Sebastián Marset está prófugo de la justicia

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Justicia investiga movimientos bancarios y bienes de Marset y su familia en Uruguay

La Justicia busca determinar si lavaron activos también en Uruguay
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20 de agosto de 2022 a las 05:00

Sebastián Marset diseñó en Paraguay un amplio esquema para blanquear el dinero que recibía de los cargamentos de cocaína. Fue productor de espectáculos, productor agropecuario, puso un taller mecánico de autos de alta gama, invirtió en equipos de fútbol y hasta fue contratista, todos rubros que fueron identificados en una investigación de más de dos años que desembocó en incautaciones masivas para intentar desarticular una red cuyos cabecillas, entre ellos el narcotraficante uruguayo, continúan prófugos.

Pese a que se radicó en Asunción en 2019, la fiscalía paraguaya también sospecha que Marset lavó activos en Uruguay y por eso envió el 27 de junio un exhorto, en el marco de los acuerdos de cooperación internacional firmados entre ambos países, en el que pide investigar los antecedentes penales, propiedades, movimientos bancarios y aspectos financieros de Marset, su esposa Gianina García y sus respectivos hermanos Diego Marset y Mauro García, por considerarlos parte de un clan familiar dedicado al tráfico de drogas y blanqueo de dinero, según confirmó El Observador con fuentes judiciales.

El documento llegó el 27 de junio a la oficina de la jueza de Crimen Organizado de 1er Turno, Adriana Chamsarian, quien le confirió vista a la fiscal de Estupefacientes de 2º Turno, Mónica Ferrero.

Ferrero entendió que debía “accederse a lo solicitado” y eso desembocó en una serie de pedidos –que aún no fueron contestados– al Ministerio del Interior, el Banco Central, la Dirección General Impositiva y la Dirección General de Registros.

La investigación apunta a determinar si Marset y su familia también montaron un esquema de lavado de activos en Uruguay, dijeron a El Observador desde la fiscalía antidrogas de Paraguay.

Desde el 7 de marzo, Marset tiene una orden de captura de color rojo realizada por Interpol de Paraguay, aunque en Uruguay ningún fiscal ha solicitado su requisitoria. La última fue emitida el 13 de marzo del 2020 a solicitud de la brigada antidrogas y fue dejada sin efecto por Chamsarian el 16 de octubre por razones que aún se desconocen.

Pese a esto, la policía uruguaya ha venido cooperando de forma no judicializada con dos importantes agencias: Europol y la DEA. Ambas participaron junto a la Secretaría Antidrogas de Paraguay en la investigación denominada "ARAI", que reunió la información para que luego se desarrollara la operación "A Ultranza PY". En esta investigación, Uruguay tuvo como enlace a la agencia de drogas de Estados Unidos, con quien comenzó a trabajar en agosto de 2021, antes que Marset fuera detenido en Dubái y el gobierno le otorgara un pasaporte mientras estaba en prisión.

Europol, en tanto, considera que Marset está asociado a un importante narcotraficante europeo, y fue quien le realizó la vigilancia cuando estuvo en Dubái. Los europeos fueron quienes le transmitieron a los paraguayos que el narcotraficante uruguayo decidió radicarse en Emiratos Árabes Unidos al sospechar –a partir de contactos con Miguel Insfran (otro de sus socios)– que todos estaban siendo investigados en Paraguay.

El contacto anterior con Balbi

Marset es un viejo objetivo de la brigada antidrogas y de operadores judiciales vinculados a la lucha contra el tráfico de estupefacientes. 

El narcotraficante uruguayo fue procesado por receptación en 2012 y por dos delitos distintos de tenencia y tráfico de drogas en 2013, por los que estuvo en prisión hasta 2018.

En 2019, Chamsarian pidió unir las tres causas, algo que provocó que Marset cambiara de abogado: dejó de ser defendido por Mónica Umpiérrez, y pasó a estarlo por Carlos y Alejandro Balbi, tal como informó Brecha este viernes. Los nuevos abogados apelaron la causa y lograron que disminuyera la pena que había sido solicitada, lo que desembocó que en agosto de 2020 se cerraran los procesos que tenía abiertos.

Casi dos años después, en setiembre de 2021, cuando cayó en prisión en Dubá, Marset volvió a recurrir a Balbi, esta vez para que lo asesorara en la solicitud de un pasaporte uruguayo.

Balbi consultó y fue informado que Marset no tenía causas penales abiertas ni estaba requerido y que por lo tanto estaba en condiciones de pedir el documento. El abogado también se contactó con la vicecanciller Carolina Ache, con quien se reunió en el Palacio Santos poco antes que el pasaporte fuera impreso por el Ministerio del Interior y enviado a la Cancillería.

La jerarca negó haber dado instrucciones para agilizar el procedimiento y aseguró que únicamente la consultó cuándo salía la próxima valija diplomática. Marset tenía urgencia por recibir el pasaporte ya que quería evitar ser deportado a Paraguay, donde sabía que era investigado.

La tramitación del pasaporte uruguayo fue uno de los elementos centrales para que obtuviera la libertad en enero de 2022. 

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