La Semana Traducida: el gesto sindical que genera los peores temores

Un análisis de los hechos más relevantes de los últimos siete días en la política uruguaya

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21 de febrero de 2020 a las 11:59

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→ El Frente Amplio parece dispuesto a irse del gobierno sin dejar ningún tipo de dudas de que se tradicionalizó. Termina haciendo al final de sus períodos de gobierno lo mismo que criticaba de blancos y colorados. Esta semana El Observador informó de la decisión de entregar tres canales de televisión para abonados a 15 días de abandonar el gobierno a empresarios afines a la izquierda: Federico Fasano, Pablo Scotellaro y Néstor Molina. Cuando Sanguinetti y Jorge Batlle hicieron cosas similares, el FA puso el grito en el cielo y con razón. No es la única decisión polémica. También esta semana se supo que en diciembre el Banco República asignó una licitación de US$ 1,5 millones en publicidad que deberá ejecutar la próxima administración.

 

→  Una de las noticias más preocupantes de la semana tal vez no tuvo todo el destaque que se merecía: uno de los sindicatos de la enseñanza –el de los profesores de Montevideo– ya anunció un paro contra un gobierno que todavía no asumió y contra una ley que por ahora es solo un borrador. Más allá de que es cuestionable que nuevamente sean los los alumnos los rehenes de la lucha corporativista de los sindicatos, esta noticia es preocupante porque es la primera acción concreta que confirma los temores de que los próximos años pueden ser muy conflictivos. Si bien es cierto que es muy diferente la actitud por ahora del PIT-CNT e incluso de Fenapes, el gremio nacional de los docentes, es un asunto para prestar atención. Tal como dijo el ministro designado de Educación, Pablo da Silveira, en este caso ni siquiera se buscó el diálogo.

 

→ Da Silveira justo tuvo una semana difícil. Pero no solo por Ades, sino también por un asunto de su pareja, que quedó detenida en su hogar ante un pedido de extradición desde Panamá. Sin duda que es un asunto público: un ministro designado estaba saliendo del país y tuvo que volver porque su pareja quedó detenida ante una alerta roja de Interpol. La contadora es la segunda uruguaya indagada por Odebrecht, un tema que tiene repercusión regional y decenas de causas en toda América Latina. Este asunto es noticia más allá de Da Silveira.

Pero de político por ahora no tiene nada. Da Silveira conoció hace seis meses a su pareja, cuando los hechos que se investigan en Panamá tienen al menos dos años de indagatorias. Ella ya había salido del país sin haber sido detenida y, según la versión del gobierno electo, no tenían conocimiento que pesaba sobre ella una alerta roja de Interpol. Da Silveira pasó por esta situación con ella en Colonia, pero ha tenido la inteligencia de evitar opinar del asunto y no salir a defender a su pareja en público. Ahora, de lo que no hay dudas, es que esta es una situación muy incómoda para el nuevo gobierno, que además se embarca en algunos cambios legales que ya son cuestionados por expertos por favorecer la opacidad.

 

→ No es la única situación incómoda para el nuevo gobierno. Las declaraciones del subsecretario de Defensa designado, Rivera Elgue, (Cabildo Abierto) en La Diaria el sábado pasado sobre los desaparecidos fueron muy desafortunadas. Elgue dijo que cree que en dictadura el Ejército “en su conjunto no actuó mal” sino que fueron personas particulares la que lo hicieron, porque de lo contrario “no habría solamente 32 desaparecidos en Uruguay”. Además que esa cifra solo refiere a los detenidos desaparecidos en Uruguay y no a las víctimas del Plan Cóndor, es un error grosero pensar que si son 100 desaparecidos es grave, pero si son 99 es menos grave. Lacalle Pou reaccionó y llamó a Guido Manini Ríos para manifestar su disconformidad con los dichos y tanto el líder de Cabildo Abierto como el futuro secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, se despegaron públicamente de esas declaraciones.

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