La Sociedad Interamericana de Prensa criticó especialmente a Argentina
La impunidad de los crímenes contra periodistas y la censura son los principales obstáculos que enfrenta la libertad de prensa y expresión en América, de acuerdo con la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que ayer terminó su reunión semestral en Panamá.
Los asesinatos tienen que ver a veces con el crimen organizado o tienen “tinte político”, según Mohme.
La SIP también es muy crítica con situaciones de censura directa o restricciones legales a los medios por parte de gobiernos de todo el continente, especialmente en Venezuela, Ecuador y Argentina.
“La censura es el arma que utilizan los gobiernos a través de diversas acciones” que representan “cortapisas a la libre difusión” en medios de prensa y en redes sociales, dice el documento final.
En Ecuador se han aplicado más de 30 sanciones a medios, periodistas y caricaturistas y se han cerrado las cuentas a cinco usuarios de Twitter en los últimos seis meses, mientras que en Venezuela han sido procesados ocho tuiteros. De acuerdo con la SIP, varios gobiernos de la región tienen un desmedido “afán de controlar el espectro de las comunicaciones”.
Publicidad oficial y acoso
El único país que mereció dos capítulos con resoluciones en el informe final –donde no se dijo nada específico para Uruguay– fue Argentina. Con esta nación la SIP fue especialmente cuestionadora y criticó varios aspectos.
Uno de los asuntos que abordó en mayor profundidad fue el del reparto de la publicidad oficial. La Sociedad consideró que el gobierno desconoce fallos judiciales de la Corte Suprema e incurre en una “distribución arbitraria” de la misma, por lo que cae en el uso de estos avisos como herramienta de censura indirecta, pues premia con publicidad a los medios que reproducen su discurso pero castiga a los que lo cuestionan. En 2014 hubo unos US$ 450 millones -al cambio oficial- destinados a pauta del gobierno, una suma nunca antes vista.
El consejo de los expertos fue que el Estado cese en sus prácticas discriminatorias en materia de asignación de publicidad oficial y cumpla con los fallos de la Corte Suprema que lo obligan a distribuirla de un modo que no afecte la libertad de expresión.
Asimismo, la SIP criticó el “hostigamiento" por parte del Estado hacia algunos medios de prensa o periodistas, que en varias ocasiones “constituyen una amenaza a la libertad de expresión”. El conglomerado hizo recomendaciones precisas a las autoridades, como instarlas para que no alimenten un clima de violencia contra el periodismo ni contra quien exprese opiniones diferentes.
