En 2007 Montevideo concretó un viejo anhelo al crear la figura de un ombudsman, un defensor del pueblo, que pudiera hacerse eco de los reclamos de los vecinos de la capital y defenderlos ante la Intendencia de Montevideo (IMM). Pero a casi doce años desde que comenzó a funcionar, la figura de este defensor pasa desapercibida, sus informes no son analizados por la Junta Departamental de Montevideo (JDM) –órgano del que depende- y no cuenta con un equipo lo suficientemente sólido como para hacer frente a los más de 1.000 asuntos que ingresan por año a sus oficinas.
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