La reunión comenzará el lunes y se buscará lograr un compromiso con el objetivo de “proteger de forma urgente los océanos
Representantes de los estados miembros de la ONU se reunirán a partir del lunes en Nueva York con la esperanza de salvar el tratado de la altamar, imprescindible para proteger el 30% del planeta para 2030.
Tras 15 años de negociaciones, esta será la tercera vez en menos de un año que los países se reúnen en la que se espera que sea la última ronda.
A diferencia de otras veces, un optimismo moderado sobrevuela este encuentro, que está previsto que dure dos semanas.
Después del fracaso del pasado verano boreal, "las delegaciones se han reunido varias veces para tratar de encontrar un compromiso sobre los problemas espinosos que no pudieron ser resueltos en agosto", dijo a la AFP Liz Karan, de la ONG Pew Charitable Trusts.
"Esto me da mucha esperanza de que (...) esta reunión sea la última".
Una esperanza que cobró fuerza con la adhesión en enero de Estados Unidos a la coalición promovida por la Unión Europea y que tiene depositadas grandes ambiciones en este tratado.
Integrada por 51 países, la coalición comparte "el objetivo de proteger de forma urgente los océanos", subrayó entonces el comisario europeo del Medioambiente, Virginijus Sinkevičius, que considera "crucial" esta nueva reunión.
La altamar empieza donde terminan las zonas económicas exclusivas (ZEE) de los estados, que van hasta un máximo de 200 millas náuticas (370 kilómetros) de las costas, y no está bajo la jurisdicción de ningún país.
Aunque representa más del 60% de los océanos, estas áreas marítimas han sido ignoradas históricamente, mientras que los estados ponían el foco en proteger las zonas costeras y algunas especies emblemáticas.
Sin embargo, "solo hay un océano, y un océano saludable significa un planeta saludable", recuerda a la AFP Nathalie Rey, de High Seas Alliance, que agrupa una cuarentena de ONG.
Los ecosistemas oceánicos, amenazados por todo tipo de contaminación imaginable y por la sobrepesca, producen la mitad del oxígeno que respiramos y limitan el calentamiento climático al absorber una parte importante del CO2 emitido por las actividades humanas.
"No se puede asegurar la buena salud de los océanos si ignoramos los dos tercios de la altamar", dice Rey, que advierte que un nuevo fracaso sería "un desastre absoluto".
Sobre todo, porque el futuro tratado "será una etapa clave para garantizar el objetivo del 30% (de la protección del planeta) para 2030", agrega.
En un acuerdo histórico alcanzado en diciembre, todos los países se comprometieron a proteger el 30% del total de las tierras y de los océanos para 2030. Un desafío casi inalcanzable sin incluir la altamar, del que solo cuenta con protección el 1% de su superficie.
Uno de los pilares del futuro tratado sobre la "conservación y la utilización sostenible de la biodiversidad marina de las zonas no sujetas a jurisdicción nacional" es permitir la creación de áreas marinas protegidas en aguas internacionales.
Este principio está incluido en el mandato de las negociaciones que fue votado por la Asamblea General de la ONU en 2017, pero las delegaciones siguen divididas sobre cómo crear estos santuarios, así como sobre la obligación de evaluar el impacto sobre el medio ambiente de las actividades que se contemplan en la altamar.
Otro asunto espinoso es la repartición de los posibles beneficios procedentes de la explotación de recursos de la altamar, donde industrias como la farmacéutica, la química y la cosmética esperan encontrar una gran fuente de recursos.
Ante la imposibilidad de llevar a cabo estas costosas investigaciones, los países en desarrollo temen quedar fuera de los posibles beneficios. En la cumbre de agosto, algunos observadores acusaron a los países ricos, en particular a la UE, de haber esperado hasta el último minuto para hacer una concesión.
Con este tratado complejo y vasto, que deberá lidiar con otros organismos que controlan partes del océano, en actividades como la pesca o la explotación minera de fondos marinos, el diablo está en los detalles, dicen preocupados los defensores de los océanos.
"A fin de cuentas, sería mejor tomarse más tiempo para asegurar un acuerdo fuerte, con impulso político, que apresurarse a adoptar un acuerdo de calidad inferior", dice Glen Wright, investigador del Instituto del Desarrollo Sostenible y de las Relaciones Internacionales (IDDRI), aunque un nuevo fracaso sea una "profunda decepción".
Algunos de los temas clave son:
En virtud de un mandato acordado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2017 tras más de 10 años de conversaciones, el tratado tiene por objeto establecer la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina en zonas que no están bajo el control de ninguna nación, un área que abarca más del 60% de los océanos del mundo.
Según un borrador, el tratado se aplicará a la altamar, la parte de los océanos situada fuera de las Zonas Económicas Exclusivas (ZEE) de los países, que llegan hasta 200 millas náuticas (370 kilómetros) de las costas), así como a los fondos marinos y al subsuelo.
Esto permitiría, en principio, aplicar medidas a las actividades mineras y pesqueras.
Pero la próxima Conferencia de las Partes (COP, formada por todos los Estados signatarios) también tendrá que lidiar con organizaciones regionales e internacionales que ejercen su influencia sobre partes de los océanos.
Entre ellas destacan las organizaciones regionales de pesca y la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, que expide licencias para explorar los recursos mineros submarinos y posiblemente para explotarlos en zonas limitadas.
Una "herramienta" clave que se está debatiendo es la creación de zonas marinas protegidas, que ahora existen principalmente en aguas territoriales.
Dependiendo de lo que propongan los Estados miembros, la COP crearía estos santuarios en zonas con atributos ecológicos vulnerables y únicos donde las especies estén en peligro.
Pero queda por resolver la cuestión crucial de cómo se decidirán exactamente estas zonas.
Al igual que en otras COP, como la enfocada en cuestiones climáticas, las decisiones suelen tomarse por consenso.
Pero el borrador del tratado de la altamar permite crear zonas protegidas por mayoría de votos, lo que impide que un solo país o un pequeño grupo de naciones bloquee la voluntad de la mayoría.
El tratado no especifica cómo se aplicarán las medidas de protección en las vastas y remotas zonas oceánicas. Algunos expertos afirman que podrían utilizarse satélites para detectar infracciones.
Según el borrador, cada Estado será responsable de las actividades sobre las que tenga jurisdicción, incluso en aguas internacionales.
En la altamar, los países y las entidades bajo su jurisdicción podrán recolectar materia animal, vegetal o microbiana cuyo material genético pueda resultar útil, incluso comercialmente. Por ejemplo, las empresas farmacéuticas que esperan descubrir moléculas marinas con propiedades curativas.
Para proporcionar una parte de la riqueza marina a los países que no puedan llevar a cabo investigaciones costosas, el tratado prevería el reparto de los beneficios.
Sin embargo, la forma exacta en que esto funcionaría sigue siendo la manzana de la discordia entre las naciones ricas y las más pobres.
El borrador sugiere una redistribución inicial del 2% -que podría llegar al 8%- de las ventas futuras de productos basados en los recursos genéticos de los océanos. Pero aún no se ha llegado a ningún acuerdo.
En términos más generales, el proyecto aboga por la transferencia de tecnologías marinas a los países en desarrollo y el refuerzo de sus capacidades de investigación.
También establecería una "plataforma de acceso abierto" para compartir información.
El tratado exigirá a los signatarios que evalúen el impacto ambiental de las actividades previstas antes de ser autorizadas, pero la forma exacta de hacerlo no está nada clara.
Para los grupos no gubernamentales, esto será un factor determinante de la solidez del tratado final.
Entre las preguntas figuran: ¿Qué actividades tendrían que evaluarse, sólo las de la altamar o también las de aguas nacionales que pudieran afectar a la altamar?
¿Las evaluaciones se realizarían sistemáticamente o sólo cuando se prevea un impacto importante? ¿Y quién decidiría si una actividad puede ser autorizada, la COP o el país con autoridad sobre la entidad que espera llevar a cabo la actividad?
Los defensores de los océanos insisten en que, para ser eficaz, el tratado debe ser "universal", apoyado por el mayor número posible de países.
Pero podría entrar en vigor cuando lo hayan ratificado 30 o 60 países, un número aún por decidir.