Jutep aprieta a los políticos

La decisión de la Junta de Ética y Transparencia Pública (Jutep) de analizar de oficio el uso de tarjetas corporativas por parte de directores de ANCAP, y su pronunciamiento sobre la conducta del exvicepresidente de la República, Raúl Sendic, que terminó con un informe lapidario posicionó al organismo en el centro de la opinión pública.Según reconoció el presidente de la Jutep, Ricardo Gil Iribarne, a El Observador luego de ese caso "aumentó el peso que tiene el tema de la corrupción en la cabeza de la gente" y la necesidad de que los organismos den "un mensaje claro en ese sentido".

La Jutep siguió en esa línea y ahora decidió intervenir en las denuncias de nepotismo que siguen surgiendo y han llegado a salpicar al presidente Tabaré Vázquez. El mandatario de motu propio informó al periodista Ignacio Álvarez que consultaría al organismo luego de que El Observador informara que el consuegro de Vázquez trabaja dentro del equipo de seguridad de Presidencia.

Dijo estar dispuesto a cesar del cargo a su pariente político si la Jutep concluye que se trata de un caso de nepotismo.

Gil no se quiso referir al caso concreto pero agregó que "los jerarcas no deben hacer cosas que parezcan que están mal. Capaz que están bien, pero si parecen que están mal lo vamos a preguntar. ¿Yo puedo contratar un primo acá? Capaz que se puede dar que sí, pero capaz que es un acomodo. Nosotros no adjetivamos ni sacamos conclusiones. Hasta ahora hemos pedido muy poca información en pocos casos, ahora vamos a pedir más".

"Para nosotros es muy importante actuar. Cuando el caso es muy notorio no hay que esperar la denuncia. Es un derecho y una obligación de la Junta actuar", señaló.

En cuánto a la forma en que seleccionarán los temas en los que intervendrán, Gil afirmó que "cuánto mas alto el cargo mayor urgencia". De todos modos, dijo que no podrán intervenir en todos los casos, y tendrán que elegir. "Alguien puede decir por qué a mí, por qué a mi correligionario. La historia, el tiempo dira si lo que hicimos fue en base a imparcialidad y en base a no mirar de quién se trata sino lo qué se hizo".

El mayor peso del organismo quedó en evidencia este lunes, cuando el presidente designado a presidir la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Marcos Carámbula, se reunió con Gil Iribarne para plantearle la posibilidad de firmar un convenio de cooperación, lo que podría implicar desde colaborar en el armado de un código de ética hasta la creación de una ventanilla para denunciar casos de presunta corrupción.

El presidente Tabaré Vázquez, designó a Carámbula al frente del ente de la salud, tras remover a los tres directores políticos. La decisión fue tomada luego de que VTV Noticias informara que el vicepresidente de ASSE, Mauricio Ardus, había contratado a la novia de su hijo como secretaria, algo que fue cuestionado por el Frente Amplio.

Además, la administración de ASSE, liderada por Susana Muñiz,venía siendo cuestionada debido a una serie de graves denuncias presentadas por la oposición.

Luego de que el organismo emitiera un comunicado anunciando que realizará "pedidos de informes" a todos los organismos en los que se detecten casos de familiares que trabajen en la misma oficina de jerarcas, el intendente de Salto, Andrés Lima, decidió desvincular a su pareja del cargo de subdirectora de Gestión Humana.

Lima tomó esa decisión pese a que su situación no contravenía el artículo 35 del decreto 30 del 2003 en el que se prohíbe el acceso de familiares a oficinas públicas a personas dentro del segundo grado de consanguinidad (abuelos, padres, hijos, nietos y hermanos del funcionario) o afinidad (suegros, cuñados, yernos, nueras y abuelos, hijos y nietos del cónyuge), ya que como novia no puede ser considerada como cónyugue.

En su comunicado, la Jutep había alertado que más allá de lo que establecía la norma, hay situaciones que 'exteriorizan la apariencia de violar las normas' y generan fuerte malestar en la ciudadanía en tanto el ejercicio de la función pública aparece influenciado por el interés personal o privado".

El secretario general de la Intendencia de Salto, Fabián Boccia, dijo que la decisión se tomó "para no generar problemas al gobierno ni a la fuerza política".

La discusión sobre la presencia de familiares de jerarcas en la administración pública comenzó con una investigación de Teledoce que reveló que el intendente de Artigas, Pablo Caram, había designado a su sobrina Valentina Dos Santos como directora general, un cargo que antes no existía. Además, nombró a su pareja, Karolina Gómez, como directora de Cultura y a sus primos, Rodolfo y Manuel Caram, como director de Desarrollo Productivo y asesor de Desarrollo Social, respectivamente.

A diferencia de lo que hizo Lima, Caram decidió mantener en sus puestos a sus familiares. La misma posición adoptó el intendente de Maldonado, Enrique Antía, quien designó a su yerno como coordinador del área educativa de la comuna. Consultado sobre qué hará si la Jutep le recomienda que lo remueva del cargo, Antía dijo: "Yo le rindo cuentas al pueblo con la función y cada cinco años. Esto no es un tema de ética, a mi la ética no me la va a marcar (Ricardo) Gil Iribarne (presidente de la Junta Anticorrupción), que no sé quién es".

El intendente de Soriano, Agustín Bascou, quien tiene a su prima hermana, la maestra Lourdes Cerchi Gil, como directora de Cultura, tampoco tiene previsto removerla del cargo porque no está violando ninguna normativa.

Desde el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) - donde tres de sus ministros contrataron a sus hijas como asesoras- su presidente, Eduardo Vázquez, dijo que están estudiando el tema desde el punto de vista legal. En tanto, el Banco de Previsión Social, donde el presidente del organismo Heber Galli y el vicepresidente Raúl Lagomarsino trabajan junto a sus esposas no se dio por aludidos con la resolución de la Jutep porque ellas son funcionarias del organismo y no tienen situación de dependencia directa con los jerarcas.