Se solicitó la captura de 20 personas por crímenes de lesa humanidad
La jueza argentina María Servini solicitó la detención de dos ex ministros del dictador español Francisco Franco, Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina, junto a otros 18 acusados por torturas y ejecuciones cometidas durante el régimen franquista.
Según un auto judicial, la orden contra Utrera Molina, de 86 años, procede por haber convalidado la sentencia a muerte del anarquista Salvador Puig en 1974.
Por su parte, la jueza reclama a Martín Villa, de 79 años, como presunto responsable de la represión de una concentración de trabajadores en Vitoria el 3 de marzo de 1976, en la que murieron cinco trabajadores y más de 100 personas resultaron heridas, muchas por armas de fuego.
En una resolución difundida el viernes, la jueza argentina justificó su pedido de captura en que “los delitos constituyen crímenes de lesa humanidad por lo que en uno u otro caso la acción y la pena son imprescriptibles y sus responsables están sujetos a persecución a través de la aplicación del principio de jurisdicción universal”.
Este último aspecto refiere a la ley aprobada en España en 1977 que decretó una amnistía para todos aquellos involucrados en el régimen, una ley similar a las aprobadas en varios países latinoamericanos, incluso Uruguay, tras las dictaduras de las décadas de los años de 1970 y 1980. Los abogados españoles que defienden a las víctimas del franquismo buscan ampararse en el derecho internacional para evadir esta ley de amnistía. Esta es la primera vez que se imputa a miembros del gobierno de Franco en nombre de la justicia universal.
Por otra parte, la jueza Servini también ha solicitado la exhumación de cadáveres de víctimas del régimen franquista que se encuentran en el cementerio de Guadalajara, en Castilla.
Las denuncias en los tribunales argentinos comenzaron en 2010, y a finales de 2013 un grupo de querellantes viajó a Argentina para testificar ante Servini, quien pidió la apertura de los consulados argentinos en todo el mundo para facilitar la recepción de denuncias.
La magistrada ya había pedido el año pasado la extradición de dos expolicías franquistas acusados de presuntas torturas. La Justicia española denegó el pedido bajo el argumento que los crímenes imputados no constituyen delitos de lesa humanidad y además prescribieron hace años. En España los delitos de tortura prescriben a los 10 años.
Mientras tanto, las asociaciones de víctimas de la represión se mostraron felices ante la solicitud de Servini, calificando su decisión de “histórica”.
“Hoy es un gran día”, manifestó María Arcenegui Siemens, portavoz de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), quien agregó que tras el final de la dictadura, “de un día para otro” se “ha pasado en este país de un régimen a una democracia, pero no ha sido depurado”.