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La Unión Europea alcanza un acuerdo sobre los “derechos” de emisión de gases de carbono destinado a bajar las emisiones
Un plan destinado a acelerar la reducción de las emisiones de carbono, tema clave para evitar el aumento de la temperatura de la Tierra, fue acordado por la Unión Europea (UE). De acuerdo a un comunicado del Parlamento Europeo, se trata de “un salto en las ambiciones del actual mercado europeo del carbono, eliminando progresivamente los llamados derechos de contaminación gratuitos asignados a la industria”, según consigna un despacho de la agencia AFP.
Para limitar esos “derechos gratuitos” de emisiones contaminantes, el Parlamento estableció que los países miembros deberán cobrar por las emisiones de carbono producidas por la calefacción de edificios y por el transporte de vehículos que circulan en las rutas, que hasta el momento no están gravadas.
Habrá un tope de precios para “evitar gravar a los hogares”, remarca el comunicado del Parlamento Europeo emitido en la mañana del domingo desde Bruselas, sede de la Eurocámara.
El régimen de Comercio de Derechos de Emisión (ETS, por sus siglas en inglés) permite a los productores de electricidad y a las industrias que consumen mucha energía -como el acero y el cemento- que cubran sus emisiones con cuotas.
Estas “cuotas” deben ir en descenso, de acuerdo a la normativa, para reducir las emisiones de gases contaminantes. Eso significa que esas empresas deben invertir en tecnologías de emisiones “verdes”, menos contaminantes. Ese es el camino trazado por UE alcance la neutralidad en carbono.
El acuerdo alcanzado, tras más de 24 horas de intensas negociaciones, implica que las ETS deben ser recortadas en un 62% para 2030 con respecto a la los niveles de 2005, cuando fueron lanzados.
El acuerdo busca acelerar la eliminación progresiva del sistema de los “derechos para contaminar”, con la meta de llegar a una reducción de un 48,5 % en 2030 y una suspensión total para 2034.
Desde 2005, en la UE, las empresas están autorizadas a emitir un límite máximo único de determinados gases de efecto invernadero. Dentro de ese límite, las empresas reciben de sus estados o compran en el mercado financiero los llamados Derechos de Emisión en función de las emisiones que producen.
Cada derecho de emisión equivale a una tonelada de dióxido de carbono (CO2), el gas de efecto invernadero más común. El sistema fue establecido para que las empresas puedan comprar cantidades limitadas de “créditos” procedentes de proyectos del mercado voluntario de reducción de emisiones de todo el mundo.
A fin de cada año, las empresas deben haber adquirido la cantidad de derechos emisión para cubrir los gases contaminantes que producen, de lo contrario deben pagar sobrecargas.
Para que las emisiones de la UE se mantengan acordes con los objetivos de mitigación del cambio climático, el precio de las emisiones de dióxido de carbono debe ir en aumento y así redirigir la inversión pública y privada hacia modelos de producción que contribuyan a descarbonizar la economía.
