5 de julio de 2013 11:34 hs

La Intendencia de Montevideo inspecciona los comercios para poner en práctica la actual normativa del régimen de publicidad, que rige desde setiembre de 2009, por la cual se derogó la ordenanza anterior, informó El País.

La normativa obliga a sacar la cartelería pública que sobre salga de la fachada como lo es la mampostería, con el objetivo de “contemplar los avances tecnológicos y los cambios de la ciudad”. Para poder colocar un cartel sobre la superficie de la pared o un pegotín, los comerciantes tienen que hacer varios trámites y abonar a la comuna al menos $ 4.000 para obtener los permisos, además de los impuestos que dependerán del tamaño y tipo de cartelería.

En estos días un grupo de inspectores visitan los comercios para verificar que los permisos de cartelería estén actualizados o bien dar un plazo de 30, 60, 90 días para quitar la mampostería o renovar la autorización municipal.

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El cumplimiento del decreto es supervisado por la Unidad de Contralor, que se creó en noviembre de 2009 con este fin. La directora de dicha unidad dijo a El País que el objetivo de la normativa no es recaudar. “Se busca mejorar la imagen de la ciudad, por eso se dan plazos para renovar o sacar los permisos”, señaló a El País.

“El 91% de los cerca de 3.000 expedientes que tenemos hoy son adecuaciones de los comerciantes. Eso quiere decir que han respondido favorablemente. Se trata de trámites de solicitud de permisos, de consulta y de regularización”, agregó.

Desde el Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines del Uruguay (Cambadu) la normativa no se ve con malos ojos, lo que sí objetan es lo “abusivo y engorroso que resulta hacer los trámites”.

Daniel Fernández, vicepresidente de Cambadu, dijo a El Observador esta iniciativa ya había surgido en la época cuando Mariano Arana era intendente, pero no prosperó porque no tuvo apoyo suficiente. “Lo que busca es sacar todo aquello que afecte la visibilidad y embellecer la ciudad, eso no nos parece mal”, manifestó.

Aclaró que toda la cartelería y mampostería que hoy por hoy existe en la ciudad es legal, ya que cuenta con el permiso de la comuna, según la normativa anterior. “Ahora sacar la cartelería cuesta mucho dinero. Por eso la intendencia debería eximir al comerciante de ciertos costos y hacerse cargo de ellos. Si están allí es porque ella los habilitó”, objetó.

Fernández explicó a partir de ahora cuando un comercio quiera colocar un cartel tendrá que contratar un arquitecto para visualizar dónde y cómo ponerlo, una empresa de cartelería y además hacer varios trámites en la intendencia y en el centro comunal. Si además el cartel lleva publicidad de alguna marca, el comerciante deberá negociar con el anunciante quien paga por ella.

La normativa prohíbe también la publicidad sobre las paredes de los edificios. Por esta razón, Fernández señaló que los que salen más perjudicados con esta normativa son las agencias de publicidad en la vía pública. Según adelanta El País, la Asociación Uruguaya de Publicidad Exterior y Medios Afines ya negocia con la comuna un cambio en la normativa, ya que a su entender las marquesinas son distintas que la publicidad en la vía pública.

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