Las declaraciones de imputados arrepentidos en la causa de los cuadernos de las coimas en Argentina, continúan apuntando hacia Uruguay, a donde se cree que fue enviado parte del dinero de sobornos que empresarios pagaron a cambio de la adjudicación de obras públicas durante las administraciones kirchneristas. El fiscal de Crimen Organizado Luis Pacheco investiga la presunta participación de una empresa que presta servicios en tierra para vuelos privados que llegan al Aeropuerto de Laguna del Sauce en el ingreso de bolsos con dinero de la corrupción kirchnerista. Esta línea de investigación se inició en Uruguay luego de que el exvalijero K, Leonardo Fariña, diera detalles de cómo era la operativa, e incluso señalara el nombre de una persona en Uruguay que hacía posible evadir los controles aduaneros.
Según declaró Fariña, de esta forma fue que se logró ingresar parte del dinero para la compra del El Entrevero, por parte del empresario kirchnerista Lázaro Báez, quien se encuentra preso en Argentina desde 2016 por lavado de dinero. El campo está embargado por la Justicia uruguaya desde 2016, y ahora el fiscal Pacheco se apresta a pedir su decomiso definitivo, según informó este martes Radio Carve.
La operativa, según relató el exvalijero a la Justicia argentina, consistía en que una persona trasladara a los pasajeros de los vuelos privados a la terminal, mientras que otra movía las valijas evadiendo controles. Una fuente del Aeropuerto de Laguna del Sauce, sin embargo, dijo a El Observador que eso no sería posible ya que solo el concesionario del aeropuerto cuenta con vehículos dentro de la terminal.
Según información proporcionada por Aduana en una conferencia de prensa este martes, el exsecretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, viajó a Uruguay 13 veces entre el 14 de junio de 2008 y 17 de febrero de 2012, de los cuales diez se hicieron a través del aeropuerto de Laguna del Sauce. Muñoz, quien falleció en 2016, aparece varias veces mencionado en los llamados cuadernos de las coimas, en los que el chofer del exnúmero dos del Ministerio de Planificación argentino Roberto Baratta, Óscar Centeno, relata con detalle cómo operaba el pago de sobornos y la distribución del dinero entre funcionarios kirchneristas.
Varias de esas menciones, en las que se describe recibiendo parte de los pagos, se produjeron en días previos a haber viajado, por lo que la Justicia argentina presume que aquellos vuelos tenían como objetivo trasladar el dinero del pago de coimas.
Otro punto en la mira de la Justicia es Puerto Camacho el lugar de ingreso al país predilecto de Ernesto Clarens, el financista argentino acusado de ser responsable de mover US$ 200 millones de la corrupción K fuera de Argentina. Según los registros de Aduana, Clarens registra 57 movimientos migratorios entre enero de 2008 y agosto de 2016. La mayoría de esos movimientos se realizaron a través de Puerto Camacho y del Aeropuerto de Zagarzazú en Carmelo.
Según admitió el director nacional de Aduana, Enrique Canon, en Puerto Camacho no hay funcionarios las 24 horas sino que trabajan a solicitud de Prefectura, y envían personal solo si así lo indica un análisis de riesgo. En caso de ir hasta el lugar se envía uno o dos funcionarios quienes no se revisan los bolsos de mano por un tema de tiempos y de eficiencia del trabajo, explicó Canon. "Es lo mejor que podemos hacer", concluyó.
A esto se suma que la Armada no tiene ningún radar en funcionamiento en Carmelo, por lo que a las autoridades uruguayas no les posible saber si un barco ingresa al país si este no lo informa voluntariamente.
Mientras tanto, la Secretaría Antilavado trabaja en la búsqueda de propiedades en manos de personas imputadas por la causa de los cuadernos de las coimas en Argentina. Para dar con ellas, ya tienen identificadas unas 20 sociedades anónimas que podrían aparecer como propietarias de inmuebles.
Asimismo, la Justicia argentina cree que parte del dinero fue sacado de Uruguay a través de estas sociedades.
En Uruguay se reactivó la investigar la venta de dos predios de 7.000 metros cuadrados cada uno, ubicados en la parada 8 de la Brava, en Punta del Este. Esto ocurre luego de que Carlos Wagner, expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción, y uno de los apoderados de la sociedad que giró los US$ 16,5 millones para la compra de esos terrenos a una cuenta de Helvetic Services Group –una sociedad vinculada a Báez– en el Principado de Liechtenstein.
La fiscalía intentará determinar si con esta maniobra se buscó enviar dinero de coimas hacia un país con un sistema financiero opaco.
Esto se suma a las investigaciones que se abrieron luego de que declarara como arrepentido en Argentina, el exsecretario de Obras Públicas del kirchnerismo, José López, quien señaló a Fernando Romero, exsubsecretario de Obras Públicas de la Intendencia de San Isidro, como parte de la maniobra de lavado de la corrupción K.
Romero está vinculado a Syrah Global y Construcciones Ecológicas SA, dos empresas que están construyendo el proyecto Syrah Premium en Punta Ballena.
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