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Informe imposible de ignorar
El exhaustivo informe sobre la realidad de Venezuela de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la expresidenta de Chile Michelle Bachelet, no genera otra cosa que espanto por el estado de putrefacción del régimen chavista de Nicolás Maduro, responsable de la hecatombe alimentaria, sanitaria, económica y política del país. Y a la misma vez, nos duele el silencio de la administración de Tabaré Vázquez ante las ignominias de un gobierno que violenta el estado de Derecho y atropella todos los derechos humanos, y al que se le puede etiquetar de muchas maneras, menos de que es una democracia.
Estamos hablando de una nación con las reservas de petróleo más grandes del mundo, con tierras suficientes y apropiadas para producir alimentos en abundancia. De una nación que hasta fines de la década de 1980 tuvo una democracia con defectos, pero que respetaba las reglas de juego y donde funcionaba un legítimo sistema de partidos. Pero hoy, como consecuencia de la experiencia caribeña del Socialismo del Siglo XXI, se ha convertido en un guión lúgubre de un documental que retrata dramas como si fuera un país en guerra.
La socialista Bachelet, que nunca ha tenido una actitud destemplada con el chavismo, firmó un informe muy documentado que incluyó una visita a Caracas entre el 19 al 21 de junio pasado. El informe demuestra que el gobierno de Maduro viola todos los derechos humanos posibles: económicos y sociales; de salud; civiles y políticos. Para la investigación se contrastaron más de 550 entrevistas –que incluyó al propio Maduro, otros miembros del régimen chavista y referentes de la oposición- con víctimas, testigos, abogados, profesionales de la salud, representantes de ONG de derechos humanos y de medios de comunicación, y hasta diplomáticos.
La investigación comprobó el hambre de las familias que no acceden a los alimentos de la canasta básica, incluso quienes se benefician de los planes sociales. También cómo la corrupción y la falta de mantenimiento en la infraestructura pública han tenido como resultado el deterioro en el transporte público y en el acceso a electricidad, agua y gas natural. A ello se suman graves carencias en la atención básica de salud que incluye la falta de medicamentos esenciales -entre 60% hasta un 100%-.
El documento demuestra las restricciones que sufren los medios de comunicación independientes, más el mazazo para la libertad de expresión por el cierre de canales de televisión y de emisoras de radio, y las detenciones de periodistas.
A toda esa calamidad, se suma la represión y criminalización de los opositores, la militarización de las instituciones del Estado, un aparato de seguridad que es responsable de la mayor parte de las 5.287 ejecuciones extrajudiciales ocurridas en operaciones policiales en 2018, así como también el encarcelamiento arbitrario, maltratos y tortura a opositores y sus familiares. Y como colofón, una Justicia que no es independiente, ni imparcial ni transparente en las investigaciones sobre violaciones de derechos humanos.
Es un estudio lapidario que nadie en su sano juicio puede cuestionar ni en las formas ni en el contenido. El silencio ante un muy prolijo documento de las Naciones Unidas, no hace otra cosa que alimentar la suspicacia.
