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Jóvenes detenidos por destrozos se desacataron en audiencia y la jueza tuvo que poner orden

La magistrada María Rosa Aguirre tuvo que rezongarlos y advertirles que si les hubiera tocado otra fiscalía seguramente hubieran ido a prisión 

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02 de diciembre de 2019 a las 21:35

La audiencia había terminado y uno de los seis imputados por los ataques a autos y entradas de edificios ocurridos en la madrugada de este domingo asentía con satisfacción. La fiscal había solicitado minutos antes que los seis jóvenes –todos menores de 23, salvo uno– que habían participado de las agresiones fueran enviados a sus casas bajo régimen de prisión domiciliaria. Los seis fueron acusados de cometer un delito continuado de violencia privada y se mostraban conformes con la medida cautelar, hasta que uno de ellos entendió que eso le impedía trabajar.

Fue luego de que la jueza María Rosa Aguirre los mirara a los ojos y les explicara qué significaba el arresto pedido por Edelman, en la tarde de este lunes. "¿Las 24 horas?", preguntó uno de los imputados, ahora ofuscado. "¿No puedo ir a laburar, tampoco", siguió protestando.

Entonces la jueza le respondió rezongando: "No, no puede ir a trabajar. En eso debería haber pensado antes de haber agarrado los proyectiles", cuestionó, y luego todos empezaron a hablar, y a reclamar su inocencia. El que dialogaba con Aguirre llegó a decir, con tono de súplica: "¡Pero yo no rompí nada!"

La magistrada no tenía un mazo de madera para poner orden, por lo que gritó: "Les voy a pedir que la fiscalía ponga un delito de desacato. (Acá) no se pueden comportar como si estuvieran en Kibón haciendo desmanes".

En la sala se hizo silencio. Y entonces Aguirre agregó: "Tuvieron suerte, porque si hubiera sido otra fiscalía pedía prisión preventiva".

Edelman sonrió.

Como medidas complementarias solicitadas por la fiscal, los jóvenes no podrán salir del país ni cambiar de domicilio sin previo aviso a la Justicia.

En una rueda de prensa a la salida, Edelman explicó por qué no solicitó que los imputados fueran a la cárcel mientras esperan el juicio. "Se trata de primarios absolutos, y menores relativos", dijo, al referirse a la falta de antecedentes y al hecho de que casi todos tenían menos de 23 años, un aspecto que la ley considera como atenuante.

Además, negó que hubiera un móvil político, como insinuó este lunes el presidente electo, Luis Lacalle Pou, luego de reunirse con el mandatario en funciones, Tabaré Vázquez, a quien le transmitió la preocupación por el tema. "Me interesaba ver si este tema obedecía a inadaptados o hay otro tipo de elementos", dijo el nacionalista.

Edelman también negó que el episodio de este domingo tuviera relación con los ataques ocurridos en el mismo lugar exactamente una semana antes, cuando fue atacado un camión de la Armada que trasladaba efectivos y urnas que iban a ser distribuidos en los circuitos. 

"No hay ningún elemento hasta ahora que haga pensar que esto tenga una finalidad de carácter político, y tampoco hay ningún elemento que pueda vincular estos dos hechos, por ahora", dijo. Entonces añadió que "no hay una motivación clara”. “Como ya lo dije en la audiencia, se convocan a través de Instagram a una especie de fiesta electrónica y después (por) el funcionamiento del grupo, (o en reacción a) algún control que se estaba haciendo", sostuvo.

El control referido, según informó el Ministerio del Interior en un comunicado, era un operativo a cargo de la División Tránsito de la Intendencia de Montevideo, con apoyo de personal de Prefectura, que fue ejecutado como medida de control luego de los desmanes de la semana anterior. Sin embargo, los funcionarios fueron también atacados, y los efectivos de la Armada no fueron suficientes para detener las agresiones, por lo que debieron llamar a la policía luego de la medianoche.

La situación recién se controló pasadas las seis de la mañana.

Por otra parte, en una audiencia paralela, el fiscal de Adolescentes Carlos Reyes imputó a dos menores que también participaron en los destrozos. Fueron acusados de cometer el mismo delito –violencia privada– y pidió a la Justicia que se les aplicara como medida cautelar, durante 60 días, "el control del INISA", informaron fuentes de la fiscalía a El Observador.

Los investigadores todavía deben identificar a los delincuentes que también cometieron distintos hurtos en la zona –comprendida entre el Kibón y el Montevideo Shopping, barrio Pocitos Nuevo–, tal como fue denunciado por los vecinos.

 

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