Se trata de las empresas Conaprole, Calcar, Pili y Claldy
En un principio, Conaprole, la principal empresa láctea del país, no había aceptado la asistencia porque le afectaba su capacidad normal de operar financieramente para el resto de sus actividades.
El proyecto de ley incluyó garantías o fianzas solidarias para las empresas Calcar, Claldy, Conaprole y Pili. El plazo de financiamiento no podrá exceder los seis años y el período de gracia no podrá ser superior a los tres años.
El Poder Ejecutivo se hará cargo del costo de los intereses generados por los créditos que se otorguen por las instituciones financieras de plaza, los que no podrán exceder del equivalente a una tasa de 4,5% en dólares estadounidenses sobre un monto máximo de US$ 66 millones que es el saldo impago por las exportaciones de lácteos a Venezuela.
Esta asistencia financiera cubre las ventas efectuadas entre el 29 de setiembre de 2015 y el 23 de noviembre de 2015, en el marco del entendimiento del 6 y 7 de julio pasado entre los gobiernos de Uruguay y Venezuela para la compra de alimentos.
Las empresas exportadoras que accedan a la garantía prevista deberán ceder sus créditos contra la venezolana Corpovex a favor de la institución de intermediación financiera otorgante del financiamiento.