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Industriales piden que el gobierno decrete el cero kilo en frontera con Argentina
Un estudio realizado por la Dirección de Estudios Económicos de la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU), mostró que el 35% de las empresas industriales consultadas respondió que el contrabando aumentó en el 2022 y en los primeros meses de 2023.
En tanto, un 35% reportó caída de ventas en la zona fronteriza con Argentina, y 27% con Brasil en 2022 respecto a 2021. En tanto, una de cada tres empresas informa que el contrabando incidió en la caída de sus ventas el año pasado.
Un dato no menor que surge de dicho estudio es que hay sectores que identificaron que el contrabando está abasteciendo hasta un 40% de sus ventas, situación que se agudiza agudizando según la región del territorio analizado y el paso del tiempo.
“No existe control estricto”
La CIU afirmó este jueves que “dada la gravedad de la situación el gobierno tendría que decretar el cero kilo”, en la frontera con Argentina, “adecuando la normativa existente, como se llevó adelante en la pandemia por un tiempo determinado, hasta que se fortalezcan los controles existentes y a la espera de una regularización cambiaria” con el país vecino.
Esto con el objetivo de “frenar un flagelo que tan negativamente impacta en la industria y el comercio nacional. Es impostergable emprender acciones que corrijan la situación que, a la fecha, ambos sectores, padecen”, dice el comunicado.
La gremial sostiene “que hoy no existe un control estricto" de la resolución 47/2021 de la Dirección Nacional de Aduanas, para residentes de zonas fronterizas, que limitan el ingreso a 5kg de mercadería variada, y con una frecuencia quincenal, y del tope de US$ 300 mensuales a todos aquellos que, sin ser residentes de frontera, crucen por tierra, según disposiciones contenidas en decreto Nº 43/2019, "haciendo que se ingresen cantidades superiores”.
“El contrabando es delito y debe sancionarse”
La CIU señaló que se denota un fenómeno heterogéneo, que impacta en varios sectores de la industria nacional, así como en diferentes zonas de nuestro país.
Agregó que esta problemática “no solo afecta a la producción y al comercio”, sino también al consumidor, “en tanto adquiere productos que no han sido sometidos a ningún control que salvaguarde su salud”.
“Todos sabemos que el contrabando no solo constituye una infracción aduanera, sino también un delito, y como tal debe ser objeto de fiscalización y sanción. Ante ello debemos preguntarnos como sociedad, qué preferimos, si mayor fiscalización aduanera o menor nivel de actividad y empleo”, dice el comunicado.
Según la CIU, las organizaciones delictivas encuentran caminos apropiados para el ingreso de productos fuera de la ley, llegando inclusive a comercializarlo en un ‘centro comercial a cielo abierto’ del litoral, “sin aparente control alguno”.
“Esperamos que las autoridades nacionales apliquen todo el control y el peso de la legislación nacional, para minimizar los efectos irreversibles de la prolongación en el tiempo de este tipo de prácticas”, dice el comunicado.
