6 de diciembre de 2012 21:25 hs

La investigación judicial en torno la subasta de los aviones de Pluna y el aval otorgado a la empresa Cosmo, detectó una serie de “errores graves” cometidos por parte de los funcionarios estatales que participaron, según dijeron a El Observador fuentes del caso. La Justicia está abocada a determinar si esos errores fueron faltas administrativas o constituyeron delito. Lo que hay que despejar es si existió dolo, es decir una intención de violar la la legislación para –en este caso– lograr vender los aviones.

El punto neurálgico es quién es el beneficirio del aval, es decir el encargado de cobrar el dinero en caso de que no se concretara la compra. La ley marca que debería ser el fideicomiso que administra los bienes que pertenecían a Pluna. Sin embargo, lo fue el Ministerio de Economía. Esa razón es además la que ha impedido que hasta ahora –dos meses y siete días después de la subasta– el BROU pague los
US$ 13 millones que garantizó.

Las declaraciones del ministro de Economía, Fernando Lorenzo, siembran la duda. El jerarca declaró en el juzgado que no conocía previo a la subasta a la empresa Cosmo, ni a su representante Hernán Calvo, según informó ayer el semanario Búsqueda. No obstante, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aparece como el beneficiario del aval. Según pudo saber El Observador en su declaración Lorenzo indicó que cuando se comunicó con el presidente del BROU, Fernando Calloia, días antes de la subasta, hablaron de una empresa española pero no conocía el nombre, ni quien era su representante.

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La interrogante que queda sin responder es si el MEF fue nombrado beneficiario sin haber sido informado. De lo contrario existiría una contradicción en la declaración del ministro.
Cuando Calloia declaró ante la Justicia el 8 de noviembre, dijo que el BROU accedió a un pedido de Cosmo, al permitir que el destino de los US$ 13,6 millones del aval bancario ea el Ministerio de Economía (MEF) y no el fideicomiso-

Por ese motivo, también deberá declarar ante la Justicia el fiduciario, Javier Liberman. Según dijeron las fuentes estaba citado para la semana pasada pero no se presentó por estar de viaje, por lo que será citado nuevamente en los próximos días. También quedan por declarar, el empresario Juan Carlos López Mena y el representante de Cosmo. Ya declaró el escribano Pablo Seitún, quien redactó el acta de la subasta y a quien se lo interrogó sobre la identificación de Calvo, ya que en el acta aparecía como Antonio Sánchez, entre otros aspectos que generan dudas.

Otro aspecto que surgió de la indagatoria es que mientras Calloia dijo que él otorgó el aval luego de que el ministro de Economía se comunicó con él y le manifestó “su interés” en que se otorgara, Lorenzo declaró que él no participó en el aval, que es responsabilidad legal del BROU.

Cómo cobrar
Además de las responsabilidades judiciales, el presunto el error al poner al MEF como beneficiario del aval y no al fideicomiso está complicando el cobro.

Tal como informó ayer El Observador, el MEF le cedió al fideicomiso la potestad para cobrar el aval. Eso es considerado por un informe jurídico del BROU como algo que imposibilita el pago.
Por eso, el banco no abonará los US$ 13,6 millones hasta que las cosas se aclaren ya que esta situación puede comprometer los intereses del banco cuando ejecute el aval para cobrarle a Cosmo los US$ 13,6 millones. “Los de Cosmos nos pueden decir: ‘ustedes le pagaron al fideicomiso en forma irregular, así que no nos pidan a nosotros que paguemos’”, dijo a El Observador una fuente de la institución.

Sin embargo, ayer en declaraciones a El Espectador, el presidente del BROU intentó desmentir esta información. “Eso también es falso”, aseveró, aunque se negó a aportar mayor información, aludiendo a que se trata de “un proceso de negociación entre los abogados del BROU y del fideicomiso para hacer frente a esa obligación”. “Eso es todo lo que voy a decir porque es un tema jurídico que yo tampoco domino y no corresponde que lo diga públicamente”, sostuvo.
Pero, como fue dicho, la información es correcta. “Jurídica ya le informó al Ministerio de Economía y al fideicomiso que esa cesión de derechos es nula. Porque viola más de una disposición del Código de Comercio pero, además, porque debe tener el consentimiento de Cosmo”, dijo la fuente.

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