Nacional > SEMINARIO SOBRE LAVADO

La presidenta de Jutep, los funcionarios que "toman mate", y la crítica por sus "obligaciones"

Durante un seminario, Signorino remarcó que los estatales "entran considerando que tienen más derechos que obligaciones"

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07 de octubre de 2020 a las 16:42

La presidenta de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), Susana Signorino, habló este miércoles sobre la situación de los funcionarios públicos, que a su juicio deben "hacer de su trabajo una profesión" y no "creer que van a trabajar tranquilos, están seguros y descuidar la función".

Signorino señaló que durante sus años de trabajo en la administración pública -fue actuaria del juzgado letrado de Ciudad de la Costa y de la División de Servicios Inspectivos del Poder Judicial- vio un "cambio" en los funcionarios. "Pasó una cosa triste: últimamente entran considerando que tienen más derechos que obligaciones", puntualizó durante su participación en el seminario Compliance Day sobre temas vinculados al lavado de activos organizado por la firma de abogados Brum Costa. 

"Veo que en algunos concursos hay que convencerlos o hacerles entender que si ganan eso conlleva obligaciones", remarcó la escribana propuesta por Cabildo Abierto para su designación al frente del organismo.

Signorino comentó durante su expoisición en la jornada académica que el Código de Ética de la Función Pública, que entró en vigencia el año pasado, "subsanó la carencia que existía" en el Estado sobre las responsabilidades de los funcionarios. 

"Se deben a su función independientemente de su partido y tienen que hacerlo dentro de los parámetros de la ética: probidad, honestidad, que no haya conflicto de intereses. Reconocer que están al servicio público es lo más importante", afirmó.

La escribana dijo que ser funcionario público "no quiere decir tomar mate, llegar tarde o que no pasa nada si está enfermo". "Hay que tomarlo como una profesión con sus responsabilidades", afirmó.

Por otra parte, especificó que desde la Jutep proyectan colaborar con organismos que requieran adaptar el código de ética a sus necesidades, ya que cuentan con una sección de capacitación por la que han recibido varias consultas, incluso de empresas privadas.

El fiscal de Delitos Económicos y Complejos, Enrique Rodríguez, participó de la conferencia junto con Signorino y dijo que la corrupción "no se va a terminar" pero la prevención "debe ser el primer objetivo de todos los organismos del Estado".

Rodríguez hizo hincapié en que la corrupción no se puede combatir con esfuerzos de un solo país porque "las ramificaciones a nivel internacional son evidentes", como sucedió con el caso Odebrecht en el que se investigan coimas y sobornos a presidentes, expresidentes y funcionarios públicos de una decena de gobiernos.

En cuanto a la normativa, comentó que Uruguay ratificó varias convenciones internacionales por lo que entiende que "no hay excusas" para comprometerse al cumplimento e investigación en estos casos. 

"Se han agregado normas con castigo de delitos relativos de corrupción pública, la creación de la Jutep, la Senaclaft (Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo) y otros organismos para brindar colaboración y apoyo como la Dirección General Impositiva (DGI), el Banco de Previsión Social (BPS), entre otros", señaló.

Normativa sobre lavado

Otro de los capítulos del seminario fue la normativa sobre lavado de activos. El supervisor de fiscalización de la secretaría antilavado Gustavo Misa analizó la ley aprobada en el año 2018. El texto incorporó sujetos obligados no financieros que deben aportar información de actividades inusuales en transacciones financieras.

"Hay sectores dentro de la regulación que son mas vulnerables para lavado de activos: inmobiliario, proveedores de servicios societarios. Es importante potenciar la prevención mas allá de los controles", destacó.

En tanto, comentó que la Senaclaft trabaja con la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic) para instrumentar el domicilio electrónico para las comunicaciones entre el organismo y los sujetos obligados.

"Eso ayudará a evitar el trasiego de personas y documentación, permitiendo mejorar la eficiencia y los costos", señaló Misa.

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