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Interna en distribuidora Conecta genera cortocircuito en ANCAP
Postura de director oficialista en juicio contra el Estado provocó molestia
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02 de octubre de 2017 a las 05:00
A mediados de agosto, Petrobras confirmó que las distribuidoras Conecta y MontevideoGas habían iniciado acciones contra el Estado uruguayo ante tribunales arbitrales locales e internacionales. La decisión se había adoptado tiempo atrás y hubo aspectos que generaron molestia en el oficialismo de ANCAP. Conecta es la distribuidora de gas en el interior, propiedad del grupo brasileño Petrobras con el 55% de las acciones mientras que el 45% restante corresponde a ANCAP. Por tanto, la empresa pública tiene representación en el directorio de la compañía.
Desde hace años, ambas distribuidoras se sienten perjudicadas en el negocio de la distribución de gas en Montevideo e interior y por ese motivo reclamaron al Estado el cumplimiento de medidas que corrigieran inconvenientes que afectaban sus operaciones. Pero desde su visión las gestiones efectuadas no fueron de recibo en el gobierno y decidieron transitar el camino legal.
En el caso de Conecta, el directorio de la empresa evaluó en una reunión efectuada el 20 de abril el inicio de acciones de reclamo ante un tribunal arbitral de disputas, opción prevista en el contrato que mantiene con el Estado uruguayo. La moción fue aprobada por el directorio, con la abstención del representante de ANCAP.
Es decir, el delegado en representación de una empresa pública no se opuso a un juicio, precisamente, contra el Estado. Y por eso, la abstención del jerarca oficialista no cayó bien en la empresa pública. En una sesión del directorio de ANCAP realizada el 15 de junio se trató el tema de la demanda de Conecta. Según supo El Observador, allí se resolvió "mandatar" a los representantes de ANCAP en el directorio de Conecta para que en la primera reunión del órgano de conducción de la distribuidora dejaran constancia de su posición negativa al comienzo de las acciones.
La semana pasada el directorio de Conecta volvió a reunirse y en la sesión el representante de ANCAP cambió su abstención y mostró su postura opuesta a lo decidido anteriormente. Fuentes consultadas indicaron a El Observador que algunos directores oficialistas en empresas interpretan que deben tener mandato de ANCAP para asumir postura en decisiones. Por tanto, si no lo tienen, se abstienen en las votaciones.
En el correspondiente al ejercicio 2015 se indicó que el retraso en la puesta en funcionamiento de la planta regasificadora (frenada desde comienzo de ese año) complicaba las operaciones de Conecta como distribuidor de gas. Se explicó que el nuevo plan de negocios estimaba un suministro firme de gas a partir de 2019.
El balance añadió que bajo esa circunstancia el directorio de Conecta asumió que recién a partir de ese año "se supone una mejoría de la situación económica de la sociedad". Por tanto entre 2016 y 2018 se previó que la situación económica de la compañía sería similar a la de años anteriores "lo que determina que el valor presente neto de la sociedad se deteriora en forma importante", indicó el informe.
El balance fue aprobado por el directorio. Y el cambio de las condiciones en el negocio de la distribución de gas fue una de las razones esgrimidas por Conecta para iniciar las acciones en los tribunales de arbitraje internacional. Por eso, en algunos ámbitos de ANCAP se entiende que la posición del representante oficialista de no negar el comienzo de las acciones fue coherente con lo expresado en los balances, donde se demostraba que el deterioro de la compañía era evidente y por tanto peligraba la viabilidad del negocios. Por otro lado, se asume que su abstención podían complicar la posición del Estado en el arbitraje iniciado por Conecta.
Desde hace años, ambas distribuidoras se sienten perjudicadas en el negocio de la distribución de gas en Montevideo e interior y por ese motivo reclamaron al Estado el cumplimiento de medidas que corrigieran inconvenientes que afectaban sus operaciones. Pero desde su visión las gestiones efectuadas no fueron de recibo en el gobierno y decidieron transitar el camino legal.
En el caso de Conecta, el directorio de la empresa evaluó en una reunión efectuada el 20 de abril el inicio de acciones de reclamo ante un tribunal arbitral de disputas, opción prevista en el contrato que mantiene con el Estado uruguayo. La moción fue aprobada por el directorio, con la abstención del representante de ANCAP.
Es decir, el delegado en representación de una empresa pública no se opuso a un juicio, precisamente, contra el Estado. Y por eso, la abstención del jerarca oficialista no cayó bien en la empresa pública. En una sesión del directorio de ANCAP realizada el 15 de junio se trató el tema de la demanda de Conecta. Según supo El Observador, allí se resolvió "mandatar" a los representantes de ANCAP en el directorio de Conecta para que en la primera reunión del órgano de conducción de la distribuidora dejaran constancia de su posición negativa al comienzo de las acciones.
La semana pasada el directorio de Conecta volvió a reunirse y en la sesión el representante de ANCAP cambió su abstención y mostró su postura opuesta a lo decidido anteriormente. Fuentes consultadas indicaron a El Observador que algunos directores oficialistas en empresas interpretan que deben tener mandato de ANCAP para asumir postura en decisiones. Por tanto, si no lo tienen, se abstienen en las votaciones.
Dos lecturas
En el caso de Conecta, el representante de ANCAP no tenía mandato previo. Pero hay voces dentro del ente que marcan que justamente en definiciones como la de la acción contra el Estado el jerarca oficialista no podía abstenerse. Sin embargo, hay otras posturas que indican que el representante estatal no obró de mala manera al conocer la realidad económica de Conecta, algo que se refleja en los balances de la empresa.En el correspondiente al ejercicio 2015 se indicó que el retraso en la puesta en funcionamiento de la planta regasificadora (frenada desde comienzo de ese año) complicaba las operaciones de Conecta como distribuidor de gas. Se explicó que el nuevo plan de negocios estimaba un suministro firme de gas a partir de 2019.
El balance añadió que bajo esa circunstancia el directorio de Conecta asumió que recién a partir de ese año "se supone una mejoría de la situación económica de la sociedad". Por tanto entre 2016 y 2018 se previó que la situación económica de la compañía sería similar a la de años anteriores "lo que determina que el valor presente neto de la sociedad se deteriora en forma importante", indicó el informe.
El balance fue aprobado por el directorio. Y el cambio de las condiciones en el negocio de la distribución de gas fue una de las razones esgrimidas por Conecta para iniciar las acciones en los tribunales de arbitraje internacional. Por eso, en algunos ámbitos de ANCAP se entiende que la posición del representante oficialista de no negar el comienzo de las acciones fue coherente con lo expresado en los balances, donde se demostraba que el deterioro de la compañía era evidente y por tanto peligraba la viabilidad del negocios. Por otro lado, se asume que su abstención podían complicar la posición del Estado en el arbitraje iniciado por Conecta.
