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Joe Biden: un hombre sin inhibiciones

En este Consultor Tributario, Carlos Loaiza Keel se asoma al ambicioso proyecto del gobierno de Joe Biden en materia tributaria internacional

El plan del presidente de EEUU, Joe Biden, revalorizará el papel de la OCDE luego de aquel empuje de notoriedad que la organización tuvo en los años inmediatamente posteriores a la crisis financiera mundial de 2008.

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30 de abril de 2021 a las 17:53

En su último libro (A promise land), el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, describe al actual presidente Joe Biden como una persona cálida y afectuosa, “un hombre sin inhibiciones”, feliz de compartir cualquier cosa que le venga a la cabeza.

Pues en el plano de la fiscalidad internacional, al presidente Joe Biden lo primero que se le ha venido a la cabeza ha sido un proyecto de ambiciones insospechadas, que de prosperar puede tener un impacto inmenso en todo el sistema tributario y la economía mundiales.

Claro que, sin dejar el estilo espontáneo que el expresidente Obaba le asigna, el plan de Biden no parece en absoluto improvisado, sino algo muy serio, que revalorizará el papel de la OCDE luego de aquel empuje de notoriedad que la organización tuvo en los años inmediatamente posteriores a la crisis financiera mundial de 2008.

Con este proyecto, Joe Biden busca recaudar 2,5 billones de dólares durante los próximos 15 años, con miras a financiar un faraónico plan de infraestructura.

En este nuevo número de #ConsultorTributario, te resumo las principales líneas de este proyecto1 :

1) El gobierno de Biden ha acudido a una idea que viene desarrollándose en el marco de la OCDE desde 2013, primero en su proyecto BEPS, y últimamente en los denominados Pilares 1 y 2.

En resumen, el primero de estos pilares supone que las empresas deban asignar un porcentaje de sus ganancias a jurisdicciones donde se genera mayor valor de acuerdo a un esquema conceptual previo, haciendo que resignen un consecuente porcentaje aquellas jurisdicciones a las que se deslocalizaron esas ganancias para pagar menos impuestos.

El segundo pilar retoma la vieja quimera de la llamada “Competencia Fiscal Dañina” entre países, disponiendo un impuesto corporativo mínimo, que se pretende ubicar en el 21% (hasta ahora, las intenciones eran más medidas, y colocaban el piso en el 12,5%).

2) Como es lógico, lo primero que se propone el gobierno de Biden es elevar el propio impuesto sobre empresas estadounidenses hasta el 28%, partiendo desde el 21% al que lo redujo Donald Trump.

Claro que si Estados Unidos solamente elevara su tributación corporativa sin imponer ese piso global que mencionamos al comienzo, perdería competitividad frente a los demás países que vienen desde hace años reduciendo progresivamente sus alícuotas de impuestos corporativos para atraer inversiones, en la conocida como “carrera hacia el fondo”,

3) La idea del gobierno estadounidense es que este plan se aplique a las 100 principales empresas por facturación y ganancias del mundo, un grupo selecto de compañías de origen norteamericano, chino, japonés y surcoreano, y en menor proporción europeas.

Esta propuesta no excluiría en principio, como sí hacía la de la OCDE en la que se enmarca, a las industrias “extractivas”, donde el arraigo físico es inexorable.

4) El plan de Joe Biden busca ser una alternativa a las reacciones unilaterales que muchos países del mundo han tenido (Uruguay entre ellos) para gravar los servicios y actividades digitales.

Las denominadas “Tasas Google” en el ámbito europeo, que implican retenciones o pagos voluntarios a los gigantes tecnológicos que intermedian entre la oferta y demanda de bienes o servicios o que suponen la transmisión de contenidos, deberían ceder ante este nuevo orden fiscal internacional, lo que puede suponer renuncias de recaudación para países como Uruguay.

5) Sin perjuicio de lo anterior, debe reconocerse que es hoy difícil discernir cuánto podría afectar a cada país, y en concreto a Uruguay, un plan como el que la administración Biden está llevando adelante.

Según distintos expertos, los países donde operan las grandes empresas de los países centrales deberían tender a perder frente a los países de origen de esas empresas.

En particular, deberían salir perdiendo los “hubs” regionales y mundiales, por ser las funciones y riesgos que en estos se asumen de menor valor relativo para la creación de las ganancias a ojos conceptuales de este nuevo orden.

Todavía es pronto para aventurarse a defender que este ambicioso proyecto de Estados Unidos va a lograr cristalizar.

Para empezar, porque dentro de ese país queda un espinoso camino por recorrer: el gobierno de Joe Biden necesitará contar con apoyo republicano para reunir la mayoría necesaria para las reformas fiscales internas que el proyecto requiere.

Pero además, porque a nivel internacional no será nada sencillo lograr un consenso para que más de 130 países soberanos cedan soberanía fiscal. Basta recordar el atribulado proceso que la Unión Europea transitó durante años para domesticar la “Competencia Fiscal Dañina”, primero tratando de fijar jurisprudencialmente un nivel mínimo de tributación corporativa entre sus miembros, y luego elaborando una Base Imponible Única que eliminara las distorsiones que la forma concreta de liquidación de los impuestos corporativos puede traer consigo en la tributación final efectiva de las empresas, que está muchas veces lejos de los porcentajes nominales que establecen las leyes.

Aunque lo que nadie puede negar es que Joe Biden va en serio. Ha designado nada menos que a su secretaria del Tesoro, Yanet Yellen, con toda su solvencia y prestigio internacionales, para liderar el proceso, demostrando que es un tema económico prioritario, y no solo un ejercicio de política exterior.

Y ha acudido a la OCDE nuevamente para encauzarlo. Una OCDE que estrenará por lo demás secretario general, el australiano Mathias Cormann, lo que refleja, desde la propia designación, un nuevo equilibrio de poderes con mayor peso de los países anglosajones y asiáticos, y y más distancia de los intereses de los países latinoamericanos que no son ya miembros plenos -o están ya a punto de serlo- de la organización, como es el caso de México, Chile, Colombia y Costa Rica.

Uruguay debe tomar nota de este desafiante escenario y aprovechar al máximo su involucramiento con la OCDE, aunque tenga sus limitaciones por no ser miembro pleno. Como te he expresado en varias ocasiones en estas páginas: en mi opinión siempre es mejor estar cerca de donde se diseña la arquitectura económica mundial, pues más temprano que tarde un país como Uruguay debe asumir las consecuencias que ella impone. Es la esencia de una política realista de defensa de los intereses nacionales.

1 Ver “Las siete claves del ‘impuesto Biden’ a la gran empresa”, en Expansión, 14/04/2021.

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