y como se ha informado ampliamente, los asesinatos estuvieron concentrados en una minoría de los 2.455 municipios del país. Ingram también señala una serie de características que se correlacionan con una alta tasa de homicidios municipal, siendo muchas de ellas nuevas observaciones.

Por ejemplo, Ingram señala que las regiones en donde se intersectan tres estados, tienden a presentar una alta tasa de homicidios. Tal fue el caso de las regiones de triple frontera de Nayarit, Jalisco y Zacatecas; Sonora, Chihuahua y Sinaloa; y Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Si bien esta es una perspectiva poco usual sobre los problemas de México, las zonas fronterizas (tanto dentro de México como en todo el mundo) tienden a sufrir problemas de coordinación entre las autoridades en las entidades competentes, lo que permite a los criminales construir un santuario en un lado, mientras causan estragos en el otro.

Ingram también examinó la relación entre los factores económicos y la tasa de homicidios de 2010, llegando a una conclusión contraria a la intuición: específicamente, un aumento en la inactividad económica (por ejemplo, el desempleo) disminuye las tasas de homicidio locales. Esto es consistente con los hallazgos en Estados Unidos, donde los investigadores sostienen que la inactividad económica podría limitar la circulación de las personas, proporcionando así un menor número de blancos para los delitos violentos (por ejemplo, Baller et al.).

Aunque este hallazgo ha sido apoyado por investigaciones con sede en Estados Unidos, lo hace en contradicción con la narrativa popular de que la seguridad mexicana tocó fondo en gran parte debido a la crisis financiera mundial que comenzó en 2008.

Ingram también observó la educación y la topografía en relación con el crimen. Encontró que en el ámbito local, los logros educativos estaban correlacionados con una tasa de homicidios más baja dentro de una comunidad específica, aunque los efectos secundarios fueron limitados. Este resultado concuerda con la teoría ampliamente postulada, de que la existencia de millones de los llamados “ni-ni” (un eufemismo mexicano para los jóvenes que no trabajan ni van a la escuela) es un importante motor de la violencia.

Con respecto a la topografía, Ingram encontró que entre más desigual sea el terreno en un área determinada, es probable que la tasa de homicidios sea más alta. Esto tiene sentido. A nivel internacional, el terreno montañoso a menudo es el más políticamente inestable, y tales regiones con frecuencia han servido como los puntos focales de las insurgencias. En México, durante mucho tiempo, el Estado ha tenido problemas para dominar Sierra Madre Occidental; un área que ha engendrado a los traficantes de drogas más prominentes de la nación por generaciones.

Basado en sus observaciones, el autor sugiere una serie de políticas. En primer lugar, para combatir los problemas de coordinación que a menudo surgen en las zonas transfronterizas y de triple frontera, Ingram sugiere utilizar el gobierno federal para supervisar la política de seguridad. Tanto el gobierno de Calderón como la actual administración del presidente Enrique Peña Nieto se han apoyado en el gobierno federal con regularidad, en zonas extremadamente violentas, aunque el enfoque por lo general no está en las regiones fronterizas en sí, y la coordinación entre las diferentes agencias es a menudo una prioridad secundaria.

En lo que respecta a sus hallazgos sobre los logros académicos, Ingram recomienda que el gobierno concentre los recursos educativos en los municipios que registran altas tasas de homicidio. No está claro con qué rapidez estos esfuerzos podrían tener beneficios, pero por lo menos representarían una buena inversión a largo plazo. Si el mecanismo mediante el cual la educación reduce la criminalidad, es simplemente por medio de la ocupación de los jóvenes en riesgo, entonces es plausible la idea de que la educación también podría tener un impacto a corto plazo, especialmente si se combina con el tipo de programas sociales después de la escuela, puesto en marcha en Ciudad Juárez como parte del plan de reconstrucción Todos Somos Juárez.

Una clara deficiencia del estudio es que Ingram sólo está mirando los datos de un año. Muchos de los resultados, por lo tanto, pueden ser anomalías que desaparecen cuando uno observa los años siguientes. Ingram reconoce esto, y ofrece su estudio como un primer paso para futuras investigaciones, así como advierte sobre el uso de sus conclusiones como la única base para las propuestas políticas. A primera vista, sin embargo, el análisis de los datos de Ingram parece generar un puñado de conclusiones sensatas y propuestas sabias.

Este post fue originalmente publicado por InsightCrime.org, y reproducido por el blog Sin Miedos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)