El 7 de octubre del año pasado se cumplieron 35 años desde que Uruguay fue aceptado como miembro consultivo del Tratado Atlántico. De no ser por la actividad científica que el país ha desarrollado en el continente blanco este aniversario no habría sido posible.
Sobre este punto se refieren investigadores de la Base Científica Antártica Artigas (BCAA) que se expresaron a través de una carta por mejores condiciones para la exploración científica tras una campaña de verano afectada por la pandemia.
Durante el último año, los investigadores se afrontaron a varios problemas, aseguran en esa misiva, desde las restricciones y limitaciones de cupos a la falta de diálogo con el Instituto Antártico Uruguayo (IAU).
En julio, la IAU decidió cancelar el componente científico de la campaña de verano mediante un comunicado a los responsables de los proyectos que se iban a realizar en suelo antártico sin establecer un espacio donde se pudiera analizar alternativas ni consulta previa con los involucrados.
La campaña terminó desarrollándose con “múltiples restricciones y cupos limitados” como se expresó el Instituto en una convocatoria en reunión de setiembre. Según afirma la carta, “cerca del 50% de la actividad científica” pudo llevarse a cabo gracias al apoyo de las instituciones que conforman el Programa Nacional Antártico (PNA).
Otro de los problemas que afrontó la campaña de verano fueron las fechas establecidas para los tres vuelos que se realizaron hacia el continente. Según aclara: “no permitían a la mayoría de los proyectos cumplir sus objetivos”.
Dos vuelos se realizaron en diciembre con un margen de 15 días y uno último en marzo. Los investigadores plantearon que se realizara un cuarto vuelo en febrero pero la propuesta fue declinada por “limitaciones financieras”.
En el texto, reclaman por mayor presupuesto, personal científico y participación en las decisiones que respectan al plan de cada campaña de verano.
Según información del IAU, menos del 4% del su presupuesto se destina “directamente a apoyar actividades científicas en la Antártida” y solicitan que ese porcentaje sea por lo menos del 10%.
También reclaman que se establezcan procedimientos que aseguren que al menos el 20% de las personas que envía Uruguay al continente correspondan a personal científico.
Por último, establecen que para su aprobación los planes de las campañas sean avalados por la Comisión Asesora Científica del IAU y que se le otorgue a esta comisión un espacio permanente de trabajo.
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