La inflación en Italia se disparó al 8,9% interanual en setiembre frente al 8,4% de agosto, dinámica que determinó un alza anual del 10,9% de la canasta básica de consumos, el mayor incremento desde 1983, según los datos difundidos por el instituto oficial de estadísticas del país (Istat).
La medición se conoce en momento en que los estudios señalan una caída del consumo a raíz de la suba de los precios de los alimentos y la energía, situación que llevó al presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, el cardenal de Bolonia Matteo Zuppi, a pedir que el próximo gobierno mantenga el denominado "ingreso de ciudadanía".
Se trata del nombre que se aplica a un salario básico universal de hasta € 780 euros al mes para desocupados o subempleados. "El ingreso de ciudadanía fue recibido por 4,7 millones de personas. Hay ajustes que hacerle, pero se debe mantener este esfuerzo que es muy importante en momentos en los que la pobreza puede llegar a ser aún más dura", planteó Zuppi.
Por su parte, la Confesercenti, entidad que agrupa a las empresas del sector de los servicios, alertó sobre un empeoramiento de las condiciones económicas en general y estimó que el índice de precios al consumidor se ubicará en torno al 9% durante el próximo trimestre repercutiendo sobre el consumo y el ahorro.
Instituido en 2018 durante el Gobierno del entonces premier Giuseppe Conte, el “ingreso de ciudadanía” otorga una suma variable según la edad y el núcleo familiar del beneficiario, y establece la inscripción en un registro nacional para recibir ofertas de trabajo, de las que el beneficiario solo puede rechazar una para no perder el beneficio.
Durante la campaña electoral, las tres fuerzas de la coalición de derecha y ultraderecha que ganó las elecciones de setiembre y se encamina a formar gobierno -Liga, Fuerza Italia y Hermanos de Italia-, se mostraron reticentes a mantener la ayuda en su versión actual y plantearon modificaciones generales.
Con unos 2.6 millones de familias beneficiarias, el Ingreso ayudó el año pasado a que un millón de personas no cayeran en la pobreza, según publicó en julio el Istat. "Quien está en condiciones de trabajar será ayudado a encontrar un empleo. El instrumento debe estar disponible solo para quien esté imposibilitado de trabajar", planteó la líder de Hermanos de Italia, de ultraderecha, Giorgia Meloni.
En cuanto a la también derechista Liga, su propuesta es fortalecer el ingreso para las personas no aptas para el trabajo, pero rediseñarlo con mayor participación de entes privados en el caso de los desocupados aptos para ser empleados. Fuerza Italia, en tanto, propuso la sustitución del ingreso por otras medidas de inclusión social y políticas activas de formación e integración en el mundo del trabajo.
En un contexto de polémica sobre la continuidad del subsidio, el estudio difundido por la Confesercenti señala que para contrarrestar la prolongada suba de los precios, los hogares italianos han utilizado hasta ahora sus ahorros, que ya descendieron 2,3 puntos como porcentaje del PBI en el tercer trimestre de este año. “Los márgenes disponibles para los consumidores se reducen a un parpadeo”, señaló la entidad.
Según el informe, el impacto del nivel general de precios en los ingresos de la familias “no permite prever ningún aumento de la renta disponible”, situación que se suma al encarecimiento del crédito como consecuencia de las subas de las tasas de interés, lo que “limita las posibilidades vinculadas al crédito”.
La medición del Istat señala que en setiembre, los precios de los alimentos marcaron un aumento interanual del 11,4%, mientras que el precio de los bienes y servicios energéticos se desaceleraron levemente, pasando del 44,9% en agosto a 44,5%.
Por su parte, una investigación de Codacons, institución que defiende los derechos de los consumidores, destacó que tras los aumentos octubre, la factura combinada de luz y gas -que registran aumentos interanuales del 122% y 70%, respectivamente- elevará durante 2023 el gasto promedio para una familia tipo a no menos de € 4.724 euros al año, asumiendo precios constantes y sin considerar posibles aumentos adicionales en las tarifas que puedan ocurrir en el transcurso de 2023.
El debate sobre la continuidad o la posible modificación del “ingreso de ciudadanía” se da en un contexto en que, según las estadísticas oficiales, 10,7 millones de hogares italianos se encuentran beneficiados con subsidios a la electricidad y 7,3 millones al gas. Transferencias a los hogares que implicarán un gasto fiscal de unos € 40.000 millones durante 2023, unos € 18.500 más que lo calculado para el año en curso.
"Italia necesita el compromiso, la responsabilidad y la participación de todos. El apoyo a los más débiles y la defensa del bien común deben ser las prioridades del próximo gobierno”, enfatizó el titular la conferencia episcopal italiana en momentos en que la Liga, Fuerza Italia y Hermanos de Italia debaten la conformación del gabinete ministerial que acompañará a Meloni como primera ministra.
