Camino a su bicentenario, el 28 de julio de 2021, Perú vive de crisis en crisis. La asunción presidencial este martes de Manuel Merino, hasta entonces jefe del parlamento, profundiza la inestabilidad política de esta nación sudamericana.
Merino es el tercer mandatario en el quinquenio 2016-20021, que comenzó con la elección de Pedro Pablo Kuczynscki, quien renunció en 2018 cuando avanzaba un proceso político para declarar la vacancia presidencial, y prosiguió con Martín Vizcarra, primer vicepresidente de Kuczynski, quien debería concluir el período presidencial, pero el lunes de esta semana no sobrevivió al segundo trámite de vacancia en menos de dos meses.
Una amplia mayoría de 105 de los 130 parlamentarios del Congreso de Perú respaldó el pedido para remover a Vizcarra presentado por 27 legisladores y admitido una semana atrás, el pasado 2 de noviembre.
En una semana, un parlamento que se caracteriza por la fragmentación política — la primera bancada es la del partido Acción Popular, al que pertenece Merino, con 24 escaños— se unió de manera sorprendente para desbancar a Vizcarra tras la difusión de reportes que señalan que el ahora expresidente habría recibido US$ 640.000 en sobornos de empresas que ganaron licitaciones de obras públicas cuando fue gobernador de Moquegua (2011-2014), una región ubicada al sureste del país
Perú, en muy pocas horas, descabeza a un presidente con alto nivel de aceptación popular, por encima del 50%, para ser gobernado por fuerzas parlamentarias que han estado en la mira de protestas populares, como las que se vivieron este martes en las principales ciudades del país: Lima, Arequipa, Cusco.
La caída de Vizcarra, que ha mantenido un pulso permanente con el Congreso durante los 32 meses de su mandato, desde marzo de 2018, ha hecho que los medios resuman este martes las trayectorias finales de los mandatarios peruanos de este siglo:
Vizcarra parecía encarnar, a los ojos del ciudadano común, la lucha contra la corrupción. Sin partido político, ni bancada parlamentaria, este ingeniero y político de 57 años perdió la batalla.
Todo el proceso, rápido e impredecible en sus inicios, que ha acabado con la presidencia de Vizcarra luce, sin embargo, apegado a la Constitución y la institucionalidad.
El abogado José Tello Alfaro, analista político y miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral, hace una doble lectura de la vacancia tramitada en el Congreso peruano: legal y política. "En lo legal e institucional creo que podemos poner una nota esperanzadora porque este país está resolviendo serias crisis políticas a través de espacios democráticos sin mayor dificultad; espacios democráticos que están en la propia institucionalidad".
Tello Alfaro precisa que lo que se produjo en el Congreso fue un juicio político, en el que se observó el debido proceso, se oyó el descargo del presidente Vizcarra, se deliberó y decidió, sobre la base del inciso dos del artículo 113 de la Constitución peruana, vigente desde el año 1993, que señala que la vacancia procede cuando el Congreso establece la "incapacidad moral o física" del presidente.
En este caso fue la "incapacidad moral", entendida como falta de decoro o probidad del mandatario.
Coincide con Tello Alfaro, el columnista y cronista Fernando Vivas de El Comerico de Lima cuando reconoce la existencia de una regla muy sencilla para vacar al presidente, como es el voto de 87 parlamentarios (dos tercios del total, que en este caso fue excedido) aunque advierte un "humor bastante subjetivo" en el talante de los parlamentarios. Tanto Vivas como Alfaro comparten poner la atención sobre el comportamiento de los actores políticos de aquí a las elecciones generales previstas para abril de 2021, donde se elegirá el presidente y un nuevo parlamento.
La valoración que hacen La República y Perú21, en notas editoriales, va en otra dirección, muy crítica con lo que acaba de ocurrir en el parlamento peruano.
"La medida, aprobada anoche (lunes) en el hemiciclo y acatada ya por el ahora exmandatario, es de una irresponsabilidad histórica mayúscula, pues la turba de congresistas que apoyó la moción antepuso ambiciones personales, cortoplacistas, a la grave realidad del país y el futuro de sus ciudadanos", se lee en Perú 21.
La República títula sin medias tintas: Golpe de Estado. "El golpe no deja de ser golpe. El allanamiento de Martín Vizcarra a la decisión del Congreso no anula el grave acto perpetrado y el hecho de que un grupo conspirador se ha apropiado del Gobierno poniendo fin a 20 años de democracia, quebrando la Constitución y colocando al país nuevamente en un tránsito aciago gobernado por la codicia y la corrupción".
La República debate el argumento de que el proceso contra Vizcarra esté sujeto a la normativa, al señalar que el presidente en funciones solo puede "ser acusado, durante su período, por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral", como establece el artículo constitucional 117.
La defenestración de Vizcarra ocurre en el contexto de la pandemia que ha contagiado a más de 900 mil personas y ha causado cerca de 35 mi muertes, una cifra esta última que pone a Perú entre los más castigados en relación al número de su población.
Tello Alfaro indica que las próximas semanas y meses podrán aclarar el panorama político de Perú, ya inmerso en el calendario electoral que deberá conducir a las elecciones de abril de 2021.
"Hay inestabilidad, cierto, pero también canales institucionales en un país de larga tradición militarista, apunta el analista político, a la vez que destaca las incoherencias de Martín Vizcarra, que nunca se preocupó por tener una bancada en el parlamento "y eso le pasó factura".
Vizcarra, que perdió la presidencia en una semana, se pronunció la misma tarde de este martes sobre la situación política de su país, tras la asunción de Manuel Merino.
"Tengo preocupación, como la tienen muchos peruanos, porque una autoridad para poder ejercer su autoridad necesita dos principios y condiciones básicas: legalidad y legitimidad", dijo.
Y añadió: "La legalidad está en tela de juicio porque todavía el Tribunal Constitucional no se manifestó y la legitimidad la da el pueblo".
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