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La investigación judicial contra el expresidente Alan García
Por Fabiana Culshaw
No hay duda de que las economías, la política y las sociedades de los países impactan unas en otras. También la corrupción.
Una prueba de ello es el escándalo de la constructora brasileña Odebrecht que está siendo investigada por corrupción en varios países de América Latina y que ha salpicado a exgobernantes y empresarios de varios países de la región.
En el marco de la megacausa de Odebrecht en Perú, la Justicia investiga al expresidente Alan García, acusado de enriquecimiento ilícito, quien solicitó asilo a Uruguay por entender que existe persecución política en su contra. El caso está a estudio del gobierno de Tabaré Vázquez.
¿Qué están investigando las autoridades judiciales de Perú exactamente? El fiscal José Domingo Pérez explicó que el objetivo es determinar si el expresidente habría aceptado sobornos de Odebrecht a cambio de que se le adjudicara un contrato para la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima, durante su segundo mandato (2006-2011).
La Fiscalía está investigando sobornos por un total de más de US$ 24 millones que Odebrecht ha reconocido haber pagado a los sucesivos gobiernos peruanos entre 2005 y 2016.
A García se le acusa de haber favorecido a la empresa brasilera través de la promulgación de decretos y de presuntos delitos de lavado de activos y colisión. También se le señala de haber recibido US$ 100 mil provenientes de la llamada “Caja 2 de Odebrecht” (la que contenía fondos para las coimas y otras operaciones financieras clandestinas), por una conferencia que dictó el 25 de mayo de 2012 en la Federación de Industrias del Estado de San Pablo (FIESP), Brasil, un monto que se considera y es visto como la punta de un iceberg.
Las investigaciones
El exmandatario peruano ha negado cualquier implicación, lo que contradice la información de varios medios de comunicación.
Uno de los medios más firmes en ese sentido es IDL Reporteros, que está siguiendo la pista de documentos vinculados al caso.
García, luego de dejar la Presidencia, dictó conferencias en América Latina muy bien pagadas. Entre agosto de 2011 y diciembre de 2012 dictó 18 charlas por las que recibió un total de US$ 830 mil. La mejor pagada fue la mencionada del 25 de mayo de 2012 en la FIESP.
En su momento, después de revisarse esos documentos, la denuncia por enriquecimiento ilícito en su contra fue desestimada, pero este año, a partir de confesiones de terceros involucrados y documentos presentados por IDL Reporteros, todo sale a luz nuevamente y las autoridades están profundizando en las investigaciones.
Según IDL Reporteros, el estudio de abogados Spinola Consultoría Jurídica habría firmado el contrato con el exmandatario por la mencionada conferencia, para que Odebrecht no pareciera como pagador.
No obstante, hasta ahora la Fiscalía reconoce no tener evidencia directa que vincule a García con el caso Odebrecht.
No es la primera vez que se pone la mira sobre al exgobernante. En 1995, se le levantó la inmunidad parlamentaria debido a acusaciones de haber recibido sobornos por parte del consorcio italiano Tralima para la construcción del tren eléctrico de Lima. Por esa razón, el exmandatario pidió asilo en Colombia.
Entre 1993 y 2001 no participó en política, hasta que prescribieron los delitos relacionados a las denuncias de corrupción en su contra.
¿Debido o indebido proceso?
El sábado 17 , el fiscal José Domingo Pérez, a partir de los resultados de la investigación difundidas por IDL Reporteros, solicitó el impedimento de salida del país por 18 meses a García, mientras se aclaran los hechos.
El abogado del expresidente, Genero Vélez, dijo que su cliente se allanaba a la decisión, pero acto seguido el propio García solicitó asilo político a Uruguay. El fundamento es que las autoridades judiciales estarían “abusando” de la prisión preventiva en Perú.
El expresidente fue más lejos y dijo que era víctima de una persecución política y denunció sin pruebas que el Ministerio del Interior había ordenado que se le impidiese salir del país dos días antes de que se dictase la orden judicial.
Al respecto, el presidente de Perú, Martín Vizcarra, aseguró que el Ejecutivo respeta la división de poderes y que el sistema de Justicia es imparcial.
En ese sentido, la vicepresidenta Mercedes Araóz declaró a El Observador, el jueves 22, que “las pruebas de que hay una investigación sobre temas ligados a estos delitos sobre varios colores políticos diferentes es una muestra de que no hay una persecución política sobre un partido político o un expresidente en particular”.
Por su parte, César Azabache, experto en derecho penal y ex miembro de la Procuraduría Anticorrupción del Estado Peruano para los casos Fujimori y Montesinos, que también fue representante de Perú ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, respaldó la posición oficial.
No hay evidencia de que “la Fiscalía planeaban su detención arbitraria. Todo se está haciendo bajo el debido proceso. No encuentro base cierta que justifique su pedido de asilo”, afirmó.
Lo que viene
Azabache dijo que la Fiscalía de su país recibirá en estos días documentación con evidencias del caso desde Brasil, que refuerzan la investigación al exjefe de Estado .
“No tiene sentido que Uruguay anticipe una decisión sobre si otorga o no la protección que García le solicita.
Lo más lógico es que espere más materiales para evaluar la situación. El caso podría tener un desenlace más claro en los próximos días”, aseguró el experto.
Azabache se refiere al anuncio de la Fiscalía de que está “por cerrar” un acuerdo con Odebrecht de cooperación y reparación económica al Estado peruano, por el daño que sus delitos de corrupción hicieron al país.
La entrega de nuevas evidencias por parte de la constructora brasileña estaría dentro de ese acuerdo.
