La OEA enviará una misión de alto nivel a Perú por riesgo de destitución del presidente Castillo

En una sesión extraordinaria realizada en Washington, el Consejo Permanente, órgano ejecutivo del foro regional, adoptó por aclamación una resolución de "respaldo a la preservación de la institucionalidad democrática" en Perú y llamó "a todos los actores" a actuar dentro "del estado de derecho".

La decisión es consecuencia de la solicitud realizada por Castillo para que se activen  los artículos 17 y 18 de la Carta Democrática Interamericana (CDI), mecanismo que podría derivar en sanciones diplomáticas, financieras o económicas, o incluso en la suspensión del país.

El titular del Congreso, José Williams, destacó la predisposición del cuerpo a reunirse con los diplomáticos del organismos regional, pero dejó en claro que lo que haga la OEA “de ninguna manera va a afectar los procedimientos o los procesos que tienen que realizar diferentes actores y agencias del Estado peruano”.

El comunicado de la OEA precisa que el organismo decidió que enviará a Lima "un grupo de alto nivel conformado por representantes de los Estados miembros, en concordancia con la Carta Democrática Interamericana, con el fin de hacer un análisis de la situación", misión que luego elevará un informe al Consejo Ejecutivo de la organización.

La CDI es un instrumento aprobado en 2001 para promover los principios democráticos entre los Estados de la región y contempla en su artículo 17 que un país pueda "solicitar asistencia para el fortalecimiento y preservación de su institucionalidad democrática" si considera que "está en riesgo", mientras que el artículo el 18 permite visitas y gestiones para analizar la situación, siempre que lo autorice el gobierno afectado.

Concretamente, Castillo pidió a la OEA "iniciar un proceso de consultas con todas las fuerzas políticas, los poderes del Estado y las fuerzas sociales" en busca de "un camino que impida una grave alteración del orden democrático en el Perú".

Desde que asumió, en julio del año pasado, Castillo enfrentó dos intentos de destitución de parte de un Congreso dominado por la oposición de derecha, que además lo obligó a realizar unas 70 modificaciones en su gabinete ministerial y responder a seis investigaciones fiscales por presunta corrupción, de la que también se acusa a su círculo familiar y a los políticos más cercanos al mandatario.

La semana pasada, la Fiscalía denunció a Castillo formalmente ante el Congreso unicameral, un proceso que puede conducir a un antejuicio político y la suspensión del presidente, quien se considera víctima de una campaña para sacarlo del poder. De hecho, en su pedido a la OEA advirtió sobre la posibilidad de un "golpe de Estado".

Anoche, en un mensaje a la Nación, Castillo renovó su denuncia sobre los intentos de la oposición por destituirlo “ilegalmente” en un país que contando desde Alberto Fujimori (1990-2000) hasta Martín Vizcarra (2018-2020), todos los presidentes -Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (1985-1990/2006- 2011), Ollanta Humala (2011-2016), Pedro Kuczynski (2016-2018), han sido objeto de procesos judiciales, investigaciones, condenas y destituciones por corrupción.

Con ese telón de fondo, la mayoría conservadora del Congreso ha intentado desde diciembre de 2017 destituir a tres presidentes invocando la figura de la denominada “vacancia por incapacidad moral permanente”, una condición sin definición precisa que exige 87 votos de los 130 que componen el legislativo.

El Ejecutivo peruano presentó la solicitud para que se active la CDI el 12 de octubre pasado, pocos días después que la OEA, que reúne a todos los países de América, celebrara en Lima su Asamblea General. En lo inmediato, la OEA respaldó al gobierno y remarcó que todas las instituciones del Estado deben están subordinadas constitucionalmente a la autoridad civil.

El organismo, además, se declaró dispuesto a "brindar apoyo y cooperación" mediante gestiones "para promover el diálogo y el fortalecimiento de su sistema democrático de gobierno", según recogen las agencias de noticias AFP y Sputnik. Por su parte, Castillo consideró que la intervención de la OEA  debería servir "para encontrar, con los buenos oficios de la comunidad internacional, un camino que impida" una interrupción de la institucionalidad.

"La nación enfrenta momentos difíciles. Graves acusaciones se repiten, tan graves como inconsistentes, como es la denuncia constitucional presentada por la fiscal general de la nación", dijo Castillo. Según la Fiscalía, el mandatario sería el máximo responsable de una organización criminal activa, enquistada en el poder y dedicada a traficar con obras públicas para beneficio personal.

"El Congreso de la República envió hoy una carta a la OEA expresando su disposición al diálogo para explicar a los representantes de ese organismo la situación real del país, y el pleno respeto a la Constitución", indicó el legislativo en una carta dirigida al Jan Willem, titular del Consejo Permanente de la OEA.

“Estamos llanos a poder recibirlos y pensamos que va a ser bueno que vengan, que hablen con la Fiscalía que, con toda seguridad, tiene muchísimo que decir y muchísimo que informar; que hable con el Congreso. Obviamente tenemos muchas cosas que decirle; seguramente va a hablar con otras instituciones, con la prensa”, señaló Williams, según reporta el diario local El Comercio.

Mientras tanto, Estados Unidos dijo que está atento a la situación en Perú y juzgó "vital" la rendición de cuentas para cualquier democracia. "Continuamos monitoreando de cerca la situación política", señaló el vocero del Departamento de Estado, Ned Price ante la prensa, oportunidad en la que consideró que la OEA "puede servir potencialmente como un socio en este proceso".

El pedido de Castillo ocurre en momentos en que el ultraderechista Rafael López Aliaga fue declarado oficialmente alcalde de Lima, la circunscripción electoral de mayor peso, con apenas el 26,34% de los votos válidos, tras vencer a su competidor más cercano, Daniel Urresti, del partido nacionalista de derecha Podemos Perú, a quien Aliaga le sacó una ventaja de apenas 52.902 votos en los comicios regionales del 2 de octubre.

También cuando el alcalde de San Isidro, uno de los barrios más elegantes de Lima, Augusto Cáceres, declaró “persona no grata” a Castillo, por atribuirle una “actitud hostil” hacia la Fiscalía que lo denunció ante el Congreso y por considerar que con sus declaraciones de anoche el mandatario busca “socavar” la separación de poderes.

Cáceres, además, pidió que el Congreso tome las acciones previstas en la Constitución para que Castillo deje de ser presidente “en el más breve plazo”, según el semanario local Caretas, posición que también alienta López Aliaga -a quien un sector del periodismo local define como el “Bolsonaro peruano”-, un empresario y político conservador vinculado al Opus Dei que ha expresado su oposición al otorgamiento de derechos a la comunidad LGTBIQ+, al aborto y el uso de anticonceptivos.