Jueces uruguayos: ¿cuánto pueden usar las redes sociales?

En las últimas semanas, la Justicia uruguaya estuvo en la mira de la opinión pública debido a diferentes eventos en redes sociales que involucraron a sus magistrados. Una jueza especializada en violencia de género hizo un video en TikTok donde hablaba sobre estereotipos machistas y “seguimientos patriarcales”. Otra compartió selfies en Instagram con comentarios sobre el gobierno.

Esto llevó a que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) realizara un pedido de informes a la jueza especializada en género, Ada Siré, que quedó en suspenso debido a que la magistrada se tomó licencia médica. Finalmente la jueza fue trasladada y no estará más dedicada a los casos de familia especializada.

Por otro lado, el máximo órgano del Poder Judicial separó del cargo e inició un sumario a Florencia Ferreyra, jueza de paz de Treinta y Tres por sus publicaciones a favor del gobierno y la Policía, según informó Informe Capital (TV Ciudad) y confirmaron a El Observador desde el Poder Judicial.

El Colegio de Abogados del Uruguay expresó en un comunicado el rechazo a “cualquier desvío o violación de parte de cualquier integrante de la Magistratura” a los principios de independencia, imparcialidad, transparencia y rectitud que rigen a esos funcionarios.

Derechos en conflicto

El uso de las redes sociales se ha generalizado en la sociedad actual. De hecho, casi un 60% de los uruguayos considera que tiene una dependencia significativa o total a estas plataformas, según encuesta del Grupo Radar divulgado por Búsqueda. Por tal motivo, parece difícil que la sociedad se mantenga al margen de ellas. Y los jueces no son la excepción.

Siré explicó que el video lo hizo con el objetivo de mostrar que los hombres generan violencia de género en sus charlas cotidianas. “Hice el video como ciudadana y no como jueza”, aclaró.

Camilo dos Santos

¿Es posible separar el rol como juez del de ser un ciudadano? Santiago Pereira Campos, abogado y profesor de Derecho Procesal en la Universidad de Montevideo, dijo a Cromo que los jueces tienen derecho a usar redes sociales pero no las pueden emplear “indiscriminadamente”.

“Pueden pronunciarse si están a favor o en contra de una ley, dar una opinión técnica, opinar sobre derecho. Pero si el comportamiento o expresión afecta la confianza en su imparcialidad por parte de la sociedad, allí habría una eventual vulneración a ese deber”, explicó.

Es “muy complejo” definir, opinó, hasta dónde pueden participar los jueces en redes sociales y cuáles son los límites a su libertad de expresión porque hay derechos que están en conflicto. “Es una discusión que se viene dando en todo el mundo”, puntualizó.

Por su parte, Agustina Pérez Comenale, abogada especializada en nuevas tecnologías, considera que en Uruguay se ha menoscabado el poder que tienen estas plataformas. Aseguró que trajeron transparencia y la oportunidad de brindar a los ciudadanos información a la que quizá antes no podían acceder. También abrieron la puerta a la libertad de expresión, pero generaron una “especie de binomio que desafía la libertad de expresión versus los deberes profesionales”.

“No puede prohibirse a los jueces tener redes sociales”, dijo Pablo Schiavi, abogado especializado en datos personales. Pero agregó que deberían establecerse protocolos con límites o condiciones dentro de los cuales podrían llegar a tenerlas. En eso concuerdan Pereira Campos y Pérez Comenale.

¿Regular o sugerir a los jueces?

Los juristas difieren en como deben implementarse los protocolos. Schiavi opinó que la Ley Orgánica de la Judicatura y de Organización de los Tribunales (LOT) debe ser actualizada para incluir regulación sobre las redes sociales.

Los abogados consultados coincidieron en que la actual LOT puede aplicarse a las expresiones de magistrados en las plataformas digitales.

Pérez Comenale consideró que “de todas formas, una mención expresa (sobre el tema) no le haría mal a nadie porque es algo recurrente y creo que cada vez se verán más casos como los actuales”.

El experto en protección de datos personales considera que de todos modos se necesita una clasificación para las sanciones. “En ningún lado dice si una manifestación en redes sociales es una falta leve, grave o muy grave”, explicó, algo que sí sucede en otro tipo de sanciones.

Mientras tanto,  Pereira Campos no ve como necesaria una regulación específica en una ley o en una norma de ese tipo.

La LOT fue creada en 1985 y en el artículo 94 habla de que los jueces deben abstenerse de expresar e incluso insinuar su juicio respecto a asuntos sobre los que sentencian. También especifica que deben privarse de todo comportamiento, acción o expresión que pueda afectar la confianza en su imparcialidad.

“Acá está lo más sensible, ¿en qué momento lo que diga un juez en redes sociales puede de alguna manera afectar la confianza que la sociedad tiene en su imparcialidad? Los jueces no solo tienen que ser imparciales sino parecerlo ante la población”, expresó el abogado procesal.

En el caso de Siré, la magistrada se expresó sobre la materia en la que juzga y ayuda día a día a los ciudadanos. Pérez Comenale dijo al respecto que “cualquier abogado puede recusar (que sea la encargada de dirimir en un juicio) porque expresó claramente de manera pública cuál es su opinión en cuanto a estos casos”.

El manual que deberían seguir

En 2016, la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial emitió un documento referente a la participación de los jueces en redes sociales debido a una consulta de la SCJ de Costa Rica sobre la temática debido a que los magistrados las utilizaban de manera inadecuada.

En este manual se explican cuáles son las diferentes redes sociales, cómo funcionan y declara que casi todas las temáticas contenidas en el Código Iberoamericano de Ética Judicial quedan atravesadas por el uso de estas plataformas digitales.

Por lo que “la independencia, la imparcialidad, la responsabilidad institucional, la cortesía, la integridad, la transparencia, el secreto profesional y la prudencia” cobran características que merecen consideración.

Manifiesta que los jueces no pueden abanderarse en posturas político partidarias y tampoco exteriorizar posiciones que los muestren susceptibles de verse influidos por grupos o personas de determinada convicción.

El dictamen emitido no tiene carácter de ley para los jueces uruguayos, pero la SCJ de Uruguay comunicó que el documento estaba publicado y disponible en la web del Poder Judicial para ser consultado desde el 2016. En los últimos días fue bajado del portal de dicho poder del Estado, según constató Cromo.

En tanto, la Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU), informó esta semana que está trabajando en recomendaciones de buenas prácticas en plataformas digitales y la realización de talleres para debatir sobre la libertad de expresión.

Jueces influencers

En países como España, distintos jueces y fiscales han adquirido relevancia pública por asuntos bajo su jurisdicción como fue hace algunos años atrás el caso conocido como La Manada.

Dichos magistrados encuentran en Twitter un altavoz para poder acercar el Poder Judicial a los ciudadanos. El diario español Cinco Días informó sobre jueces y fiscales que utilizan la red social para “vedar la desinformación”, difundir la “labor desconocida de los fiscales” y divulgar derecho penal, pretendiendo evitar que “el gran público, ante una noticia jurídica, no se quede en los titulares”.

Sus opiniones y explicaciones en redes sociales se hacen virales y en caso de que haya una sentencia polémica, sus seguidores buscan información en sus perfiles para entender mejor el caso.

Algunos de los magistrados alcanzan los casi 50 mil seguidores, mientras que abogados que se dedican a difundir conocimiento superan los 90 mil “followers”.

Realizan una labor pedagógica donde explican cómo funciona su trabajo, aclaran cuestiones técnicas y cuentan a los ciudadanos cómo funcionan sus derechos.

Lo mismo sucede en diferentes países de América Latina e incluso hay algunos casos en Uruguay, como por ejemplo, el juez letrado Marcelo Patritti que difunde explicaciones sobre sentencias.

Además, la Fiscalía uruguaya tiene cuenta en Twitter donde divulgan sobre los casos y sentencias que emiten, algo que los abogados consultados dijeron que tomó especial relevancia durante la pandemia.

Pereira Campos opinó que en Uruguay hay ejemplos positivos del uso de las redes sociales por parte de los jueces. Aunque prefirió no mencionar ninguno en concreto, considera que ha brindado la oportunidad de que los magistrados se acerquen a la sociedad.