La ambiciosa meta del equipo económico de llevar adelante políticas consistentes para fortalecer la credibilidad del país es un objetivo necesario y provocador, a su vez, para los partidos miembros de la coalición de gobierno. De mantenerse en el tiempo las desavenencias ocurridas en los primeros cuatro meses de administración, podría erosionarse la confianza de la que hoy es merecedor el Poder Ejecutivo.
El presidente de BCU, Diego Labat, el presidente Lacalle Pou, el ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, y la ministra de Economía, Azucena Arbeleche Leonardo Carreño
3 de julio 2020 - 22:07hs
El presidente del Banco Central (BCU), Diego Labat, explicó en una entrevista en El Observador el sábado 27 de junio que el objetivo esencial de la autoridad monetaria es que la inflación se ubique en un valor dentro del rango meta (3% a 7%); según el último dato disponible se sitúa en 10,4% en términos anuales y venía de 11%, un guarismo muy alto en sí mismo y en comparación con otros países de la región –excepto Argentina y Venezuela–.
Labat dijo que la referida política monetaria, sumada a una política fiscal consistente, tienen como objetivo consolidar la credibilidad del país en dos áreas debilitadas.
El foco puesto en la confianza es muy apropiado. Es una perspectiva que siempre tiene que estar presente en un buen gobierno porque es un atributo fácil de perder.
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La confianza es una cualidad que paga. El reconocimiento que ha recibido el país por su buena gestión de la crisis del coronavirus, por ejemplo, equivale a una inversión que genera sus buenos frutos.
Uruguay es el único país de América Latina, y uno de los dos del continente, al que la Unión Europea no cerró sus fronteras, en reconocimiento a la buena gestión de la pandemia.
El excelente manejo de sanidad, político y de comunicación del gobierno de Luis Lacalle Pou, sumado a las fortalezas del sistema de salud, contribuirán a un daño menos perjudicial que las previstas en las grandes economías de la región (Brasil, México, Argentina y Colombia).
El menor hándicap por acertadas políticas públicas se ha reflejado en la muy buena reputación del país en el exterior, como reflejan los análisis de organismos internacionales, de periódicos influyentes y de prestigiosos think tanks.
Y la permanencia de tal reconocimiento depende de un examen permanente, que obliga a una actitud de vigía.
La semana pasada, el presidente Lacalle Pou hizo un llamado a no bajar los brazos ante el retroceso de “algunos casilleros” por el quinto brote del covid-19, en el departamento de Treinta y Tres.
En verdad, es un riego latente en todos los órdenes de un gobierno.
Es por eso, y sin ningún tipo de dramatismo, que es importante que se tome la debida nota de la decena de renuncias del gobierno multicolor en los primeros cuatro meses de administración. Aunque fueron renuncias justificadas, son extrañas que ocurran de manera tan rápida y en una etapa alejada de la contienda electoral. Fisuras a destiempo pueden dañar la confianza de la que hoy goza el Poder Ejecutivo.
Y no es menor que las desavenencias internas incluyeran la salida intempestiva del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ernesto Talvi, el conductor del principal grupo del Partido Colorado y con quien, a priori, se podía proyectar una buena sintonía programática con el jefe de Estado.
Los conflictos tempranos en la coalición gubernamental también tienen el potencial de afectar al Poder Ejecutivo. También por ello se pueden retroceder otros “casilleros”.
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