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Institución de DDHH dijo que Interior aplicó un "uso ilegítimo de la fuerza" en operativos de Malvín Norte
La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) emitió una resolución esta semana en la que definió que el Ministerio del Interior incurrió en una "actuación ilegítima" cuando desplegó a mediados de abril una serie de operativos en el barrio Malvín Norte, tras los cuales se suscitaron situaciones de enfrentamiento entre policías y algunos vecinos de la zona, que insultaron y tiraron piedras a los efectivos.
El organismo también entendió que con esos procedimientos policiales la cartera de seguridad violó los "derechos humanos de las personas afectadas a partir del uso ilegítimo de la fuerza no letal y letal por parte de la Policía Nacional", de acuerdo al documento que divulgó Brecha este viernes y al que accedió El Observador.
Un grupo de vecinos de Malvín Norte había denunciado que entre el viernes 9 de abril y el lunes siguientes fueron víctimas de maltrato policial en esos operativos de seguridad. Javier Techera, referente vecinal y coordinador de una de las ollas populares que se organizan en la zona, relató en una carta pública divulgada por esos días que el primer incidente ocurrió al mediodía del viernes, cuando un grupo de efectivos de la Guardia Republicana respondió con balas de goma al lanzamiento de piedras.
La policía retornó el domingo sobre las 18.30 horas y entonces se desató un enfrentamiento más violento, también con disparos y pedradas, como pudo apreciarse en videos que se hicieron virales en las redes sociales y que fue parte del insumo de análisis de la INDDHH. Según la carta de Techera, un policía increpó a un hombre que pasaba por el lugar diciéndole "¿qué mirás, mugriento de mierda?", lo que motivó la respuesta inmediata de la persona, quien contestó: "Mugriento sos vos, gil".
Fuentes de la Guardia Republicana dijeron por entonces a El Observador que "el barrio se vino encima a los policías" cuando trataron de adentrarse en los alrededores de la esquina de Menorca y Calle 2, y que luego de esa intervención se detuvo a tres sospechosos.
El fiscal que que estaba de turno el fin de semana, Pablo Rivas, indicó a El Observador que dispuso el cese de la detención de esas tres personas –"y el emplazamiento sin fecha"– porque la policía no presentó suficientes pruebas que acreditaran el presunto desacato.
En ese sentido, la INDDHH concluyó ahora que en "la actuación policial en todos los procedimientos relevados surge una clara disparidad entre la magnitud de la intervención y los resultados alcanzados, extremo que da cuenta, además, de la ineficacia del operativo".
El Ministerio del Interior dio su versión de los hechos en una carta que envió al organismo a requerimiento de este el 24 de junio, en donde respondió que los operativos criticados se desarrollaron dentro "del marco de las fases de actuación policial de prevención, disuasión y represión del delito", como consta en el apartado de descargos del propio documento de la INDDHH.
Además, la Secretaría de Estado añadió que "la actuación policial en la zona ha sido bien valorada, lográndose restablecer el orden, y concomitantemente y se ha promovido el libre ejercicio de los derechos de las personas", y que todo lo ocurrido esos días fue informado a la Fiscalía y la Justicia "a los efectos que puedan considerarse pertinente".
La Justicia, en efecto, no ha emitido ningún falló sobre el tema.
Sin embargo, el organismo entendió que "el material probatorio analizado controvierte en forma eficaz la versión trasladada por el Ministerio del Interior respecto a la utilización de munición letal". "En tal sentido, el Ministerio del Interior informó respecto de un único caso de disparo de arma reglamentaria efectuando ocho disparos hacia un terraplén identificado como zona segura. El material fílmico (aportado por vecinos) registra varios casos de disparos con armas reglamentarias, que superan ampliamente los ocho disparos, cuyo destino no es un terraplén", dice el organismo
En la carta de Javier Techera, se denuncia que el hombre que habría respondido al insulto del policía en el operativo del domingo sufrió una golpiza brutal "con la cachiporra en primera instancia y con proyectiles de escopeta calibre 12/70 mm con perdigones de goma"; que la misma suerte corrieron "jóvenes y familiares" que trataron de asistir al hombre, y que los efectivos de la Guardia Republicana cercaron una de las casas del barrio en donde había una mujer de 68 años, otra embarazada y varios niños.
"Las piedras son las únicas defensas contra el arsenal del cordón policial atrincherado frente al domicilio", escribió Techera.
El organismo también aseguró que la actual resolución “se inscribe en un contexto de aumento significativo de denuncias referidas a maltrato y abuso por parte de funcionarios policiales recibidas en la INDDHH a partir de marzo de 2020”.
Recomendaron además "la modificación de la práctica administrativa, relativa a la solicitud de identificación en forma genérica e indiscriminada", así como se implementen "mecanismos de rendición de cuentas sobre la actuación policial respecto a las intervenciones y afectaciones de derechos de la población, en particular, utilización de munición letal o no letal, allanamientos, prácticas de detención transitoria requiriendo documentación", entre otras sugerencias
Respecto a la solicitud de documentación, una política de seguridad que el nuevo gobierno comenzó a aplicar en forma sistemática desde la primera semana de marzo, el organismo también la definió como una conducta "lesiva de los derechos de las personas detenidas, aunque sea en forma transitoria".
